El “virus Policía”

G. Varela Abogados

Desde nuestro Despacho de abogados penalistas en Madrid, hemos notado cómo durante las últimas semanas ha subido de manera alarmante el número de cuestiones y comunicaciones por parte de nuestros clientes y lectores relacionadas con el famoso “virus Policía”.

Los síntomas más comunes de ese “virus”, con múltiples modificaciones y cada vez más sofisticado, se hacen patentes cuando el internauta ve aparecer en su pantalla una impresión en la que el Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Brigada de Investigación Tecnológica, o cualquier otro Departamento, informa acerca de la comisión de algún tipo de actividad ilícita, relacionada, en la mayoría de las ocasiones con la visita a páginas de contenido pornográfico ilegal o la descarga de películas vulnerando la propiedad intelectual, pero sin especificar al detalle el comportamiento exacto.

Sirvan como ejemplo las siguientes impresiones o comunicaciones:

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Como podemos observar, en dicha comunicación, tal y como señalábamos, se nos informa por parte del Cuerpo Nacional de Policía, acerca de la comisión de un presunto comportamiento ilícito que trae como consecuencia el bloqueo de nuestro terminal informático.

Observamos igualmente cómo se nos requiere, a los efectos de poder desbloquear el ordenador, el abono de una “multa” o “sanción” a través de Paypal y cualquier otro medio informático.

Pues bien, a estos efectos debemos señalar que:

1.- SE TRATA DE UNA ESTAFA, que nunca o casi nunca es denunciada por los usuarios que se ven afectados, debido a que, como indicábamos, la comunicación nos acusa de comportamientos que, en mayor o menor medida, casi todos los usuarios han cometido.

2.- El Cuerpo Nacional de Policía o cualquier otro cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, JAMÁS se comunicará con nosotros de esa manera. Evidentemente, si a través de nuestro ordenador nos encontramos cometiendo un delito de naturaleza telemática, sea éste el que sea, la Policía no nos daría la oportunidad de huir y deshacernos de las pruebas mediante la destrucción del terminal.

3.- El Cuerpo Nacional de Policía o cualquier otro cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado JAMÁS solicitará el abono de una multa o sanción de manera directa a través de internet. Los procedimientos sancionadores en España, ya sean penales o administrativos, tienen previstos una serie de trámites que son de obligado cumplimiento por parte de la Administración. Desde nuestro Despacho de abogados en Madrid sabremos asesorarle convenientemente.

4.- La “inoculación” del “virus Policía” tiene lugar en la mayoría de las ocasiones a través de la recepción de correos electrónicos masivos, generalmente con contenido pornográfico, que inyecta un troyano en nuestro ordenador, lo que supone que, de manera automática, de manera remota se pueda controlar nuestro terminal.

Se sabe igualmente de casos en los que el “virus Policía” ha infectado ordenadores por la visita a determinadas páginas web.

5.- En caso de estar infectado por el “virus Policía”, recomendamos que se acuda a la asistencia técnica de un informático, ya que su erradicación resulta complicada.

Recientemente, hemos recibido la visita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid de clientes que han recibido la comunicación a través de distintos chats de acceso público, en los que nuevamente alguien que decía formar parte del Cuerpo Nacional de Policía solicitaba el abono de una multa o sanción. En este caso, y sin necesidad de inocular un virus en nuestro terminal, se trata nuevamente de una estafa.

 Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los abogados especialistas en delitos telemáticos, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:

correo electrónico info@gvarelaabogados.com

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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El tratamiento penitenciario: LOS GRADOS

G. Varela Abogados

“he sido condenado a dos años de prisión y quiero saber cuánto tiempo cumpliré mi condena dentro del Centro Penitenciario”; “me ha llamado mi marido para decirme que le han clasificado en tercer grado penitenciario, ¿qué significa eso?”

Una semana más, G. Varela Abogados visita los estudios de Libertad FM, con la intención de hacer comprensibles las miles de normas aplicables a nuestra vida diaria. Porque todos somos Derecho.

A mediados del mes de septiembre, el Director del Despacho de Madrid de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano Gutiérrez, acudió al programa radiofónico “El Mañanero”, para hablar con periodistas y locutores de “EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO“.

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RADIO

El artículo 25.2 de la Constitución Española, englobado en el importante capítulo de los Derechos Fundamentales, con sus apenas cuatro frases, supone la piedra filosofal de la legislación penitenciaria en España. El sistema de Derechos y garantías del que nos dotamos todos los españoles en el año 1978 garantiza la consecución de los distintos fines de las penas de prisión, entre las que destacan la reeducación y la reinserción.

Así, dispone que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, y no podrán consistir en trabajos forzados.

El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma, gozará de los Derechos Fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el Fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria.

En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.”

Como vemos, es la REEDUCACIÓN y RESOCIALIZACIÓN DEL PRESO la función principal que ha de perseguir el cumplimiento de una pena de prisión, más allá del elemento retributivo o de castigo, si bien éste también ha de estar presente.

Para ello, cada preso ha de verse sometido, durante el cumplimiento de la pena a un seguimiento individualizado en lo relativo a su evolución personal. Esto es lo que se conoce como TRATAMIENTO PENITENCIARIO.

Para ello, y en orden a que el tratamiento penitenciario sea efectivo,  el preso será CLASIFICADO en primer, segundo o tercer grado, en función de la naturaleza del delito cometido, así como con sus circunstancias personales, familiares y sociales. Nos enfrentamos pues a la CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA.

Sin embargo, la Ley Penitenciaria y el Reglamento Pentienciario disponen que la clasificación no debe ser definitiva e inamovible a lo largo del cumplimiento de la condena, quedando la modificación de grado al albor del comportamiento del reo y su evolución en el interior del Centro Penitenciario.

Tal y como prevén la Ley General Pentienciaria y el Reglamento Penitenciario, normas de aplicación a los efectos de regular la vida en el interior de una prisión, los distintos grados penitenciarios son los siguientes:

PRIMER GRADO o RÉGIMEN CERRADO: Se asigna este régimen penitenciario únicamente en los casos de peligrosidad extrema o de inadaptación grave y manifiesta al régimen ordinario.

Existen dos modalidades dentro de este régimen de vida:

  • Centros o módulos de régimen cerrado: para penados que muestren una manifiesta inadaptación a los regímenes comunes.
  • Departamentos especiales: para internos protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, en las que se evidencie una peligrosidad extrema.

SEGUNDO GRADO o RÉGIMEN ORDINARIO: Son clasificados en segundo grado los penados en quienes concurren unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia en el interior del Centro Penitenciario, pero que a criterio de la Junta de Tratamiento Penitenciario no se encuentran capacitados para desarrollar su vida en libertad o semilibertad.

TERCER GRADO: El tercer grado se aplica a los internos, por sus circunstancias personales y penitenciarias, así como por la naturelaza del delito cometido, se encuentren capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.

La clasificación en tercer grado penitenciario supone la posiblidad de que el reo se incorpore, poco a poco a la vida en libertad, pudiendo abandonar el centro penitenciario de lunes a viernes, desde la mañana hasta última hora de la tarde, pudiendo así optar, por ejemplo, a desarrollar un puesto de trabajo.

Ello supone que el reo únicamente deberá permanecer en el Centro Penitenciario, mientras esté clasificado en tercer grado, por las noches y durante los fines de semana.

Desde el año 2003, es requisito indispensable, para acceder a la clasificación de tercer grado penitenciario, haber satisfecho las responsabilidades civiles nacidas del delito, esto es, haber abonado las indemnizaciones a las que el reo haya sido condenado con motivo de la comisión del ilícito penal.

La Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario permiten la CLASIFICACIÓN INICIAL EN TERCER GRADO PENITENCIARIO, siempre que las condiciones personales, familiares y sociales del condenado, así como la naturaleza del delito cometido, aconsejen la vida en semilibertad.

Resulta imprescindible poner en conocimiento de nuestros lectores que el grado en el que un interno es clasificado de inicio, debe ser revisado por la Junta de Tratamiento de cada prisión, como máximo cada 6 meses, y en el caso del primer grado, cada 3 meses.

– Por último, nos encontramos con la LIBERTAD CONDICIONAL.

La clasificación penitenciaria en libertad condicional supone que el reo cumplirá su condena en régimen de libertad, siempre y cuando no delinca durante el tiempo que dure la condena. Resultan requisitos de imprescindible cumplimiento para la obtención de la libertad condicional:

  • Encontrarse en tercer grado penitenciario
  • Haber extinguido las tres cuartas partes de la condena (o las dos terceras partes, si además se cumplen los requisitos del art. 91.2).
  • Haber observado buena conducta
  • Pronóstico individualizado y favorable de reinserción social

Animamos, una vez más, a nuestros lectores a escuchar la intervención radiofónica completa, en la que, con un lenguaje sencillo y cercano, todos aprenderemos cuáles son los fines de una condena y qué es el tratamiento penitenciario.

 Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los abogados especialistas en esta materia, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:

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grados penitenciarios

La Incapacitación en los Juzgados de Madrid

G. Varela Abogados

“mi madre está enferma de alzheimer y no sabemos qué hacer los hermanos para evitar que la engañen”; “tengo un hijo con una discapacidad psíquica profunda que acaba de heredar una vivienda de una tía mía, ¿podemos venderla?”

Como cada semana, G. Varela Abogados vuelve a la radio, en la pretensión de hacer llegar el mundo del Derecho a todos los ciudadanos.

En esta ocasión, el Director del Despacho de Madrid de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano Gutiérrez, acude al programa radiofónico “El Mañanero”, de Libertad FM para explicar “LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL“. ¿qué es? ¿cómo se consigue? ¿cuáles son sus consecuencias?

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RADIOPara conocer qué es un incapaz y cómo obtener una incapacitación judicial, hemos de conocer la diferencia entre CAPACIDAD JURÍDICA y CAPACIDAD DE OBRAR.

La capacidad jurídica es aquella cualidad de ser sujeto titular de derechos y obligaciones, que se reza respecto de cualquier ser humano nacido del seno materno y con más de veinticuatro horas de vida.

Es decir, cualquier persona, por el mero hecho de haber nacido y haber sobrevidido más de veinticuatro horas desde el nacimiento tiene capacidad jurídica.

Por su parte, la capacidad de obrar es la posiblidad que nos conceden las leyes para poder celebrar negocios jurídicos.

Si bien todos los seres humanos, por el mero hecho de la existencia anteriormente comentada, disponemos de capacidad jurídica, no ocurre lo mismo con la capacidad de obrar.

Únicamente tiene capacidad de obrar toda persona mayor de edad no incapacitada judicialmente.

La incapacitación es el proceso judicial por el que el Ministerio Fiscal o cualquier persona con interés directo y legítimo puede solicitar que por parte de un Juzgado se prive a una persona de su capacidad de obrar, como consecuencia del padecimiento de dolencias de naturaleza física, psicológica o psíquica que supongan la imposibilidad de regir sus bienes y su persona sin la asistencia de otros.

Los letrados de G. Varela Abogados, con Despacho en Madrid, podrán asesorarle si usted tiene algún familiar que deba ser declarado incapaz o pródigo y su patrimonio protegido. Porque el bienestar de sus seres queridos es su tranquilidad.

Tal y como nos indican las normas jurídicas de aplicación, la declaración de incapacitación puede ser total o parcial, en función del grado de afectación del incapaz.

Cuando la incapacitación es total, resulta necesario el nombramiento de un tutor para que administre y vele sobre la persona y el patrimonio del declarado incapaz, debiendo rendir cuentas ante el Juzgado al menos una vez al año mientras viva el tutelado.

En el supuesto de que el grado de afectación de la dolencia no sea extremo y exista la posibilidad de declarar la incapacidad como parcial, esto es, cuando el declarado incapaz pueda gobernarse por sí mismo, excepto para determinados negocios jurídicos, el Juzgado nombrará un curador, el cual deberá cuidar en igual medida para que en los actos de disposición patrimonial del incapaz se respeten y se observen todos los imperativos legales.

¿y cómo puede llegar una persona a ser declarada incapaz? Cobra especial importancia, en estos casos, el informe realizado por el equipo psicosocial y el médico forense adscritos al Juzgado. Estos profesionales, que adquieren el carácter de peritos en los procedimientos judiciales de incapacitación, se han de valer principalmente de toda la documentación médica y técnica aportada al procedimiento por el demandante, así como a través de la entrevista directa con el presunto incapaz.

No obstante, dicho informe no vincula al cien por cien al Juez, quien tomará declaración a demandante, testigos y presunto incapaz, a los efectos de valorar la pertinencia y / o necesidad de la declaración judicial de incapacidad y nombramiento de tutor o curador.

Animamos a nuestros lectores a escuchar la intervención radiofónica completa, en la que, con un lenguaje sencillo y cercano, todos aprenderemos qué es la incapacitación judicial y por qué se aplica.

 Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los abogados especialistas en esta materia, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:

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incapacidad

¿Quién es quién en la Justicia?

G. Varela Abogados

Nuestro blog cumple UN AÑO en el día de hoy, y para celebrarlo, además de darle un nuevo emplazamiento directamente en nuestra web, emularemos a un conocido juego de mesa, descubriendo “Quién es quién en la Justicia”.

PARA ESCUCHAR LA INTERVENCIÓN, PULSAD AQUÍ

RADIOEn muchas ocasiones, los usuarios de la Justicia se ven perdidos entre una gran maraña de personajes que pueblan la Administración de Justicia, sin saber bien a quién acudir y cuál es el cometido de cada uno de ellos. Grandes salas en las que decenas de personas se aferran a un ordenador, Salas de Vistas con estrados en los que, vestidos con toga, unos señores o señoras muy serios parecen discutir utilizando términos jurídicos incomprensibles.

 Y en medio de todo ese baile y entramado burocrático, el usuario, que naufraga aferrándose a una tabla en forma de abogado, quien en no pocas ocasiones es incapaz de transmitir a su cliente qué hace (o no hace) cada persona y cuál es el comportamiento adecuado en cada momento.

 Por ello, y para que todos nuestros lectores conozcan el “hormiguero” de la Administración de Justicia, pasaremos a explicar “quién es quién”:

 1.- Jueces y Magistrados: Regulados en los artículos 298 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces y Magistrados son los encargados de realizar la “función jurisdiccional”. ¿y qué significa “función jurisdiccional”?

 Utilizando un lenguaje coloquial, la función jurisdiccional consiste en IMPARTIR JUSTICIA, es decir, mediante la aplicación de las infinitas normas, resolver conflictos que les han sido planteados, ya sean estos de Derecho privado (civil y laboral) o de Derecho público (penal y contencioso administrativo).

 Cada Juez y Magistrado son INDEPENDIENTES en el ejercicio de sus funciones, sin más límites en sus decisiones que los marcados por el ordenamiento jurídico. Eso significa que, en la organización de su trabajo y el dictado de sus resoluciones, ningún Juez puede recibir órdenes de un “superior”, ya que funcionalmente esa superioridad es inexistente. “Un Juez, un Reino”.

 Funcionalmente, un Juez puede ser “de Instrucción”, estando encargado de la práctica de diligencias tendentes a la averiguación de determinados hechos, o ser un Juez “de juicios”, encargado de dictar Sentencias, tras la celebración de una vista o Juicio.

 2.- Secretarios Judiciales: La figura del Secretario Judicial es una de las grandes desconocidas por parte de los legos en Derecho y se regula en los artículos 435 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 Sus funciones más destacables, que se han ido ampliado a lo largo del tiempo con el fin de descargar de trabajo a los Jueces y Magistrados, son:

 – Fe pública procesal: En la práctica la fe pública procesal se traduce en el control del acta videográfica de las vistas y declaraciones. Hasta hace no poco tiempo, dichas actas eran recogidas en papel. No obstante, con la entrada de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia ha facilitado mucho la tarea de recoger de manera fiel todo lo que se dice en una Sala de Vistas. Asimismo, la fé pública procesal permite que el Secretario Judicial levante acta en una entrada y registro, en un lanzamiento por desahucio o en muchas otras ocasiones. Haciendo un paralelismo, podríamos decir que el Secretario Judicial actúa como un Notario en cuantos actos procesales es requerido para ello.

 – Organización del proceso: toda actuación procesal, a no ser que se encuentre declarada como secreta, ha de ser notificada a las partes. Así, el señalamiento de un Juicio, la citación de un testigo, la designación de un perito o una gran infinidad de comunicaciones de carácter procesal, han de ser dictadas por el Secretario Judicial.

 En este sentido, el Secretario Judicial actúa como un “jefe de Administración” de cada Juzgado.

 – Control de la cuenta de consignaciones del Juzgado: Cuando hay ejecuciones dinerarias (embargos en cuenta, de nómina, etc), el dinero ejecutado pasa a una cuenta bancaria de la que es titular el Juzgado. A los efectos de entregar ese dinero al acreedor del mismo, el Secretario Judicial será el encargado de emitir un documento conocido como “mandamiento de devolución” que, a modo de cheque, podrá ser canjeado por dinero en un Banco.

 3.- Ministerio Fiscal: Previsto como uno de los órganos con relevancia constitucional, la figura del Ministerio Fiscal se encuentra regulada en el artículo 124 de la Constitución Española, según el cual “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

 ¿y en qué se traduce todo eso?

 En la práctica, el Ministerio Fiscal se encarga de las siguientes funciones:

 – En la Jurisdicción Penal para mayores de edad, y hasta que sea modificada la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, se encarga, en la mayoría de las ocasiones, de la acusación en delitos públicos, con independencia de que exista o no acusación particular.

 – En la Jurisdicción Penal para menores de edad, el Ministerio Fiscal es el encargado de la instrucción de los expedientes de reforma, actuando a modo de Juez de Instrucción.

 – En la Jurisdicción Civil, el Ministerio Fiscal es el encargado de velar por los intereses de los menores o incapaces.

 Por ejemplo, en un divorcio con hijos menores, el Ministerio Fiscal solicitará las medidas (pensión de alimentos, visitas, guarda y custodia, etc) que considere más beneficiosas para el desarrollo del menor.

 Asimismo, en procedimientos en los que se solicita la incapacitación de una persona, el Ministerio Fiscal velará por el cumplimiento de todos los requisitos así como por la comprobación de que la persona cuya incapacitación se pretende se encuentre realmente afectada en un grado tal que no pueda regir sus bienes y su persona.

 3.- Procurador de los Tribunales: Figura prevista en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que encuentra sus inicios en la Edad Media, cuando los Procuradores eran los encargados de llevar a caballo las notificaciones desde los Tribunales a las distintas ciudades en las que vivían los que ejercían la defensa.

En la práctica, el Procurador es la persona encargada de la REPRESENTACIÓN PROCESAL de la persona que se ve en la obligación a iniciar un procedimiento de naturaleza judicial o que ha sido llamada a él a través de denuncia, querella o demanda.

 ¿y qué conlleva esa representación procesal? La presentación de escritos en nombre del cliente, la notificación de resoluciones y escritos presentados de contrario, la entrega y cobranza de mandamientos de devolución, la realización de gestiones de todo tipo ante los Juzgados y Tribunales, la asistencia obligatoria a diligencias de lanzamiento por desahucio, la notificación a contrarios de todo tipo de escritos, etc.

 Podemos decir que el Procurador es el encargado de realizar todo tipo de tareas de carácter administrativo, mediando entre su cliente y los órganos de la Administración de Justicia.

 Para que un Procurador pueda llevar a cabo su tarea es preciso que el cliente otorgue lo que se conoce como “Poder General para Pleitos”, ya sea ante notario o “apud acta”, es decir, ante el Secretario Judicial.

 5.- Perito: Regulado en los artículos 335 y siguientes, el perito es aquella persona que posee especiales conocimientos de una materia y de la que se sirven el resto de operadores de la Justicia para comprender unos determinados hechos.

 Evidentemente, ni un Juez, ni un Fiscal, ni un abogado tienen conocimientos universales sobre todo tipo de materias. Sin embargo, como consecuencia de las controversias que se suscitan, pudiendo versar éstas sobre cualquier cosa (desde defectos constructivos, pasando por humedades, hasta artificios financieros de todo tipo), los Jueces y las partes tienen que acudir a la figura del perito, quien, al ser llamado, realizará un informe sobre aquellos aspectos para los que sea requerido, y comparecerá en Juicio a los efectos de explicar el contenido de ese informe y ser preguntado de cuantos aspectos no queden claros.

 6.- Testigo: Los artículos 360 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 410 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevén la figura del testigo, que es aquella persona que tenga noticia DIRECTA de los hechos controvertidos y cuya declaración pueda aportar luz para la resolución del procedimiento.

 Toda persona llamada como testigo a un procedimiento judicial está obligada a acudir, pudiendo ser conducido por Fuerza Pública en caso de incomparecencia.

 A modo de anécdota podemos señalar que solo el Rey, la Reina y el Príncipe Heredero tienen dispensa legal para poder acudir como testigos a un procedimiento, pudiendo testificar por escrito el resto de miembros de la Familia Real, así como el Presidente del Gobierno, los Presidentes del Congreso de los Diputados y el Senado, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Presidente del Tribunal Supremo y los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

 Asimismo, podrán declarar desde sus despachos los Diputados y Senadores, así como otros cargos públicos.

 Resulta imprescindible poner de manifiesto que todos los testigos en la Jurisdicción Civil, tengan éstos la relación que tengan con las partes, están OBLIGADOS A DECIR VERDAD, so pena de ser imputado por la comisión de un delito de falso testimonio.

 Asimismo, en la Jurisdicción Penal, están dispensados de declarar los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos.

 7.- Abogado: El abogado, previsto en el artículo 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es aquella persona encargada del asesoramiento jurídico cualificado, así como la defensa técnica de la parte que comparezca a un procedimiento judicial, pudiendo hacerlo igualmente en procedimientos de naturaleza administrativa.

 Etimológicamente, el término “abogado” proviene del latín “advocatus”, cuyo significado es “llamado al auxilio”.

 El abogado, por su forma de ser llamado al procedimiento, puede ser de naturaleza particular, contratado directamente por el cliente, o de oficio, designado por organismo público para la defensa de los intereses de su cliente.

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quien es quien en la Justicia

 

 

Delitos contra la seguridad vial (nueva intervención radiofónica)

G. Varela Abogados.

“la semana pasada, saliendo de la discoteca, me pillaron en un control de alcoholemia y di positivo”; “circulando por una autopista prácticamente desierta, me ha fotografiado un radar a 220 km/h y quieren quitarme el carnet”; “me negué a soplar, porque no había bebido”.

Dado que en el Despacho de Madrid G. Varela Abogados, son muchas las consultas que recibimos relacionadas con los delitos contra la seguridad del tráfico, volvemos por segunda vez a la radio, para tratar de hacer comprensible el Derecho.

     En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “El Mañanero” de Libertad FM, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.

PARA ESCUCHAR LA INTERVENCIÓN, PULSAD AQUÍ

RADIO

Para facilitar la comprensión de la intervención radiofónica, exponemos los artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la seguridad del tráfico.

Artículo 379.

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Artículo 380.

1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior.

Artículo 381.

1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior.

2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior.

rtículo 382.

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

Artículo 383.

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Artículo 384.

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

Artículo 385.

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:

  1. Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.
  2. No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.

Artículo 385 bis.

El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128.

Artículo 385 ter.

En los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho.

     Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Madrid o a través de los siguientes medios:

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delitos seguridad vial II

“En vacaciones, a grandes problemas, grandes soluciones”

G. Varela Abogados

“la agencia de viajes ha arruinado mis vacaciones; el hotel no tenía nada que ver con el del folleto”, “al llegar al aeropuerto me encontré con que había más pasajeros que plazas en el avión y me he quedado en tierra“, “cuando he vuelto de vacaciones, me he encontrado mi casa desvalijada

En estos tiempos de crisis económica, política y social, la llegada de los meses de verano aconseja tratar de desconectar para comenzar el nuevo curso con energías renovadas.

 Casi todos, en mayor o menor medida, tratamos de romper las rutinas que nos unen a la gran ciudad, a los horarios encorsetados, a jefes pesados o compañeros inaguantables, para dar paso a momentos de tranquilidad y paz mental.

 Ya sea en la playa, en la montaña, en entornos rurales o disfrutando del extranjero, todos deseamos disfrutar de unas merecidas vacaciones.

 En condiciones normales, tanto los traslados como la estancia en el destino transcurren sin anécdotas reseñables y sin inconvenientes o sorpresas que nos amarguen esos días de vermouth, siestas interminables o visitas monumentales.

 Sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que, nada más atravesar la puerta de casa, o incluso antes, quedamos gafados como viajeros y, lo que es peor, vilipendiados como consumidores.

Para ponerle solución a estos y muchos otros problemas, G. Varela Abogados, ha vuelto a acudir, como cada semana programa radiofónico El Mañanero, de Radio Libertad.

PARA ESCUCHAR LA INTERVENCIÓN RADIOFÓNICA, PULSAD AQUÍ

RADIO

 Desde G. Varela Abogados aconsejamos a todos nuestros lectores RECLAMAR Y HACER VALER NUESTROS DERECHOS.

 Veamos distintas situaciones que pueden presentarse:

 1.- “el folleto que me dejaron en el buzón tenía un precio y al llegar a la agencia de viajes pretenden cobrarme suplementos no anunciados”.

 Según lo dispuesto en el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 1 /2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios “el contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la determinación del principio de conformidad con el contrato”.

 ¿y qué debo hacer en este tipo de situaciones?

 Inmediatamente, solicitar una hoja de reclamaciones, en la que explicaremos la situación. Una vez  rellenada, y adjuntando copia del folleto publicitario, entregaremos la hoja de reclamaciones en la oficina de Consumo de nuestra ciudad o Comunidad Autónoma.

  2.- “Cuando ya estaba en el aeropuerto han cancelado mi vuelo y me he quedado en tierra.” “han vendido más billetes que plazas tiene el avión y me he quedado en tierra”

 La legislación europea, transpuesta e incorporada a la legislación española, viene al rescate de los turistas y viajeros españoles.

 Así, el Reglamento CE 261 /2004, siempre que el viajero tenga como origen o destino un aeropuerto de algún Estado miembro de la Unión, o la compañía aérea sea nacional de algún Estado miembro, establece, en primer lugar, la obligación de la compañía de buscar, con carácter de urgencia, transportes alternativos, si estos resultan posibles y, en todo caso, el derecho del viajero a una compensación, que incluirá la estancia en hotel si la espera incluye pernocta, así como la manutención y, en concepto de indemnización:

 – 250 euros para vuelos de hasta 1.500 km.

    – 400 euros para vuelos de entre 1.500 y 3.000 km. y todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 km.

    – 600 euros para vuelos de más de 3.500 km. efectuados fuera de la UE.

Asimismo, si la cancelación del vuelo o el overbooking son imputables a la compañía aérea y ello supone la pérdida total o parcial de nuestras vacaciones con reserva, G. Varela Abogados recomienda reclamar el coste de los hoteles o excursiones no disfrutados.

 3.- “He conseguido volar, pero al llegar al destino me encuentro que mi equipaje ha sido extraviado”.

 De nuevo la legislación europea viene al rescate del pobre e indefenso viajero.

 En este caso, el Reglamento CE 889 /2002 y el Reglamento CE 285 /2010, disponen que para el caso de extravío o retraso grave en la llegada del equipaje darán derecho al viajero a reclamar una cantidad en concepto de compensación de hasta 1.300,00 euros, a no ser que previamente al embarque el viajero haya declarado y asegurado algún objeto de especial valor.

 En condiciones generales, el cálculo de la indemnización se realiza tomando como base el peso del equipaje, teniendo como valor de referencia 20 euros por kilo en vuelos nacionales y 30 euros por kilo en vuelos internacionales.

 Desde G. Varela Abogados aconsejamos, en todo caso, guardar Factura de todas las compras realizadas en el lugar de destino, a los efectos de acreditar cuál pudiera ser el contenido del interior de la maleta en caso de extravío.

 4.- “He contratado, reservado y pagado un apartamento por internet y al llegar al destino no había ningún apartamento”.

 En la práctica, ello significa que hemos sido estafados y deberemos acudir inmediatamente a un Juzgado o a una Comisaría a poner una denuncia.

 En G. Varela Abogados aconsejamos a nuestros lectores a extremar toda precaución antes del momento de la reserva.

 Detalles tan sencillos como que la persona o empresa que nos alquila el apartamento se acredite convenientemente o la búsqueda de opiniones en la red, pueden facilitar mucho nuestra búsqueda y conseguir que disfrutemos de unas merecidas vacaciones sin sobresaltos.

 5.- “Me he ido de crucero y nos han suspendido la mitad de las escalas”. “Mi crucero dejaba mucho que desear en cuanto a la calidad del barco”.

 Si nuestras vacaciones en el mar se han convertido en un viaje en un bajel pirata, debemos saber que la Ley nos ampara.

 En este caso, el artículo 151 del del Real Decreto Legislativo 1 /2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios nos faculta para reclamar responsabilidades a la agencia de viajes y al “mayorista” o propietario del barco de manera solidaria, con independencia de que la agencia de viajes se haya limitado a vendernos el producto, ya que el legislador entiende que la contratación directa con el consumidor se produjo a través de aquél.

 Por último, y si hemos conseguido disfrutar de unas vacaciones de ensueño, para evitar que nuestro retorno no sea una sorpresa, encontrándonos nuestra casa vacía de enseres, en G. Varela Abogados recomendamos extremar precauciones y ajustar nuestro comportamiento previo a unas normas básicas de prudencia:

 – No publicar en las redes sociales o foros ni la fecha de salida ni la duración de nuestro viaje.

 – Entregar la llave de casa a alguien de confianza para que cada dos o tres días suba las persianas y, ya de paso, riegue las plantas.

 – Poner temporizadores en las luces para que éstas se enciendan de vez en cuando.

 – Enchufar la televisión o la radio a un temporizador para que se encienda de vez en cuando.

 – Si somos afortunados y disponemos de domótica y cámaras en casa, hacer funcionar los elementos de la misma.

 En definitiva, no dar pistas a los cacos para que a nuestro regreso a casa todo se encuentre en su sitio.

En todo caso, desde G. Varela Abogados aconsejamos a nuestros lectores a acudir a nuestas instalaciones donde les ofreceremos un completo servicio de asesoramiento mediación. Nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

correo electrónico info@gvarelaabogados.com

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Hindu devotees travel on a crowded passenger train in Goverdhan

Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas

G. Varela Abogados

“mis vecinos del piso de arriba no me dejan dormir; cada noche hacen fiestas con música alta hasta la madrugada”, “el restaurante que hay en el bajo deja la basura en el patio y la salida de humos da a mi ventana”, “hay una serrería debajo de mi casa y el ruido es insoportable”.

¿quién no ha sufrido en alguna ocasión un vecino molesto o un comercio que emite olores o ruidos difíciles de aguantar?

Para ponerle solución a estos y muchos otros problemas, G. Varela Abogados, ha vuelto a acudir, como cada semana programa radiofónico El Mañanero, de Radio Libertad.

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RADIO

Las migraciones masivas del campo a la ciudad en la España de la posguerra a mediados del Siglo XX, con un siglo de retraso respecto del resto del continente europeo, supuso un cambio en la concepción de la forma de vivir.

 De las casitas bajas o las casas de campo rodeadas de hectáreas de terreno se pasó a la construcción en vertical, con grandes núcleos de población muy concentrados en altura.

 Con ello, actividades que hasta el momento se realizaban sin ningún tipo de cortapisa, empezaron a convertirse en una molestia para los vecinos colindantes e incluso un grave riesgo para la salud.

 Desde la tenencia de animales o la celebración de fiestas, hasta la instalación de un laboratorio químico o una carpintería.

 Para evitarlo, el legislador, desde 1960 a través de la Ley de Propiedad Horizontal, que como sabemos es el marco general que regula los derechos y obligaciones de los propietarios de viviendas existentes en una Comunidad de Propietarios, establece en su artículo 7.2 que

 “2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

 ¿y qué son actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas?

 El Decreto 2114 / 1961, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas las define de la siguiente manera:

 – MOLESTAS: serán calificadas como molestas las actividades que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen.

 Por ejemplo, la colocación de una máquina de coser “de las antiguas” o el típico vecino que piensa que vive en la selva y pone el subwoofer a máxima potencia.

 – INSALUBRES: se calificarán como insalubres las que den lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana.

 Por ejemplo, la total y absoluta falta de higiene de uno de los vecinos o la acumulación descontrolada de objetos en la vivienda, lo que comúnmente se conoce como “síndrome de Diógenes”. También podría considerarse como actividad insalubre la cría de animales.

 – NOCIVAS: se aplicará la calificación de nocivas a las que, por las mismas causas, puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola.

 Este tipo de actividades tiene un encarte más complicado en su aplicación a la propiedad horizontal, por lo que en la práctica se suele recurrir a los otros tres tipos en solicitud de cesación.

 – PELIGROSAS: se consideran peligrosas las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes.

 Por ejemplo, la instalación en los bajos de un edificio de un laboratorio químico o la acumulación de elementos que pudieran provocar, de verterse, una reacción que produzca gases o explosiones.

 ¿y cómo hago para que mi vecino molesto deje de hacer lo que hace?

G. Varela Abogados tiene la solución.

Debemos acudir nuevamente al contenido del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal cuando dispone que:

 El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.

 Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario.

 Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local.

 Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento.”

 Lo que quiere decir esto es que da igual quién sea el infractor, propietario o inquilino. En la práctica el propietario se convierte en responsable de lo que su inquilino haga.

 Por lo que… mucho cuidado en la elección de inquilinos.

En todo caso, desde G. Varela Abogados aconsejamos a nuestros lectores a acudir a nuestas instalaciones donde les ofreceremos un completo servicio de asesoramiento mediación. Nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

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Actividades molestas

Hasta que el Juzgado nos separe (intervención radiofónica)

G. Varela Abogados

“mi mujer y yo no nos aguantamos y queremos separarnos”, “mi marido no me paga la pensión de alimentos que tenemos acordada para nuestros hijos”, “después del fin de semana, me trae a los niños tarde y sin cenar…”

Estas y muchas otras frases escuchamos cada día en el Despacho.

Para ponerle solución a estos y muchos otros problemas, G. Varela Abogados, ha vuelto a acudir, como cada semana programa radiofónico El Mañanero, de Radio Libertad.

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RADIO

Si tuviéramos que organizar un podium virtual de las dudas y temas que nuestros clientes y lectores tratan de resolver acudiendo a G. Varela Abogados, sin duda alguna la medalla de oro sería para las cuestiones relacionadas con las separaciones y divorcios.

Partamos de la base de que el matrimonio, tanto en su nacimiento, como en su discurrir, forma de terminación y “el más allá” se constituye como un complejo intrincado de relaciones, tanto de naturaleza puramente civil como de naturaleza económica, sin olvidar su especial significación, ya que es el único negocio jurídico que trae como causa una relación de carácter afectivo, físico y emocional.

Dejando a un lado las distintas formas de matrimonio, así como las obligaciones y deberes que cada uno de los cónyuges debe observar durante su vigencia, nos centraremos en tratar de resolver cómo puede ponerse punto y final a un matrimonio de la manera menos traumática posible o, de no conseguirse, que nuestros lectores tengan claros cuáles son los puntos de interés sobre los que deberán incidir en la defensa de sus intereses.

Previamente al desarrollo de tales planteamientos, resulta interesante poder realizar un breve análisis acerca de la evolución de las figuras de la separación y el divorcio.

El legislador español, como integrante de un Estado ligado a la tradición Cristiana, ha considerado la relación matrimonial en relación con su regulación normativa, como un negocio jurídico de naturaleza “indefinida“, haciendo bueno el mandato de la Iglesia que reza “hasta que la muerte os separe”.

Sin embargo, la entrada en democracia a finales de los años setenta del Siglo XX, el nacimiento de una moderna Constitución, así como la importante influencia que ha supuesto la entrada en las Instituciones Europeas y la “globalización de pensamientos”, provocó, en el año 1981, la promulgación de una serie de normas “innovadoras” que facilitaban, en cierta medida, el acceso a la suspensión o resolución del vínculo matrimonial. Dichas normas tuvieron reflejo en su incorporación al Código Civil.

Si bien hasta el año 2005 dicha suspensión o resolución revestía el carácter de causal formalmente, en la práctica resultaba posible separarse o divorciarse por mera desafección afectiva.

Para ello, era preciso esperar un plazo mínimo de un año desde la celebración del matrimonio para poder separarse, así como otro año desde la separación para poder conseguir el divorcio.

Una vez comenzado el Siglo XXI, y con la entrada al poder de un nuevo Gobierno de tintes socialdemócratas, se dio un nuevo giro de tuerca a la naturaleza civil del matrimonio, bastando un plazo de tres meses desde la celebración del mismo para poder separarse o divorciarse. Además de lo anterior, la separación o el divorcio dejaron de tener un origen causal para pasar a depender simplemente de la voluntad de los cónyuges, sin necesidad de argumentos adicionales.

La SEPARACIÓN, regulada en los artículos 81 a 84 del Código Civil, supone en la práctica, la cesación en la obligación de convivencia entre los cónyuges, así como la cesación en la obligación de vincular bienes del otro cónyuge en la potestad doméstica. En pocas palabras, aquél que se separa judicialmente consigue la SUSPENSIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL.

Por su parte, el DIVORCIO, regulado en los artículos 85 y siguientes del Código Civil, supone la DISOLUCIÓN DEFINITIVA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL.

Por último, la figura menos utilizada en nuestro derecho procesal civil para resolver el contrato matrimonial es la NULIDAD MATRIMONIAL, con una serie de requisitos específicos, pero con similares consecuencias al divorcio desde el punto de vista práctico.

Como cualquier vía de resolución de conflictos, existen dos maneras de resolver la crisis de un matrimonio que ha llegado a su fin.

Como premisa inicial, debemos poner de manifiesto la prácticamente ABSOLUTA DISPONIBILIDAD de los cónyuges sobre el procedimiento, siempre que se observen, tal y como refleja el Código Civil, una serie de medidas obligatorias que posteriormente analizaremos.

– En primer lugar, DE MUTUO ACUERDO, por medio de un Convenio Regulador de separación o divorcio.

La separación o el divorcio de mutuo acuerdo tiene lugar cuando entre ambos cónyuges, con la anuencia del Ministerio Fiscal en caso de haber hijos menores en el matrimonio, se dan los acuerdos necesarios en orden a regular las medidas aplicables tras la disolución del vínculo matrimonial, y a las cuales haremos referencia con posterioridad.

Desde G. Varela Abogados somos firmes defensores de la resolución de conflictos de la manera más pacífica y rápida posible, inclinándonos, si las circunstancias lo permiten, por aconsejar a nuestros clientes por esta forma de separación o divorcio.

La experiencia de largos años en el Despacho nos dice que resulta complicado evitar el nacimiento de conflictos una vez disuelto el vínculo matrimonial. No obstante, dichos conflictos resultan siempre de menor entidad y son menos numerosos si existió acuerdo respecto de las medidas a llevar a cabo.

Asimismo, la firma de un Convenio Regulador de separación o divorcio acorta sensiblemente los plazos de ratificación y Sentencia, pudiendo conseguirse, desde la presentación de la DEMANDA CONJUNTA, en función de la carga de trabajo del Juzgado competente, en poco más de un mes.

– La segunda de las vías por las que un matrimonio en crisis puede llegar a su fin por separación o divorcio, más larga, costosa y dolorosa es la VÍA CONTENCIOSA.

Tal procedimiento, que persigue los mismos fines que el anterior, resulta inevitable cuando entre ambos cónyuges se pretenden medidas distintas a aplicar una vez resuelto el contrato matrimonial, por lo que tendrá que ser un Juez, tras el pertinente Juicio, el encargado de resolver las controversias que pudieran suscitarse, por medio de Sentencia.

No obstante, incluso tras haber iniciado un procedimiento contencioso de separación o divorcio resulta posible reconducirlo a la vía del mutuo acuerdo, con las mismas medidas solicitadas en la demanda o con cualesquiera otras consensuadas por los cónyuges.

Cualquiera que sea la vía por la que opten los cónyuges, el artículo 90 y siguientes del código civil establece cuáles serán las MEDIDAS COMUNES A LA SEPARACIÓN, NULIDAD Y DIVORCIO, siendo éstas las siguientes:

1.- Cesación del deber de convivencia y deber recíproco de alimentos.- Como indicábamos anteriormente, una vez que los cónyuges se separan o se divorcian, cesa la efectiva obligación de convivencia, así como la de prestarse alimentos y cuidado de manera recíproca.

2.- Revocación de poderes entre ambos cónyuges.

3.- PATRIA POTESTAD de los hijos menores (si los hubiera).- La patria potestad sobre los hijos menores viene formada por todas aquellas facultades, condiciones y circunstancias que tienen la consideración de SUSTANCIALES para el desarrollo de la personalidad del menor.

A modo ilustrativo, podríamos señalar las siguientes: religión, colegio, tratamientos e intervenciones médicos y quirúrgicos de naturaleza no urgente, actividades extraescolares, etc.

En condiciones normales, la patria potestad será COMPARTIDA entre ambos padres, los cuales deberán acordar todo lo relativo a los aspectos más importantes relacionados con el desarrollo de la personalidad de sus hijos. En caso de desavenencia, tendrá que ser un Juez, nuevamente, el que resuelva el conflicto.

4.- GUARDIA Y CUSTODIA.- Tal y como señalábamos anteriormente, la patria potestad es el nudo gordiano respecto de las decisiones que atañen al desarrollo de un hijo menor.

Por su parte, la guardia y custodia lo conforma todo lo relacionado con el cuidado y atención diarios, así como la CONVIVENCIA DIARIA CON EL MENOR.

Tradicionalmente, la guardia y custodia ha sido concedida a la madre, por cuanto era ésta la que se encargaba del cuidado de los menores.

La paulatina incorporación de la mujer al mercado laboral, así como las distintas políticas de igualdad en cuando al cuidado de los hijos han supuesto, durante los últimos años, la aparición de lo que se ha venido a conocer como la CUSTODIA COMPARTIDA.

Dicho régimen de guardia y custodia supone el reparto por igual medida en cuanto a la convivencia con los hijos menores lo que, de cara a su desarrollo, podría suponer un innegable beneficio.

Sin embargo, los Juzgados y Tribunales, en la práctica, conceden únicamente la custodia compartida si se dan unas circunstancias de especial significación como son que ambos padres residan en torno al círculo social de los menores (colegio, amigos, familia, etc) o que exista ACUERDO respecto de turnos de convivencia entre padre y madre (o padre y padre, o madre y madre) en el domicilio familiar.

A este respecto, la experiencia en G. Varela Abogados nos indica que resulta IMPRESCINDIBLE un buen ambiente entre los padres de los menores para que dicha medida resulte satisfactoria para los hijos. De lo contrario y por razones evidentes, está condenada al fracaso.

5.- USO Y DISFRUTE DE LA VIVIENDA FAMILIAR.- Muchas son las leyendas que existen en relación con este punto, quizá uno de los más problemáticos de cuantos hemos tratado hasta el momento, en un contexto de crisis económica durante el cual las viviendas gravadas con préstamo hipotecario se encuentran a la orden del día.

En caso de separación, nulidad o divorcio, SIEMPRE ha de primar el INTERÉS MÁS NECESITADO DE PROTECCIÓN. Dicho interés, configurado a lo largo de los años por la Jurisprudencia, señala que, en el caso de existir hijos menores en el matrimonio, serán éstos los que detenten el derecho de uso y disfrute de la vivienda familiar, en compañía del progenitor que ostente su guardia y custodia, CON INDEPENDENCIA DE LA TITULARIDAD DE LA VIVIENDA.

Así, se puede dar la circunstancia (y de hecho, se da) de que uno de los progenitores, cuya relación con la entidad bancaria que le concedió el préstamo hipotecario para comprar la vivienda, se vea en la obligación de seguir abonando las cuotas del mismo, sin que por Sentencia judicial tenga reconocido el derecho a residir en dicho lugar.

Queremos hacer hincapié, en que lo que la Sentencia de separación, nulidad o divorcio viene a determinar es el DERECHO DE USO Y DISFRUTE, pero nunca el derecho de propiedad.

En el supuesto de que no existieran hijos menores el Juez atenderá, como señalamos al interés más necesitado de protección, debiendo estar a cada caso y circunstancias concurrentes.

6.- RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN, ESTANCIA Y VISITAS.- En un mundo ideal, el divorcio o separación de un matrimonio no debería afectar a los hijos menores que existan en el mismo.

Sin embargo, la experiencia en G. Varela Abogados nos dice todo lo contrario. En muchas ocasiones los menores son utilizados como arma arrojadiza o moneda de cambio en momentos de tensión.

Para evitar situaciones desagradables, o intentar minimizarlas en la medida de lo posible, es imprescindible que tanto en el Convenio Regulador como en la propia Sentencia se encuentre perfectamente regulado el régimen de comunicación, estancia y visita, lo que se traduce en el derecho de los menores, que es el que siempre ha de prevalecer, en mantener comunicación o pasar tiempo en compañía del progenitor no custodio.

Como cualquier otro aspecto reflejado en el Convenio Regulador o en la Sentencia, en caso de mutuo acuerdo esta medida se muesta como flexible, pudiendo, con la observancia de unos mínimos, variar sustancialmente de un acuerdo a otro.

Asimismo, en la práctica resulta posible, siempre en interés del desarrollo del menor, ampliar estas comunicaciones y estancias o modificar los plazos, cuando existe buen ambiente entre los padres o se es consciente de que el niño o adolescente es un ser humano independiente y no un objeto de conflicto.

Así, el Convenio Regulador o la Sentencia se configuran como referentes en momentos de desavenencias o desacuerdos, sirviendo como base para que éstos sean evitados.

Dos son los “bloques” básicos a los cuales hay que atender en el momento de configurar esta medida:

– En primer lugar los PERÍODOS ORDINARIOS DE COMUNICACIÓN, ESTANCIA Y VISITAS. Nos referimos, principalmente, a la regulación durante el curso escolar. Por ello, la medida deberá observar, como mínimo, los siguientes puntos:  los días y horarios de las comunicaciones intersemanales (por ejemplo, llamadas telefónicas), como las visitas y estancias que el progenitor no custodio durante la semana escolar. En función de la edad del menor dichas comunicaciones y estancias podrán tener una frecuencia y duración u otra.

Igualmente, deberá reflejar las estancias en fin de semana, las cuales suelen extenderse en fines de semana alternos desde los viernes a la salida del colegio hasta los domingos por la tarde. Generalmente, si existen días de fiesta escolar aledaños al fin de semana, éstos suelen añadirse al período de estancia con el progenitor no custodio.

Podemos incluir de la misma manera en este gran bloque de medidas, las estancias con el progenitor no custodio, en función de quién sea éste, el Día de la Madre, el Día del Padre, el cumpleaños del menor o cualquier otra fecha de especial significación para la familia.

Desde G. Varela Abogados insistimos en la necesidad de normalizar las recogidas y entregas de los menores, puesto que se trata de momentos de tensión entre los ex cónyuges que aquéllos somatizan sensiblemente. Para el supuesto de que seamos conscientes de que las situaciones de conflicto son insostenibles, aconsejamos que los intercambios se realicen a través de familiares o, en última instancia, se acuda a los puntos de encuentro familiares, donde el contacto entre los padres podrá ser nulo si así se desea.

– En segundo lugar, debemos reflejar los PERÍODOS EXTRAORDINARIOS DE COMUNICACIÓN, ESTANCIA Y VISITAS. Durante dichos períodos, el régimen ordinario queda en SUSPENSO, por cuanto los plazos extraordinarios suelen coincidir con las VACACIONES ESCOLARES DE LOS MENORES. Así, en todo Convenio Regulador o Sentencia deberá ponerse de manifiesto cuál será el período que el menor pasará con cada uno de sus progenitores durante las vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa. Como norma general, dichos periodos vacacionales suelen repartirse por mitad o, en el caso de la Semana Santa, por períodos enteros en años alternos.

Respecto de este tipo de visitas surgen, en la práctica, infinidad de conflictos, respecto de qué mitad pasará el menor en compañía de cada uno de sus progenitores. Para evitar este tipo de disensiones, que acaban muchas veces en los Tribunales, desde G. Varela Abogados aconsejamos reflejar que uno de los ex cónyuges elija los años pares y otro los años impares con, al menos, dos meses de antelación. Asimismo, aconsejamos igualmente comunicación fluida y constante respecto de fiestas escolares, para que el progenitor no custodio pueda acudir a las celebraciones de su hijo y comparta, de esta manera, los momentos que para el menor son importantes.

7.- PENSIÓN DE ALIMENTOS.- Junto con el punto anterior y con el que posteriormente desarrollaremos,  el deber de prestar pensión de alimentos se configura como el gran caballo de batalla de las crisis matrimoniales.

El Código Civil y la Jurisprudencia determinan la obligación del PROGENITOR NO CUSTODIO de contribuir al mantenimiento económico del desarrollo de sus HIJOS MENORES O MAYORES DE EDAD ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES.

Tal contribución viene determinada en relación con dos grandes premisas:

– En primer lugar, las NECESIDADES DEL ALIMENTISTA. Es decir, cuáles son las necesidades que tiene el menor o mayor de edad económicamente dependiente para su día a día. En este caso, habrá que atender al nivel de vida de la familia antes de la separación o divorcio, así como a las especiales necesidades que pudiera tener el beneficiario de los alimentos por razón de su salud u otras circunstancias.

A lo largo de la vida de un menor, sobre todo si el momento de la separación o divorcio se produce en edad temprana, dichas necesidades se van modulando en función de su desarrollo, por lo que será necesario acudir en ocasiones a un procedimento judicial de modificación de medidas.

– Y, en segundo lugar, la CAPACIDAD ECONÓMICA DEL OBLIGADO AL PAGO. Al igual que en el apartado anterior, éste resulta un punto de análisis capital a la hora de determinar cuál será la cantidad que el progenitor no custodio habrá de aportar para coadyuvar al mantenimiento diario de sus hijos.

Por último, debemos diferenciar, tal y como se refleja en las Sentencias y / o Convenios Reguladores entre GASTOS ORDINARIOS, siendo éstos todos aquéllos que se podrán prever en el desarrollo de un menor (alimento, vestido, transporte, etc.) de los GASTOS EXTRAORDINARIOS, siendo éstos todos aquéllos que no se presenten de manera cotidiana o que, por su especial significación, tengan la consideración de urgentes o inesperados (libros, gastos médicos y farmacológicos, viajes extraescolares, etc.)

Desde G. Varela Abogados aconsejamos a nuestros lectores determinar con total exactitud en los Convenios Reguladores o demandas qué partidas serán consideradas gastos ordinarios y cuáles serán tomadas como gastos extraordinarios.  La experiencia nos señala que, en este caso, el refrán “más vale prevenir que curar” adquiere todo su significado.

Por último, y en relación con la pensión de alimentos, debemos señalar que ésta NO queda suspendida durante los períodos extraordinarios de comunicación, estancia y visitas que el menor convive con el progenitor no custodio, por cuanto lo que la jurisprudencia entiende es que se realiza un PRORRATEO de doce meses respecto del total anual.

8.- PENSIÓN COMPENSATORIA.- Como indicábamos anteriormente, además del uso y disfrute de la vivienda familiar y la pensión de alimentos, la aparición de la figura de la pensión compensatoria resulta clave en la clasificación de una separación o divorcio como de mutuo acuerdo o contenciosa.

El nacimiento de la pensión compensatoria como medida de naturaleza civil tras una crisis matrimonial tiene su fundamento en el tradicional papel de la mujer como madre, esposa y ama de casa al que hacíamos alusión al comienzo de esta entrada, siendo que, con el paso del tiempo, va perdiendo importancia en el peso de una separación o divorcio, excepto en matrimonios de avanzada edad o con características especiales.

Y ello es así porque la pensión compensatoria, como su propio nombre indica, se constituye como el pago que uno de los cónyuges se ve en la obligación de abonar al otro, como consecuencia del desequilibrio económico que este último sufre por razón de la separación matrimonial.

Para ello, existen indinidad de factores a tener en cuenta a la hora de que por parte del Juzgado se apoye su instauración, así como se cuantifique. Entre dichos factores, podemos destacar los siguentes: duración del matrimonio, edad de los cónyuges, formación académica, dedicación a la familia, experiencia laboral, desequilibrio en el nivel de ingresos, etc.

De acuerdo con lo anterior, la casuística nos aconseja analizar cada caso a los efectos de determinar su posible aplicación.

Por otro lado, y atendiendo igualmente a las variables a las que hacíamos mención, la pensión compensatoria puede tener consideración de VITALICIA o TEMPORAL, pudiendo variarse a lo largo del tiempo igualmente, tanto su naturaleza, como la cuantía de la misma en función de las circunstancias concurrentes en cada supuesto de hecho.

En todo caso, no bastará la simple concurrencia de las modificaciones de facto, sino que habrá que acudir, nuevamente, a un procedimiento judicial de modificación de medidas.

9.- Por último, cualquier Sentencia o Convenio Regulador de separación o divorcio que se precien, deberán hacer mención de la APORTACIÓN A LAS CARGAS DEL MATRIMONIO.

Éste es el caso, por ejemplo, de las cuotas de comunidad de propietarios, impuestos tasas o arbitrios de cualquier tipo respecto de los bienes de los que resulte titular la unión conyugal (IBI, IVTM, etc).

No debemos olvidar, como punto capital, que el Ministerio Fiscal, siempre que existan hijos menores o incapaces en el matrimonio, deberá dar el visto bueno a los pedimentos de los cónyuges, dado que la defensa del interés de aquéllos le está encomendada por su Estatuto.

Tal y como indicábamos al inicio de esta exposición, la ruptura matrimonial constituye el inicio de una nueva y complicada relación jurídica, que deberá ser asesorada y atendida por profesionales para guiar a los cónyuges en un mundo que posiblemente desconocían.

En todo caso, desde G. Varela Abogados aconsejamos a nuestros lectores a acudir a nuestas instalaciones donde les ofreceremos un completo servicio de asesoramiento mediación. Nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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divorcio

Delitos contra la propiedad (parte I): HURTO y ROBO

¿por qué el Ordenamiento Jurídico español protege la PROPIEDAD PRIVADA? Y dando un “paso atrás” ¿QUÉ ES LA PROPIEDAD?

Como cada semana, G. Varela Abogados acude a los estudios de la radio, para hacer el mundo del Derecho accesible al ciudadano.

 Según el Diccionario de la Lengua Española, existen diversas acepciones para el término “PROPIEDAD”. Desde la “propiedad horizontal”, típica de las Comunidades de Propietarios, pasando por la “nuda propiedad, que es aquélla en la que se carece del uso y disfrute del bien (por ejemplo un piso heredado en el que vive la viuda), hasta el concepto “genérico” del término propiedad. El propio Diccionario de la Lengua Española define la palabra “PROPIEDAD” como el “Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales.”

Vemos, por tanto, que existen tres características principales que definen la propiedad tal y como la conocemos en España o, si se quiere, en los sistemas de derecho occidentales.

 Evidentemente, en Cuba, Corea del Norte o China, el concepto que se pueda tener de la palabra propiedad difiere sensiblemente de lo que aquí sentimos, pensamos y percibimos al leerla o escucharla.

Como decíamos, tres son las notas definitorias:

1.- En primer lugar, que se trata de un DERECHO O FACULTAD. Sabido es que todo derecho comporta obligaciones y / o prohibiciones para un tercero. Por ejemplo, en el caso del derecho a la vida, comporta la prohibición a terceros de cercenarlo a través del homicidio o el asesinato; en el caso del derecho a la libertad, supone la proscripción de la detención ilegal o el secuestro; en el caso del derecho a la intimidad, conlleva la inviolabilidad del domicilio o la prohibición para intervenir comunicaciones. Y así todos y cada uno de los derechos que nos hemos dado los ciudadanos a través del ordenamiento jurídico vigente.

Veremos a continuación cómo la Ley protege el Derecho a la propiedad.

2.- Como segunda nota definitoria, nos encontramos con que dicho derecho se articula como POSESIÓN O DISPOSICIÓN DE ALGO, ya sea para usarlo, para enajenarlo, para arrendarlo o simplemente para poseerlo, sin que dicha posesión o disposición pueda ser, como veíamos anteriormente, violentada por terceros.

3.- Finalmente, vemos cómo aparece la nota de la LIMITACIÓN LEGAL o la “función social del derecho de propiedad”.

Para poder entender esta limitación, habremos de acudir al contenido del artículo 33 de la Constitución Española, enclavado dentro de “los derechos y deberes de los ciudadanos”.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

¿y cómo se traduce la causa justificada de utilidad pública o interés social? A través de la EXPROPIACIÓN.

Fuera de esos límites legales al derecho de propiedad, cualquier atentado contra el mismo se convierte en ilícito.

Y, como siempre, habremos de acudir al contenido de los diversos artículos existentes en el CÓDIGO PENAL para conocer qué comportamientos son los que el texto legal prevé como penalmente reprochables, así como cuáles son las penas previstas:

Pasemos a ello:

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– HURTO.- El artículo 234 del Código Penal define hurto como tomar cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño”.

Para la consideración de tal comportamiento como delito y no como falta será necesario que la cosa mueble tomada supere un valor de tasación de 401 euros. De lo contrario, hablaríamos de falta de hurto (pequeños hurtos en comercios), prevista en el artículo 623 del Código Penal.

El castigo previsto para el DELITO DE HURTO es la pena de prisión de seis a dieciocho meses.

Asimismo, el propio artículo 234 del Código Penal prevé los casos de REITERACIÓN DELICTIVA. Así, la comisión de tres o más faltas en el plazo de un año será considerada igualmente como delito. Con ello, el legislador pretende evitar la impunidad de los profesionales del hurto.

Existe una MODALIDAD AGRAVADA del delito de hurto, configurada por distintos supuestos, por medio de la cual la pena de prisión puede llegar hasta los tres años, lo que supondría, aún sin antecedentes penales, la entrada en un centro penitenciario para cumplimiento. Estos supuestos son:

– La sustracción de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

– La sustracción de cosas de primera necesidad, siempre que provoque desabastecimiento.

– Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o el hurto se haya cometido abusando de las circunstancias personales de la víctima (ciegos, discapacitados, etc).

– Cuando se utilice a menores de catorce años para la perpetración del delito.

Por último, existe una modalidad un tanto extraña o atenuada, cuya pena es la de multa de 3 a 12 meses, que se da cuando el propietario de una cosa mueble sustrae la misma a quien la tiene legítimamente en su poder.

– ROBO.- El Código Penal, en su artículo 237, prevé dos modalidades para el delito de robo (sea cual sea la cuantía de lo tomado). Nos dice:

Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas.

1.- En un primer lugar, el artículo 238, determina que cometen el DELITO DE ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS y serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años, los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

– Escalamiento.

– Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.

– Fractura de armarios u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, forzamiento de cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido.

– El uso de llaves falsas.

– La inutilización de sistemas específicos de alarma.

A modo de curiosidad, el Código Penal determina que son llaves falsas, tanto las ganzúas o instrumentos análogos, como las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas de modo ilegítimo.

2.- En segundo lugar, el texto legal afronta la comisión del ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN, modalidad agravada respecto de la anterior, con una pena prevista de dos a cinco años de prisión.

Aun sin existir violencia o intimidación, el Código Penal establece que la misma pena de prisión se impondrá en supuestos de robo en casa habitada o en edificios o locales abiertos al público, incluso aunque la vivienda se encuentre vacía en ese momento.

Vemos, en este caso, cómo el derecho a la propiedad se encuentra especialmente reforzado por el derecho a la intimidad.

Asimismo, el Código Penal, atendiendo a la gravedad del comportamiento delictivo, ordena castigar, además del robo, los actos de violencia física y su resultado (falta o delito de lesiones).

Por último, el texto legal ordena imponer las penas en su mitad superior, esto es, desde tres años y seis meses hasta cinco años, para el supuesto de que para la comisión del robo o la huida se utilicen armas, aunque sea para intimidad.

A modo de curiosidad, la Jurisprudencia ha llegado a entender el propio cuerpo humano como arma, en el caso de especialistas en artes marciales o de otros deportes de lucha o contacto.

Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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robo y hurto

Delitos contra el honor: INJURIAS y CALUMNIAS

Me han insultado por teléfono“, “me he encontrado pintadas en la puerta de mi casa mofándose de mí”, “el periódico de mi pueblo dice que he cometido un delito y es falso”…

Una nueva semana, G. Varela Abogados tiene acceso a los medios.

     En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DELITOS CONTRA EL HONOR: INJURIAS Y CALUMNIAS

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La Constitución Española de 1978 consagra los DERECHOS FUNDAMENTALES de todos los ciudadanos.

De todos ellos, quizá por su intangibilidad, los más complicados de concebir son el DERECHO AL HONOR,  el DERECHO A LA INTMIDAD y el DERECHO A LA PROPIA IMAGEN, reconocidos por el artículo 18.1

1.- Derecho al HONOR:

El derecho al honor protege la valoración que de la persona en cuestión se tenga en su ámbito personal o social. El concepto de derecho al honor se relaciona con la reputación y fama de una persona, su prestigio profesional o su dignidad personal.

Pueden ser titulares del derecho al honor las personas físicas y las personas jurídicas.

Como señalábamos, aunque “intangible”, el Derecho al Honor se configura en la Constitución Española como uno de los Derechos Fundamentales, con especial protección por parte de la legislación y los Poderes Públicos.

2.- Derecho a la INTIMIDAD:

 El derecho a la intimidad personal y familiar permite al sujeto mantener fuera de la acción y conocimiento de terceros su ámbito personal y familiar. Nos encontramos ante una esfera de lo más íntimo y personal del sujeto que éste tiene derecho a reservarse para sí mismo.

Solo las personas físicas son titulares del derecho a la intimidad.

La representación más importante del derecho a la intimidad es la inviolabilidad del domicilio, recogida igualmente en el artículo 18 de la Constitución Española de 1978.

3.- Derecho a la PROPIA IMAGEN:

El derecho a la propia imagen atribuye al individuo la capacidad de decidir libremente sobre la captación, reproducción o difusión de su imagen entendida como representación gráfica de la figura humana. Este derecho faculta a las personas a difundir o publicar su propia imagen y, por ende, su derecho a evitar su reproducción.

Como vemos, la libertad de información, prensa y expresión, también configurados como Delitos Fundamentales en la Constitución Española, se establecen como la “otra cara de la moneda”, al informar y opinar sobre sucesos o características acerca de personas, físicas o jurídicas.

 De los tres derechos anteriores, los delitos de INJURIAS Y CALUMNIAS atentan contra el DERECHO AL HONOR

–       ¿QUÉ ES UNA CALUMNIA?

Según el artículo 205 del Código Penal “es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

Por su parte, el artículo 206 dispone que “las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses.”

Artículo 207.- El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado.

–       ¿QUÉ ES UNA INJURIA?

Por lo que respecta al delito de injurias, el artículo 208 del Código Penal dispone que “es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. En caso contrario, la injuria podría ser considerada como FALTA.

Artículo 209.- Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses.

Artículo 211.- La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante.

Artículo 212.-  En los casos a los que se refiere el artículo anterior, será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria.

En estos casos, y si el agraviado lo solicita, el medio informativo estará obligado a publicar, con la misma publicidad, tamaño y posición, la Sentencia de condena.

ESPECIFICIDADES DE LOS DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA

Artículo 215.1.-  Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.

Si la injuria o la calumnia fueran vertidas en un procedimiento judicial, será OBLIGATORIO recabar el permiso del Juez ante el que se hubieran hecho las manifestaciones, ya se hayan hecho éstas de forma oral o por escrito.

El perdón del ofendido, extingue la acción penal, al tratarse de un delito de los considerados de naturaleza PRIVADA. Para conocer la distinta naturaleza de los delitos, animamos a nuestros lectores a acudir a la entrada del blog “¿y si quiero quitar la denuncia?

Artículo 216.- En los delitos de calumnia o injuria se considera que la reparación del daño comprende también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del condenado por tales delitos, en el tiempo y forma que el Juez o Tribunal consideren más adecuado a tal fin, oídas las dos partes.

Es OBLIGATORIO igualmente, antes de formular querella, haber presentado la preceptiva PAPELETA DE CONCILIACIÓN, para celebración de acto de conciliación, en el que el conciliado, requerido para ello, puede reconocer la falsedad de sus manifestaciones, aunque la experiencia en G. Varela Abogados nos indica que ello rara vez ocurre.

Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

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