¿Quién es quién en la Justicia?

G. Varela Abogados

Nuestro blog cumple UN AÑO en el día de hoy, y para celebrarlo, además de darle un nuevo emplazamiento directamente en nuestra web, emularemos a un conocido juego de mesa, descubriendo “Quién es quién en la Justicia”.

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RADIOEn muchas ocasiones, los usuarios de la Justicia se ven perdidos entre una gran maraña de personajes que pueblan la Administración de Justicia, sin saber bien a quién acudir y cuál es el cometido de cada uno de ellos. Grandes salas en las que decenas de personas se aferran a un ordenador, Salas de Vistas con estrados en los que, vestidos con toga, unos señores o señoras muy serios parecen discutir utilizando términos jurídicos incomprensibles.

 Y en medio de todo ese baile y entramado burocrático, el usuario, que naufraga aferrándose a una tabla en forma de abogado, quien en no pocas ocasiones es incapaz de transmitir a su cliente qué hace (o no hace) cada persona y cuál es el comportamiento adecuado en cada momento.

 Por ello, y para que todos nuestros lectores conozcan el “hormiguero” de la Administración de Justicia, pasaremos a explicar “quién es quién”:

 1.- Jueces y Magistrados: Regulados en los artículos 298 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces y Magistrados son los encargados de realizar la “función jurisdiccional”. ¿y qué significa “función jurisdiccional”?

 Utilizando un lenguaje coloquial, la función jurisdiccional consiste en IMPARTIR JUSTICIA, es decir, mediante la aplicación de las infinitas normas, resolver conflictos que les han sido planteados, ya sean estos de Derecho privado (civil y laboral) o de Derecho público (penal y contencioso administrativo).

 Cada Juez y Magistrado son INDEPENDIENTES en el ejercicio de sus funciones, sin más límites en sus decisiones que los marcados por el ordenamiento jurídico. Eso significa que, en la organización de su trabajo y el dictado de sus resoluciones, ningún Juez puede recibir órdenes de un “superior”, ya que funcionalmente esa superioridad es inexistente. “Un Juez, un Reino”.

 Funcionalmente, un Juez puede ser “de Instrucción”, estando encargado de la práctica de diligencias tendentes a la averiguación de determinados hechos, o ser un Juez “de juicios”, encargado de dictar Sentencias, tras la celebración de una vista o Juicio.

 2.- Secretarios Judiciales: La figura del Secretario Judicial es una de las grandes desconocidas por parte de los legos en Derecho y se regula en los artículos 435 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 Sus funciones más destacables, que se han ido ampliado a lo largo del tiempo con el fin de descargar de trabajo a los Jueces y Magistrados, son:

 – Fe pública procesal: En la práctica la fe pública procesal se traduce en el control del acta videográfica de las vistas y declaraciones. Hasta hace no poco tiempo, dichas actas eran recogidas en papel. No obstante, con la entrada de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia ha facilitado mucho la tarea de recoger de manera fiel todo lo que se dice en una Sala de Vistas. Asimismo, la fé pública procesal permite que el Secretario Judicial levante acta en una entrada y registro, en un lanzamiento por desahucio o en muchas otras ocasiones. Haciendo un paralelismo, podríamos decir que el Secretario Judicial actúa como un Notario en cuantos actos procesales es requerido para ello.

 – Organización del proceso: toda actuación procesal, a no ser que se encuentre declarada como secreta, ha de ser notificada a las partes. Así, el señalamiento de un Juicio, la citación de un testigo, la designación de un perito o una gran infinidad de comunicaciones de carácter procesal, han de ser dictadas por el Secretario Judicial.

 En este sentido, el Secretario Judicial actúa como un “jefe de Administración” de cada Juzgado.

 – Control de la cuenta de consignaciones del Juzgado: Cuando hay ejecuciones dinerarias (embargos en cuenta, de nómina, etc), el dinero ejecutado pasa a una cuenta bancaria de la que es titular el Juzgado. A los efectos de entregar ese dinero al acreedor del mismo, el Secretario Judicial será el encargado de emitir un documento conocido como “mandamiento de devolución” que, a modo de cheque, podrá ser canjeado por dinero en un Banco.

 3.- Ministerio Fiscal: Previsto como uno de los órganos con relevancia constitucional, la figura del Ministerio Fiscal se encuentra regulada en el artículo 124 de la Constitución Española, según el cual “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

 ¿y en qué se traduce todo eso?

 En la práctica, el Ministerio Fiscal se encarga de las siguientes funciones:

 – En la Jurisdicción Penal para mayores de edad, y hasta que sea modificada la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, se encarga, en la mayoría de las ocasiones, de la acusación en delitos públicos, con independencia de que exista o no acusación particular.

 – En la Jurisdicción Penal para menores de edad, el Ministerio Fiscal es el encargado de la instrucción de los expedientes de reforma, actuando a modo de Juez de Instrucción.

 – En la Jurisdicción Civil, el Ministerio Fiscal es el encargado de velar por los intereses de los menores o incapaces.

 Por ejemplo, en un divorcio con hijos menores, el Ministerio Fiscal solicitará las medidas (pensión de alimentos, visitas, guarda y custodia, etc) que considere más beneficiosas para el desarrollo del menor.

 Asimismo, en procedimientos en los que se solicita la incapacitación de una persona, el Ministerio Fiscal velará por el cumplimiento de todos los requisitos así como por la comprobación de que la persona cuya incapacitación se pretende se encuentre realmente afectada en un grado tal que no pueda regir sus bienes y su persona.

 3.- Procurador de los Tribunales: Figura prevista en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que encuentra sus inicios en la Edad Media, cuando los Procuradores eran los encargados de llevar a caballo las notificaciones desde los Tribunales a las distintas ciudades en las que vivían los que ejercían la defensa.

En la práctica, el Procurador es la persona encargada de la REPRESENTACIÓN PROCESAL de la persona que se ve en la obligación a iniciar un procedimiento de naturaleza judicial o que ha sido llamada a él a través de denuncia, querella o demanda.

 ¿y qué conlleva esa representación procesal? La presentación de escritos en nombre del cliente, la notificación de resoluciones y escritos presentados de contrario, la entrega y cobranza de mandamientos de devolución, la realización de gestiones de todo tipo ante los Juzgados y Tribunales, la asistencia obligatoria a diligencias de lanzamiento por desahucio, la notificación a contrarios de todo tipo de escritos, etc.

 Podemos decir que el Procurador es el encargado de realizar todo tipo de tareas de carácter administrativo, mediando entre su cliente y los órganos de la Administración de Justicia.

 Para que un Procurador pueda llevar a cabo su tarea es preciso que el cliente otorgue lo que se conoce como “Poder General para Pleitos”, ya sea ante notario o “apud acta”, es decir, ante el Secretario Judicial.

 5.- Perito: Regulado en los artículos 335 y siguientes, el perito es aquella persona que posee especiales conocimientos de una materia y de la que se sirven el resto de operadores de la Justicia para comprender unos determinados hechos.

 Evidentemente, ni un Juez, ni un Fiscal, ni un abogado tienen conocimientos universales sobre todo tipo de materias. Sin embargo, como consecuencia de las controversias que se suscitan, pudiendo versar éstas sobre cualquier cosa (desde defectos constructivos, pasando por humedades, hasta artificios financieros de todo tipo), los Jueces y las partes tienen que acudir a la figura del perito, quien, al ser llamado, realizará un informe sobre aquellos aspectos para los que sea requerido, y comparecerá en Juicio a los efectos de explicar el contenido de ese informe y ser preguntado de cuantos aspectos no queden claros.

 6.- Testigo: Los artículos 360 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 410 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevén la figura del testigo, que es aquella persona que tenga noticia DIRECTA de los hechos controvertidos y cuya declaración pueda aportar luz para la resolución del procedimiento.

 Toda persona llamada como testigo a un procedimiento judicial está obligada a acudir, pudiendo ser conducido por Fuerza Pública en caso de incomparecencia.

 A modo de anécdota podemos señalar que solo el Rey, la Reina y el Príncipe Heredero tienen dispensa legal para poder acudir como testigos a un procedimiento, pudiendo testificar por escrito el resto de miembros de la Familia Real, así como el Presidente del Gobierno, los Presidentes del Congreso de los Diputados y el Senado, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Presidente del Tribunal Supremo y los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

 Asimismo, podrán declarar desde sus despachos los Diputados y Senadores, así como otros cargos públicos.

 Resulta imprescindible poner de manifiesto que todos los testigos en la Jurisdicción Civil, tengan éstos la relación que tengan con las partes, están OBLIGADOS A DECIR VERDAD, so pena de ser imputado por la comisión de un delito de falso testimonio.

 Asimismo, en la Jurisdicción Penal, están dispensados de declarar los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos.

 7.- Abogado: El abogado, previsto en el artículo 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es aquella persona encargada del asesoramiento jurídico cualificado, así como la defensa técnica de la parte que comparezca a un procedimiento judicial, pudiendo hacerlo igualmente en procedimientos de naturaleza administrativa.

 Etimológicamente, el término “abogado” proviene del latín “advocatus”, cuyo significado es “llamado al auxilio”.

 El abogado, por su forma de ser llamado al procedimiento, puede ser de naturaleza particular, contratado directamente por el cliente, o de oficio, designado por organismo público para la defensa de los intereses de su cliente.

 Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:

correo electrónico info@gvarelaabogados.com

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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quien es quien en la Justicia

 

 

Delitos contra la seguridad vial (nueva intervención radiofónica)

G. Varela Abogados.

“la semana pasada, saliendo de la discoteca, me pillaron en un control de alcoholemia y di positivo”; “circulando por una autopista prácticamente desierta, me ha fotografiado un radar a 220 km/h y quieren quitarme el carnet”; “me negué a soplar, porque no había bebido”.

Dado que en el Despacho de Madrid G. Varela Abogados, son muchas las consultas que recibimos relacionadas con los delitos contra la seguridad del tráfico, volvemos por segunda vez a la radio, para tratar de hacer comprensible el Derecho.

     En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “El Mañanero” de Libertad FM, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.

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RADIO

Para facilitar la comprensión de la intervención radiofónica, exponemos los artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la seguridad del tráfico.

Artículo 379.

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Artículo 380.

1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior.

Artículo 381.

1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior.

2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior.

rtículo 382.

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

Artículo 383.

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Artículo 384.

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

Artículo 385.

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:

  1. Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.
  2. No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.

Artículo 385 bis.

El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128.

Artículo 385 ter.

En los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho.

     Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Madrid o a través de los siguientes medios:

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delitos seguridad vial II

“Botellón”: Sanciones y recursos (intervención radiofónica)

G. Varela Abogados acude nuevamente a su cita semanal con la radio.

     En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con el “BOTELLÓN”, INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS

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RADIO

¿por qué me multan si no estaba bebiendo alcohol en la calle?” “Mis amigos estaban bebiendo, pero yo no.” “Las botellas las tiró el grupo que había en el parque antes que nosotros.”

Frases escuchadas en el Despacho en muchas ocasiones y casos ganados.

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botellon

Delitos contra la seguridad vial (intervención radiofónica)

Una nueva semana, G. Varela Abogados tiene acceso a los medios.

     En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.

PARA ESCUCHAR LA INTERVENCIÓN (11 minutos 50 segundos), PULSAD AQUÍ

Para facilitar la comprensión de la intervención radiofónica, exponemos los artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la seguridad del tráfico.

Artículo 379.

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Artículo 380.

1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior.

Artículo 381.

1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior.

2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior.

rtículo 382.

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

Artículo 383.

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Artículo 384.

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

Artículo 385.

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:

  1. Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.
  2. No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.

Artículo 385 bis.

El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128.

Artículo 385 ter.

En los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho.

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delitos seguridad vial

Circula, SEGURO, no circula, SEGURO. La obligación de asegurar vehículos a motor

Con motivo de una reciente consulta de un buen amigo y cliente de G. Varela Abogados, los Letrados que conformamos el equipo del Despacho hemos tratado de conocer hasta qué punto el ciudadano es consciente de las obligaciones que comporta ser titular de un vehículo a motor.

Resulta sobradamente conocido por nuestro lector que cualquier vehículo a motor o ciclomotor que CIRCULE por la vía pública, está obligado a tener suscrita una póliza de responsabilidad civil debido a los riesgos que la conducción pudiera comportar. Así lo dispone el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en su artículo 2.

Ahora bien, ¿y qué ocurre si en lugar de circular por la vía pública, el vehículo a motor de nuestra propiedad CIRCULA POR UN TERRENO PRIVADO? ¿qué ocurre si el vehículo NO circula, sino que simplemente SE ENCUENTRA ESTACIONADO EN LA VÍA PÚBLICA? ¿o qué ocurre si tenemos el vehículo bajo una lona en nuestro garaje particular?

Son éstas el tipo de preguntas que realizamos a nuestros lectores, clientes y amigos, encontrando, en este punto, que existe un casi absoluto desconocimiento del particular.

Para poder responder con propiedad, debemos remontarnos al año 2008, ya que, la publicación del Real Decreto 1507/2008, por el cual se desarrolla el Reglamento de responsabilidad civil y seguro en la circulación de Vehículos a motor, que “despenaliza”, en cierto modo, la falta de recibo acreditativo de seguro en vigor en el interior del vehículo, dotando de gran importancia al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA).

Así, la existencia de un fichero “on line” que permite a los agentes comprobar la vigencia de seguro de responsabilidad civil sobre un determinado vehículo, se convierte en lo que desde G. Varela Abogados consideramos como un arma de doble filo.

Por un lado, palía el despiste que puede suponer olvidar el pequeño recibo en soporte papel, pero por otro… permite a la Administración comprobar, sin necesidad de parar a un conductor, si el vehículo del que resulta titular dispone del seguro obligatorio en vigor.

Y hete aquí el quid de la cuestión respecto de los vehículos que NO circulan o que lo hacen por vías privadas. El artículo 2 al que anteriormente hacíamos referencia, no especifica que los vehículos que tienen la obligación de estar asegurados, sean únicamente aquéllos que circulen por la vía pública, por lo que debemos entender que CUALQUIER VEHÍCULO CON ESTACIONAMIENTO HABITUAL EN ESPAÑA  vendrá obligado a mantener una póliza de seguro en vigor, con independencia que dicho vehículo circule, sea por donde sea, o se encuentre estacionado en un garaje bajo una lona.

Si bien de inicio pudiéramos pensar que se trata de una medida “injusta”, pudiera resultar posible que el vehículo que circula por una vía privada atropelle igualmente a un peatón o que el vehículo que se encuentra estacionado en la vía pública o en un garaje privado salga ardiendo, provocando daños a otros vehículos.

Por ello, solo la baja temporal o definitiva de un vehículo en los registros de la Dirección General de Tráfico eximen al propietario de suscribir la obligatoria póliza de seguro de responsabilidad civil, comportando dicha baja la PROHIBICIÓN ABSOLUTA de circular con el mismo.

Desde G. Varela Abogados, con Despacho en Madrid y servicio en toda España, nos ponemos a su disposición para atender cualquier consulta relacionada con la temática de la entrada o cualquier otra duda de naturaleza jurídica. Asimismo, les animamos a contactar con nosotros si precisan de asistencia o desean que intervengamos en la defensa de sus intereses.

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José Miguel Serrano Gutiérrez

Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid nº 77.796