El “virus Policía”

G. Varela Abogados

Desde nuestro Despacho de abogados penalistas en Madrid, hemos notado cómo durante las últimas semanas ha subido de manera alarmante el número de cuestiones y comunicaciones por parte de nuestros clientes y lectores relacionadas con el famoso “virus Policía”.

Los síntomas más comunes de ese “virus”, con múltiples modificaciones y cada vez más sofisticado, se hacen patentes cuando el internauta ve aparecer en su pantalla una impresión en la que el Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Brigada de Investigación Tecnológica, o cualquier otro Departamento, informa acerca de la comisión de algún tipo de actividad ilícita, relacionada, en la mayoría de las ocasiones con la visita a páginas de contenido pornográfico ilegal o la descarga de películas vulnerando la propiedad intelectual, pero sin especificar al detalle el comportamiento exacto.

Sirvan como ejemplo las siguientes impresiones o comunicaciones:

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Como podemos observar, en dicha comunicación, tal y como señalábamos, se nos informa por parte del Cuerpo Nacional de Policía, acerca de la comisión de un presunto comportamiento ilícito que trae como consecuencia el bloqueo de nuestro terminal informático.

Observamos igualmente cómo se nos requiere, a los efectos de poder desbloquear el ordenador, el abono de una “multa” o “sanción” a través de Paypal y cualquier otro medio informático.

Pues bien, a estos efectos debemos señalar que:

1.- SE TRATA DE UNA ESTAFA, que nunca o casi nunca es denunciada por los usuarios que se ven afectados, debido a que, como indicábamos, la comunicación nos acusa de comportamientos que, en mayor o menor medida, casi todos los usuarios han cometido.

2.- El Cuerpo Nacional de Policía o cualquier otro cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, JAMÁS se comunicará con nosotros de esa manera. Evidentemente, si a través de nuestro ordenador nos encontramos cometiendo un delito de naturaleza telemática, sea éste el que sea, la Policía no nos daría la oportunidad de huir y deshacernos de las pruebas mediante la destrucción del terminal.

3.- El Cuerpo Nacional de Policía o cualquier otro cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado JAMÁS solicitará el abono de una multa o sanción de manera directa a través de internet. Los procedimientos sancionadores en España, ya sean penales o administrativos, tienen previstos una serie de trámites que son de obligado cumplimiento por parte de la Administración. Desde nuestro Despacho de abogados en Madrid sabremos asesorarle convenientemente.

4.- La “inoculación” del “virus Policía” tiene lugar en la mayoría de las ocasiones a través de la recepción de correos electrónicos masivos, generalmente con contenido pornográfico, que inyecta un troyano en nuestro ordenador, lo que supone que, de manera automática, de manera remota se pueda controlar nuestro terminal.

Se sabe igualmente de casos en los que el “virus Policía” ha infectado ordenadores por la visita a determinadas páginas web.

5.- En caso de estar infectado por el “virus Policía”, recomendamos que se acuda a la asistencia técnica de un informático, ya que su erradicación resulta complicada.

Recientemente, hemos recibido la visita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid de clientes que han recibido la comunicación a través de distintos chats de acceso público, en los que nuevamente alguien que decía formar parte del Cuerpo Nacional de Policía solicitaba el abono de una multa o sanción. En este caso, y sin necesidad de inocular un virus en nuestro terminal, se trata nuevamente de una estafa.

 Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los abogados especialistas en delitos telemáticos, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:

correo electrónico info@gvarelaabogados.com

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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¿Quién es quién en la Justicia?

G. Varela Abogados

Nuestro blog cumple UN AÑO en el día de hoy, y para celebrarlo, además de darle un nuevo emplazamiento directamente en nuestra web, emularemos a un conocido juego de mesa, descubriendo “Quién es quién en la Justicia”.

PARA ESCUCHAR LA INTERVENCIÓN, PULSAD AQUÍ

RADIOEn muchas ocasiones, los usuarios de la Justicia se ven perdidos entre una gran maraña de personajes que pueblan la Administración de Justicia, sin saber bien a quién acudir y cuál es el cometido de cada uno de ellos. Grandes salas en las que decenas de personas se aferran a un ordenador, Salas de Vistas con estrados en los que, vestidos con toga, unos señores o señoras muy serios parecen discutir utilizando términos jurídicos incomprensibles.

 Y en medio de todo ese baile y entramado burocrático, el usuario, que naufraga aferrándose a una tabla en forma de abogado, quien en no pocas ocasiones es incapaz de transmitir a su cliente qué hace (o no hace) cada persona y cuál es el comportamiento adecuado en cada momento.

 Por ello, y para que todos nuestros lectores conozcan el “hormiguero” de la Administración de Justicia, pasaremos a explicar “quién es quién”:

 1.- Jueces y Magistrados: Regulados en los artículos 298 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces y Magistrados son los encargados de realizar la “función jurisdiccional”. ¿y qué significa “función jurisdiccional”?

 Utilizando un lenguaje coloquial, la función jurisdiccional consiste en IMPARTIR JUSTICIA, es decir, mediante la aplicación de las infinitas normas, resolver conflictos que les han sido planteados, ya sean estos de Derecho privado (civil y laboral) o de Derecho público (penal y contencioso administrativo).

 Cada Juez y Magistrado son INDEPENDIENTES en el ejercicio de sus funciones, sin más límites en sus decisiones que los marcados por el ordenamiento jurídico. Eso significa que, en la organización de su trabajo y el dictado de sus resoluciones, ningún Juez puede recibir órdenes de un “superior”, ya que funcionalmente esa superioridad es inexistente. “Un Juez, un Reino”.

 Funcionalmente, un Juez puede ser “de Instrucción”, estando encargado de la práctica de diligencias tendentes a la averiguación de determinados hechos, o ser un Juez “de juicios”, encargado de dictar Sentencias, tras la celebración de una vista o Juicio.

 2.- Secretarios Judiciales: La figura del Secretario Judicial es una de las grandes desconocidas por parte de los legos en Derecho y se regula en los artículos 435 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 Sus funciones más destacables, que se han ido ampliado a lo largo del tiempo con el fin de descargar de trabajo a los Jueces y Magistrados, son:

 – Fe pública procesal: En la práctica la fe pública procesal se traduce en el control del acta videográfica de las vistas y declaraciones. Hasta hace no poco tiempo, dichas actas eran recogidas en papel. No obstante, con la entrada de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia ha facilitado mucho la tarea de recoger de manera fiel todo lo que se dice en una Sala de Vistas. Asimismo, la fé pública procesal permite que el Secretario Judicial levante acta en una entrada y registro, en un lanzamiento por desahucio o en muchas otras ocasiones. Haciendo un paralelismo, podríamos decir que el Secretario Judicial actúa como un Notario en cuantos actos procesales es requerido para ello.

 – Organización del proceso: toda actuación procesal, a no ser que se encuentre declarada como secreta, ha de ser notificada a las partes. Así, el señalamiento de un Juicio, la citación de un testigo, la designación de un perito o una gran infinidad de comunicaciones de carácter procesal, han de ser dictadas por el Secretario Judicial.

 En este sentido, el Secretario Judicial actúa como un “jefe de Administración” de cada Juzgado.

 – Control de la cuenta de consignaciones del Juzgado: Cuando hay ejecuciones dinerarias (embargos en cuenta, de nómina, etc), el dinero ejecutado pasa a una cuenta bancaria de la que es titular el Juzgado. A los efectos de entregar ese dinero al acreedor del mismo, el Secretario Judicial será el encargado de emitir un documento conocido como “mandamiento de devolución” que, a modo de cheque, podrá ser canjeado por dinero en un Banco.

 3.- Ministerio Fiscal: Previsto como uno de los órganos con relevancia constitucional, la figura del Ministerio Fiscal se encuentra regulada en el artículo 124 de la Constitución Española, según el cual “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

 ¿y en qué se traduce todo eso?

 En la práctica, el Ministerio Fiscal se encarga de las siguientes funciones:

 – En la Jurisdicción Penal para mayores de edad, y hasta que sea modificada la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, se encarga, en la mayoría de las ocasiones, de la acusación en delitos públicos, con independencia de que exista o no acusación particular.

 – En la Jurisdicción Penal para menores de edad, el Ministerio Fiscal es el encargado de la instrucción de los expedientes de reforma, actuando a modo de Juez de Instrucción.

 – En la Jurisdicción Civil, el Ministerio Fiscal es el encargado de velar por los intereses de los menores o incapaces.

 Por ejemplo, en un divorcio con hijos menores, el Ministerio Fiscal solicitará las medidas (pensión de alimentos, visitas, guarda y custodia, etc) que considere más beneficiosas para el desarrollo del menor.

 Asimismo, en procedimientos en los que se solicita la incapacitación de una persona, el Ministerio Fiscal velará por el cumplimiento de todos los requisitos así como por la comprobación de que la persona cuya incapacitación se pretende se encuentre realmente afectada en un grado tal que no pueda regir sus bienes y su persona.

 3.- Procurador de los Tribunales: Figura prevista en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que encuentra sus inicios en la Edad Media, cuando los Procuradores eran los encargados de llevar a caballo las notificaciones desde los Tribunales a las distintas ciudades en las que vivían los que ejercían la defensa.

En la práctica, el Procurador es la persona encargada de la REPRESENTACIÓN PROCESAL de la persona que se ve en la obligación a iniciar un procedimiento de naturaleza judicial o que ha sido llamada a él a través de denuncia, querella o demanda.

 ¿y qué conlleva esa representación procesal? La presentación de escritos en nombre del cliente, la notificación de resoluciones y escritos presentados de contrario, la entrega y cobranza de mandamientos de devolución, la realización de gestiones de todo tipo ante los Juzgados y Tribunales, la asistencia obligatoria a diligencias de lanzamiento por desahucio, la notificación a contrarios de todo tipo de escritos, etc.

 Podemos decir que el Procurador es el encargado de realizar todo tipo de tareas de carácter administrativo, mediando entre su cliente y los órganos de la Administración de Justicia.

 Para que un Procurador pueda llevar a cabo su tarea es preciso que el cliente otorgue lo que se conoce como “Poder General para Pleitos”, ya sea ante notario o “apud acta”, es decir, ante el Secretario Judicial.

 5.- Perito: Regulado en los artículos 335 y siguientes, el perito es aquella persona que posee especiales conocimientos de una materia y de la que se sirven el resto de operadores de la Justicia para comprender unos determinados hechos.

 Evidentemente, ni un Juez, ni un Fiscal, ni un abogado tienen conocimientos universales sobre todo tipo de materias. Sin embargo, como consecuencia de las controversias que se suscitan, pudiendo versar éstas sobre cualquier cosa (desde defectos constructivos, pasando por humedades, hasta artificios financieros de todo tipo), los Jueces y las partes tienen que acudir a la figura del perito, quien, al ser llamado, realizará un informe sobre aquellos aspectos para los que sea requerido, y comparecerá en Juicio a los efectos de explicar el contenido de ese informe y ser preguntado de cuantos aspectos no queden claros.

 6.- Testigo: Los artículos 360 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 410 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevén la figura del testigo, que es aquella persona que tenga noticia DIRECTA de los hechos controvertidos y cuya declaración pueda aportar luz para la resolución del procedimiento.

 Toda persona llamada como testigo a un procedimiento judicial está obligada a acudir, pudiendo ser conducido por Fuerza Pública en caso de incomparecencia.

 A modo de anécdota podemos señalar que solo el Rey, la Reina y el Príncipe Heredero tienen dispensa legal para poder acudir como testigos a un procedimiento, pudiendo testificar por escrito el resto de miembros de la Familia Real, así como el Presidente del Gobierno, los Presidentes del Congreso de los Diputados y el Senado, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Presidente del Tribunal Supremo y los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

 Asimismo, podrán declarar desde sus despachos los Diputados y Senadores, así como otros cargos públicos.

 Resulta imprescindible poner de manifiesto que todos los testigos en la Jurisdicción Civil, tengan éstos la relación que tengan con las partes, están OBLIGADOS A DECIR VERDAD, so pena de ser imputado por la comisión de un delito de falso testimonio.

 Asimismo, en la Jurisdicción Penal, están dispensados de declarar los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos.

 7.- Abogado: El abogado, previsto en el artículo 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es aquella persona encargada del asesoramiento jurídico cualificado, así como la defensa técnica de la parte que comparezca a un procedimiento judicial, pudiendo hacerlo igualmente en procedimientos de naturaleza administrativa.

 Etimológicamente, el término “abogado” proviene del latín “advocatus”, cuyo significado es “llamado al auxilio”.

 El abogado, por su forma de ser llamado al procedimiento, puede ser de naturaleza particular, contratado directamente por el cliente, o de oficio, designado por organismo público para la defensa de los intereses de su cliente.

 Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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quien es quien en la Justicia

 

 

Delitos contra la seguridad vial (nueva intervención radiofónica)

G. Varela Abogados.

“la semana pasada, saliendo de la discoteca, me pillaron en un control de alcoholemia y di positivo”; “circulando por una autopista prácticamente desierta, me ha fotografiado un radar a 220 km/h y quieren quitarme el carnet”; “me negué a soplar, porque no había bebido”.

Dado que en el Despacho de Madrid G. Varela Abogados, son muchas las consultas que recibimos relacionadas con los delitos contra la seguridad del tráfico, volvemos por segunda vez a la radio, para tratar de hacer comprensible el Derecho.

     En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “El Mañanero” de Libertad FM, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.

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RADIO

Para facilitar la comprensión de la intervención radiofónica, exponemos los artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la seguridad del tráfico.

Artículo 379.

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Artículo 380.

1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior.

Artículo 381.

1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior.

2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior.

rtículo 382.

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

Artículo 383.

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Artículo 384.

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

Artículo 385.

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:

  1. Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.
  2. No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.

Artículo 385 bis.

El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128.

Artículo 385 ter.

En los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho.

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delitos seguridad vial II

Delitos contra la propiedad (parte I): HURTO y ROBO

¿por qué el Ordenamiento Jurídico español protege la PROPIEDAD PRIVADA? Y dando un “paso atrás” ¿QUÉ ES LA PROPIEDAD?

Como cada semana, G. Varela Abogados acude a los estudios de la radio, para hacer el mundo del Derecho accesible al ciudadano.

 Según el Diccionario de la Lengua Española, existen diversas acepciones para el término “PROPIEDAD”. Desde la “propiedad horizontal”, típica de las Comunidades de Propietarios, pasando por la “nuda propiedad, que es aquélla en la que se carece del uso y disfrute del bien (por ejemplo un piso heredado en el que vive la viuda), hasta el concepto “genérico” del término propiedad. El propio Diccionario de la Lengua Española define la palabra “PROPIEDAD” como el “Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales.”

Vemos, por tanto, que existen tres características principales que definen la propiedad tal y como la conocemos en España o, si se quiere, en los sistemas de derecho occidentales.

 Evidentemente, en Cuba, Corea del Norte o China, el concepto que se pueda tener de la palabra propiedad difiere sensiblemente de lo que aquí sentimos, pensamos y percibimos al leerla o escucharla.

Como decíamos, tres son las notas definitorias:

1.- En primer lugar, que se trata de un DERECHO O FACULTAD. Sabido es que todo derecho comporta obligaciones y / o prohibiciones para un tercero. Por ejemplo, en el caso del derecho a la vida, comporta la prohibición a terceros de cercenarlo a través del homicidio o el asesinato; en el caso del derecho a la libertad, supone la proscripción de la detención ilegal o el secuestro; en el caso del derecho a la intimidad, conlleva la inviolabilidad del domicilio o la prohibición para intervenir comunicaciones. Y así todos y cada uno de los derechos que nos hemos dado los ciudadanos a través del ordenamiento jurídico vigente.

Veremos a continuación cómo la Ley protege el Derecho a la propiedad.

2.- Como segunda nota definitoria, nos encontramos con que dicho derecho se articula como POSESIÓN O DISPOSICIÓN DE ALGO, ya sea para usarlo, para enajenarlo, para arrendarlo o simplemente para poseerlo, sin que dicha posesión o disposición pueda ser, como veíamos anteriormente, violentada por terceros.

3.- Finalmente, vemos cómo aparece la nota de la LIMITACIÓN LEGAL o la “función social del derecho de propiedad”.

Para poder entender esta limitación, habremos de acudir al contenido del artículo 33 de la Constitución Española, enclavado dentro de “los derechos y deberes de los ciudadanos”.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

¿y cómo se traduce la causa justificada de utilidad pública o interés social? A través de la EXPROPIACIÓN.

Fuera de esos límites legales al derecho de propiedad, cualquier atentado contra el mismo se convierte en ilícito.

Y, como siempre, habremos de acudir al contenido de los diversos artículos existentes en el CÓDIGO PENAL para conocer qué comportamientos son los que el texto legal prevé como penalmente reprochables, así como cuáles son las penas previstas:

Pasemos a ello:

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RADIO

– HURTO.- El artículo 234 del Código Penal define hurto como tomar cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño”.

Para la consideración de tal comportamiento como delito y no como falta será necesario que la cosa mueble tomada supere un valor de tasación de 401 euros. De lo contrario, hablaríamos de falta de hurto (pequeños hurtos en comercios), prevista en el artículo 623 del Código Penal.

El castigo previsto para el DELITO DE HURTO es la pena de prisión de seis a dieciocho meses.

Asimismo, el propio artículo 234 del Código Penal prevé los casos de REITERACIÓN DELICTIVA. Así, la comisión de tres o más faltas en el plazo de un año será considerada igualmente como delito. Con ello, el legislador pretende evitar la impunidad de los profesionales del hurto.

Existe una MODALIDAD AGRAVADA del delito de hurto, configurada por distintos supuestos, por medio de la cual la pena de prisión puede llegar hasta los tres años, lo que supondría, aún sin antecedentes penales, la entrada en un centro penitenciario para cumplimiento. Estos supuestos son:

– La sustracción de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

– La sustracción de cosas de primera necesidad, siempre que provoque desabastecimiento.

– Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o el hurto se haya cometido abusando de las circunstancias personales de la víctima (ciegos, discapacitados, etc).

– Cuando se utilice a menores de catorce años para la perpetración del delito.

Por último, existe una modalidad un tanto extraña o atenuada, cuya pena es la de multa de 3 a 12 meses, que se da cuando el propietario de una cosa mueble sustrae la misma a quien la tiene legítimamente en su poder.

– ROBO.- El Código Penal, en su artículo 237, prevé dos modalidades para el delito de robo (sea cual sea la cuantía de lo tomado). Nos dice:

Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas.

1.- En un primer lugar, el artículo 238, determina que cometen el DELITO DE ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS y serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años, los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

– Escalamiento.

– Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.

– Fractura de armarios u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, forzamiento de cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido.

– El uso de llaves falsas.

– La inutilización de sistemas específicos de alarma.

A modo de curiosidad, el Código Penal determina que son llaves falsas, tanto las ganzúas o instrumentos análogos, como las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas de modo ilegítimo.

2.- En segundo lugar, el texto legal afronta la comisión del ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN, modalidad agravada respecto de la anterior, con una pena prevista de dos a cinco años de prisión.

Aun sin existir violencia o intimidación, el Código Penal establece que la misma pena de prisión se impondrá en supuestos de robo en casa habitada o en edificios o locales abiertos al público, incluso aunque la vivienda se encuentre vacía en ese momento.

Vemos, en este caso, cómo el derecho a la propiedad se encuentra especialmente reforzado por el derecho a la intimidad.

Asimismo, el Código Penal, atendiendo a la gravedad del comportamiento delictivo, ordena castigar, además del robo, los actos de violencia física y su resultado (falta o delito de lesiones).

Por último, el texto legal ordena imponer las penas en su mitad superior, esto es, desde tres años y seis meses hasta cinco años, para el supuesto de que para la comisión del robo o la huida se utilicen armas, aunque sea para intimidad.

A modo de curiosidad, la Jurisprudencia ha llegado a entender el propio cuerpo humano como arma, en el caso de especialistas en artes marciales o de otros deportes de lucha o contacto.

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robo y hurto

El Abogado y el Turno de Oficio

¿qué es un abogado de oficio? ¿tendré que pagar a mi abogado de oficio? ¿tengo garantizada mi defensa en caso de detención?

Todas estas preguntas y muchas más se resuelven en esta entrada del blog.

En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con EL ABOGADO Y EL TURNO DE OFICIO

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RADIO

Desde G. Varela Abogados tratamos de que el derecho de defensa de cualquier detenido o imputado pueda llevarse a cabo, con independencia de su situación económica o social.

Por ello, nos enorgullecemos de formar parte de los abogados adscritos al Turno de Oficio en la Comunidad de Madrid.

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turno de oficio

Delitos contra la Administración Pública: Prevaricación, cohecho, desobediencia…

    Después de una semana de descanso, G. Varela Abogados vuelve a la radio.

  En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PREVARICACIÓN, COHECHO, DESOBEDIENCIA, ABANDONO DE DESTINO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS y muchos otros.

PARA ESCUCHAR LA INTERVENCIÓN, PULSAD AQUÍRADIO

Quizá este tipo de delitos, tal y como afirmamos en la intervención radiofónica, encuentran en el Código Penal un profuso desarrollo, el cual va más allá de su aplicación práctica, ya que, por la experiencia que atesoramos en el Despacho, la mayor parte de los condenados terminan siendo los particulares (en el caso del cohecho o la desobediencia).

Por ello, desde G. Varela Abogados, apostamos por una aplicación efectiva de las normas vigentes, más allá de un “superdesarrollo” que a la postre quede yermo.

  Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

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cohecho

Delitos contra la seguridad vial (intervención radiofónica)

Una nueva semana, G. Varela Abogados tiene acceso a los medios.

     En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.

PARA ESCUCHAR LA INTERVENCIÓN (11 minutos 50 segundos), PULSAD AQUÍ

Para facilitar la comprensión de la intervención radiofónica, exponemos los artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la seguridad del tráfico.

Artículo 379.

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Artículo 380.

1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior.

Artículo 381.

1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior.

2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior.

rtículo 382.

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

Artículo 383.

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Artículo 384.

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

Artículo 385.

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:

  1. Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.
  2. No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.

Artículo 385 bis.

El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128.

Artículo 385 ter.

En los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho.

     Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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delitos seguridad vial

Nuevas tecnologías y delincuencia (intervención radiofónica)

G. Varela Abogados acude nuevamente a su cita semanal con la radio.

     En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DELITOS COMETIDOS CON AYUDA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

PARA ESCUCHAR LA INTERVENCIÓN (11 minutos 50 segundos), PULSAD AQUÍ

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DELITO ANONIMATO

Ponencia “EL DERECHO DE DEFENSA: LA DECLARACIÓN DEL DETECTIVE PRIVADO”

La pasada semana, nuestro Director, José Miguel Serrano, fue invitado como ponente por la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, al XII Congreso Internacional celebrado en la ciudad de Cáceres, para el que se encontraban convocados profesionales de la investigación privada de toda Europa.

Entre otras materias de gran interés, y al hilo de las recientes noticias relacionadas con detectives privados y Tribunales, los allí presentes acudieron a la ponencia titulada “EL DERECHO DE DEFENSA: LA DECLARACIÓN DEL DETECTIVE PRIVADO

A través de ella, y enmarcado dentro del “derecho de defensa” general de cualquier detenido y / o imputado, del que ya hablamos en anteriores entradas de este blog, los detectives conocieron desde el punto de vista teórico jurídico y de práctica de Tribunales, cuáles son los derechos que les asisten en el ejercicio de su actividad; actividad que, en ocasiones, se ve confrontada a los derechos y garantías de sus investigados o al interés general.

Asimismo, y tras la ponencia, varios profesionales de la investigación privada pusieron de manifiesto experiencias personales que ayudaron al resto de congresistas a conocer de primera mano “hasta dónde” y “de qué manera.”

Sin duda alguna, una experiencia muy interesante a la que no dudaremos en acudir de volver a ser invitados.

Para acceder a la presentación:  PRESENTACIÓN

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PONENCIA

Circula, SEGURO, no circula, SEGURO. La obligación de asegurar vehículos a motor

Con motivo de una reciente consulta de un buen amigo y cliente de G. Varela Abogados, los Letrados que conformamos el equipo del Despacho hemos tratado de conocer hasta qué punto el ciudadano es consciente de las obligaciones que comporta ser titular de un vehículo a motor.

Resulta sobradamente conocido por nuestro lector que cualquier vehículo a motor o ciclomotor que CIRCULE por la vía pública, está obligado a tener suscrita una póliza de responsabilidad civil debido a los riesgos que la conducción pudiera comportar. Así lo dispone el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en su artículo 2.

Ahora bien, ¿y qué ocurre si en lugar de circular por la vía pública, el vehículo a motor de nuestra propiedad CIRCULA POR UN TERRENO PRIVADO? ¿qué ocurre si el vehículo NO circula, sino que simplemente SE ENCUENTRA ESTACIONADO EN LA VÍA PÚBLICA? ¿o qué ocurre si tenemos el vehículo bajo una lona en nuestro garaje particular?

Son éstas el tipo de preguntas que realizamos a nuestros lectores, clientes y amigos, encontrando, en este punto, que existe un casi absoluto desconocimiento del particular.

Para poder responder con propiedad, debemos remontarnos al año 2008, ya que, la publicación del Real Decreto 1507/2008, por el cual se desarrolla el Reglamento de responsabilidad civil y seguro en la circulación de Vehículos a motor, que “despenaliza”, en cierto modo, la falta de recibo acreditativo de seguro en vigor en el interior del vehículo, dotando de gran importancia al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA).

Así, la existencia de un fichero “on line” que permite a los agentes comprobar la vigencia de seguro de responsabilidad civil sobre un determinado vehículo, se convierte en lo que desde G. Varela Abogados consideramos como un arma de doble filo.

Por un lado, palía el despiste que puede suponer olvidar el pequeño recibo en soporte papel, pero por otro… permite a la Administración comprobar, sin necesidad de parar a un conductor, si el vehículo del que resulta titular dispone del seguro obligatorio en vigor.

Y hete aquí el quid de la cuestión respecto de los vehículos que NO circulan o que lo hacen por vías privadas. El artículo 2 al que anteriormente hacíamos referencia, no especifica que los vehículos que tienen la obligación de estar asegurados, sean únicamente aquéllos que circulen por la vía pública, por lo que debemos entender que CUALQUIER VEHÍCULO CON ESTACIONAMIENTO HABITUAL EN ESPAÑA  vendrá obligado a mantener una póliza de seguro en vigor, con independencia que dicho vehículo circule, sea por donde sea, o se encuentre estacionado en un garaje bajo una lona.

Si bien de inicio pudiéramos pensar que se trata de una medida “injusta”, pudiera resultar posible que el vehículo que circula por una vía privada atropelle igualmente a un peatón o que el vehículo que se encuentra estacionado en la vía pública o en un garaje privado salga ardiendo, provocando daños a otros vehículos.

Por ello, solo la baja temporal o definitiva de un vehículo en los registros de la Dirección General de Tráfico eximen al propietario de suscribir la obligatoria póliza de seguro de responsabilidad civil, comportando dicha baja la PROHIBICIÓN ABSOLUTA de circular con el mismo.

Desde G. Varela Abogados, con Despacho en Madrid y servicio en toda España, nos ponemos a su disposición para atender cualquier consulta relacionada con la temática de la entrada o cualquier otra duda de naturaleza jurídica. Asimismo, les animamos a contactar con nosotros si precisan de asistencia o desean que intervengamos en la defensa de sus intereses.

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José Miguel Serrano Gutiérrez

Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid nº 77.796