Delitos contra el honor: INJURIAS y CALUMNIAS

Me han insultado por teléfono“, “me he encontrado pintadas en la puerta de mi casa mofándose de mí”, “el periódico de mi pueblo dice que he cometido un delito y es falso”…

Una nueva semana, G. Varela Abogados tiene acceso a los medios.

     En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DELITOS CONTRA EL HONOR: INJURIAS Y CALUMNIAS

PARA ESCUCHAR LA INTERVENCIÓN, PULSAD AQUÍ

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La Constitución Española de 1978 consagra los DERECHOS FUNDAMENTALES de todos los ciudadanos.

De todos ellos, quizá por su intangibilidad, los más complicados de concebir son el DERECHO AL HONOR,  el DERECHO A LA INTMIDAD y el DERECHO A LA PROPIA IMAGEN, reconocidos por el artículo 18.1

1.- Derecho al HONOR:

El derecho al honor protege la valoración que de la persona en cuestión se tenga en su ámbito personal o social. El concepto de derecho al honor se relaciona con la reputación y fama de una persona, su prestigio profesional o su dignidad personal.

Pueden ser titulares del derecho al honor las personas físicas y las personas jurídicas.

Como señalábamos, aunque “intangible”, el Derecho al Honor se configura en la Constitución Española como uno de los Derechos Fundamentales, con especial protección por parte de la legislación y los Poderes Públicos.

2.- Derecho a la INTIMIDAD:

 El derecho a la intimidad personal y familiar permite al sujeto mantener fuera de la acción y conocimiento de terceros su ámbito personal y familiar. Nos encontramos ante una esfera de lo más íntimo y personal del sujeto que éste tiene derecho a reservarse para sí mismo.

Solo las personas físicas son titulares del derecho a la intimidad.

La representación más importante del derecho a la intimidad es la inviolabilidad del domicilio, recogida igualmente en el artículo 18 de la Constitución Española de 1978.

3.- Derecho a la PROPIA IMAGEN:

El derecho a la propia imagen atribuye al individuo la capacidad de decidir libremente sobre la captación, reproducción o difusión de su imagen entendida como representación gráfica de la figura humana. Este derecho faculta a las personas a difundir o publicar su propia imagen y, por ende, su derecho a evitar su reproducción.

Como vemos, la libertad de información, prensa y expresión, también configurados como Delitos Fundamentales en la Constitución Española, se establecen como la “otra cara de la moneda”, al informar y opinar sobre sucesos o características acerca de personas, físicas o jurídicas.

 De los tres derechos anteriores, los delitos de INJURIAS Y CALUMNIAS atentan contra el DERECHO AL HONOR

–       ¿QUÉ ES UNA CALUMNIA?

Según el artículo 205 del Código Penal “es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

Por su parte, el artículo 206 dispone que “las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses.”

Artículo 207.- El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado.

–       ¿QUÉ ES UNA INJURIA?

Por lo que respecta al delito de injurias, el artículo 208 del Código Penal dispone que “es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. En caso contrario, la injuria podría ser considerada como FALTA.

Artículo 209.- Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses.

Artículo 211.- La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante.

Artículo 212.-  En los casos a los que se refiere el artículo anterior, será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria.

En estos casos, y si el agraviado lo solicita, el medio informativo estará obligado a publicar, con la misma publicidad, tamaño y posición, la Sentencia de condena.

ESPECIFICIDADES DE LOS DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA

Artículo 215.1.-  Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.

Si la injuria o la calumnia fueran vertidas en un procedimiento judicial, será OBLIGATORIO recabar el permiso del Juez ante el que se hubieran hecho las manifestaciones, ya se hayan hecho éstas de forma oral o por escrito.

El perdón del ofendido, extingue la acción penal, al tratarse de un delito de los considerados de naturaleza PRIVADA. Para conocer la distinta naturaleza de los delitos, animamos a nuestros lectores a acudir a la entrada del blog “¿y si quiero quitar la denuncia?

Artículo 216.- En los delitos de calumnia o injuria se considera que la reparación del daño comprende también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del condenado por tales delitos, en el tiempo y forma que el Juez o Tribunal consideren más adecuado a tal fin, oídas las dos partes.

Es OBLIGATORIO igualmente, antes de formular querella, haber presentado la preceptiva PAPELETA DE CONCILIACIÓN, para celebración de acto de conciliación, en el que el conciliado, requerido para ello, puede reconocer la falsedad de sus manifestaciones, aunque la experiencia en G. Varela Abogados nos indica que ello rara vez ocurre.

Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

correo electrónico info@gvarelaabogados.com

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José Miguel Serrano Gutiérrez

ICAM 77.796

injurias y calumnias

Delitos contra la Administración Pública: Prevaricación, cohecho, desobediencia…

    Después de una semana de descanso, G. Varela Abogados vuelve a la radio.

  En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PREVARICACIÓN, COHECHO, DESOBEDIENCIA, ABANDONO DE DESTINO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS y muchos otros.

PARA ESCUCHAR LA INTERVENCIÓN, PULSAD AQUÍRADIO

Quizá este tipo de delitos, tal y como afirmamos en la intervención radiofónica, encuentran en el Código Penal un profuso desarrollo, el cual va más allá de su aplicación práctica, ya que, por la experiencia que atesoramos en el Despacho, la mayor parte de los condenados terminan siendo los particulares (en el caso del cohecho o la desobediencia).

Por ello, desde G. Varela Abogados, apostamos por una aplicación efectiva de las normas vigentes, más allá de un “superdesarrollo” que a la postre quede yermo.

  Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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cohecho

Circula, SEGURO, no circula, SEGURO. La obligación de asegurar vehículos a motor

Con motivo de una reciente consulta de un buen amigo y cliente de G. Varela Abogados, los Letrados que conformamos el equipo del Despacho hemos tratado de conocer hasta qué punto el ciudadano es consciente de las obligaciones que comporta ser titular de un vehículo a motor.

Resulta sobradamente conocido por nuestro lector que cualquier vehículo a motor o ciclomotor que CIRCULE por la vía pública, está obligado a tener suscrita una póliza de responsabilidad civil debido a los riesgos que la conducción pudiera comportar. Así lo dispone el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en su artículo 2.

Ahora bien, ¿y qué ocurre si en lugar de circular por la vía pública, el vehículo a motor de nuestra propiedad CIRCULA POR UN TERRENO PRIVADO? ¿qué ocurre si el vehículo NO circula, sino que simplemente SE ENCUENTRA ESTACIONADO EN LA VÍA PÚBLICA? ¿o qué ocurre si tenemos el vehículo bajo una lona en nuestro garaje particular?

Son éstas el tipo de preguntas que realizamos a nuestros lectores, clientes y amigos, encontrando, en este punto, que existe un casi absoluto desconocimiento del particular.

Para poder responder con propiedad, debemos remontarnos al año 2008, ya que, la publicación del Real Decreto 1507/2008, por el cual se desarrolla el Reglamento de responsabilidad civil y seguro en la circulación de Vehículos a motor, que “despenaliza”, en cierto modo, la falta de recibo acreditativo de seguro en vigor en el interior del vehículo, dotando de gran importancia al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA).

Así, la existencia de un fichero “on line” que permite a los agentes comprobar la vigencia de seguro de responsabilidad civil sobre un determinado vehículo, se convierte en lo que desde G. Varela Abogados consideramos como un arma de doble filo.

Por un lado, palía el despiste que puede suponer olvidar el pequeño recibo en soporte papel, pero por otro… permite a la Administración comprobar, sin necesidad de parar a un conductor, si el vehículo del que resulta titular dispone del seguro obligatorio en vigor.

Y hete aquí el quid de la cuestión respecto de los vehículos que NO circulan o que lo hacen por vías privadas. El artículo 2 al que anteriormente hacíamos referencia, no especifica que los vehículos que tienen la obligación de estar asegurados, sean únicamente aquéllos que circulen por la vía pública, por lo que debemos entender que CUALQUIER VEHÍCULO CON ESTACIONAMIENTO HABITUAL EN ESPAÑA  vendrá obligado a mantener una póliza de seguro en vigor, con independencia que dicho vehículo circule, sea por donde sea, o se encuentre estacionado en un garaje bajo una lona.

Si bien de inicio pudiéramos pensar que se trata de una medida “injusta”, pudiera resultar posible que el vehículo que circula por una vía privada atropelle igualmente a un peatón o que el vehículo que se encuentra estacionado en la vía pública o en un garaje privado salga ardiendo, provocando daños a otros vehículos.

Por ello, solo la baja temporal o definitiva de un vehículo en los registros de la Dirección General de Tráfico eximen al propietario de suscribir la obligatoria póliza de seguro de responsabilidad civil, comportando dicha baja la PROHIBICIÓN ABSOLUTA de circular con el mismo.

Desde G. Varela Abogados, con Despacho en Madrid y servicio en toda España, nos ponemos a su disposición para atender cualquier consulta relacionada con la temática de la entrada o cualquier otra duda de naturaleza jurídica. Asimismo, les animamos a contactar con nosotros si precisan de asistencia o desean que intervengamos en la defensa de sus intereses.

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José Miguel Serrano Gutiérrez

Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid nº 77.796