¿Quién es quién en la Justicia?

G. Varela Abogados

Nuestro blog cumple UN AÑO en el día de hoy, y para celebrarlo, además de darle un nuevo emplazamiento directamente en nuestra web, emularemos a un conocido juego de mesa, descubriendo “Quién es quién en la Justicia”.

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RADIOEn muchas ocasiones, los usuarios de la Justicia se ven perdidos entre una gran maraña de personajes que pueblan la Administración de Justicia, sin saber bien a quién acudir y cuál es el cometido de cada uno de ellos. Grandes salas en las que decenas de personas se aferran a un ordenador, Salas de Vistas con estrados en los que, vestidos con toga, unos señores o señoras muy serios parecen discutir utilizando términos jurídicos incomprensibles.

 Y en medio de todo ese baile y entramado burocrático, el usuario, que naufraga aferrándose a una tabla en forma de abogado, quien en no pocas ocasiones es incapaz de transmitir a su cliente qué hace (o no hace) cada persona y cuál es el comportamiento adecuado en cada momento.

 Por ello, y para que todos nuestros lectores conozcan el “hormiguero” de la Administración de Justicia, pasaremos a explicar “quién es quién”:

 1.- Jueces y Magistrados: Regulados en los artículos 298 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces y Magistrados son los encargados de realizar la “función jurisdiccional”. ¿y qué significa “función jurisdiccional”?

 Utilizando un lenguaje coloquial, la función jurisdiccional consiste en IMPARTIR JUSTICIA, es decir, mediante la aplicación de las infinitas normas, resolver conflictos que les han sido planteados, ya sean estos de Derecho privado (civil y laboral) o de Derecho público (penal y contencioso administrativo).

 Cada Juez y Magistrado son INDEPENDIENTES en el ejercicio de sus funciones, sin más límites en sus decisiones que los marcados por el ordenamiento jurídico. Eso significa que, en la organización de su trabajo y el dictado de sus resoluciones, ningún Juez puede recibir órdenes de un “superior”, ya que funcionalmente esa superioridad es inexistente. “Un Juez, un Reino”.

 Funcionalmente, un Juez puede ser “de Instrucción”, estando encargado de la práctica de diligencias tendentes a la averiguación de determinados hechos, o ser un Juez “de juicios”, encargado de dictar Sentencias, tras la celebración de una vista o Juicio.

 2.- Secretarios Judiciales: La figura del Secretario Judicial es una de las grandes desconocidas por parte de los legos en Derecho y se regula en los artículos 435 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 Sus funciones más destacables, que se han ido ampliado a lo largo del tiempo con el fin de descargar de trabajo a los Jueces y Magistrados, son:

 – Fe pública procesal: En la práctica la fe pública procesal se traduce en el control del acta videográfica de las vistas y declaraciones. Hasta hace no poco tiempo, dichas actas eran recogidas en papel. No obstante, con la entrada de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia ha facilitado mucho la tarea de recoger de manera fiel todo lo que se dice en una Sala de Vistas. Asimismo, la fé pública procesal permite que el Secretario Judicial levante acta en una entrada y registro, en un lanzamiento por desahucio o en muchas otras ocasiones. Haciendo un paralelismo, podríamos decir que el Secretario Judicial actúa como un Notario en cuantos actos procesales es requerido para ello.

 – Organización del proceso: toda actuación procesal, a no ser que se encuentre declarada como secreta, ha de ser notificada a las partes. Así, el señalamiento de un Juicio, la citación de un testigo, la designación de un perito o una gran infinidad de comunicaciones de carácter procesal, han de ser dictadas por el Secretario Judicial.

 En este sentido, el Secretario Judicial actúa como un “jefe de Administración” de cada Juzgado.

 – Control de la cuenta de consignaciones del Juzgado: Cuando hay ejecuciones dinerarias (embargos en cuenta, de nómina, etc), el dinero ejecutado pasa a una cuenta bancaria de la que es titular el Juzgado. A los efectos de entregar ese dinero al acreedor del mismo, el Secretario Judicial será el encargado de emitir un documento conocido como “mandamiento de devolución” que, a modo de cheque, podrá ser canjeado por dinero en un Banco.

 3.- Ministerio Fiscal: Previsto como uno de los órganos con relevancia constitucional, la figura del Ministerio Fiscal se encuentra regulada en el artículo 124 de la Constitución Española, según el cual “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

 ¿y en qué se traduce todo eso?

 En la práctica, el Ministerio Fiscal se encarga de las siguientes funciones:

 – En la Jurisdicción Penal para mayores de edad, y hasta que sea modificada la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, se encarga, en la mayoría de las ocasiones, de la acusación en delitos públicos, con independencia de que exista o no acusación particular.

 – En la Jurisdicción Penal para menores de edad, el Ministerio Fiscal es el encargado de la instrucción de los expedientes de reforma, actuando a modo de Juez de Instrucción.

 – En la Jurisdicción Civil, el Ministerio Fiscal es el encargado de velar por los intereses de los menores o incapaces.

 Por ejemplo, en un divorcio con hijos menores, el Ministerio Fiscal solicitará las medidas (pensión de alimentos, visitas, guarda y custodia, etc) que considere más beneficiosas para el desarrollo del menor.

 Asimismo, en procedimientos en los que se solicita la incapacitación de una persona, el Ministerio Fiscal velará por el cumplimiento de todos los requisitos así como por la comprobación de que la persona cuya incapacitación se pretende se encuentre realmente afectada en un grado tal que no pueda regir sus bienes y su persona.

 3.- Procurador de los Tribunales: Figura prevista en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que encuentra sus inicios en la Edad Media, cuando los Procuradores eran los encargados de llevar a caballo las notificaciones desde los Tribunales a las distintas ciudades en las que vivían los que ejercían la defensa.

En la práctica, el Procurador es la persona encargada de la REPRESENTACIÓN PROCESAL de la persona que se ve en la obligación a iniciar un procedimiento de naturaleza judicial o que ha sido llamada a él a través de denuncia, querella o demanda.

 ¿y qué conlleva esa representación procesal? La presentación de escritos en nombre del cliente, la notificación de resoluciones y escritos presentados de contrario, la entrega y cobranza de mandamientos de devolución, la realización de gestiones de todo tipo ante los Juzgados y Tribunales, la asistencia obligatoria a diligencias de lanzamiento por desahucio, la notificación a contrarios de todo tipo de escritos, etc.

 Podemos decir que el Procurador es el encargado de realizar todo tipo de tareas de carácter administrativo, mediando entre su cliente y los órganos de la Administración de Justicia.

 Para que un Procurador pueda llevar a cabo su tarea es preciso que el cliente otorgue lo que se conoce como “Poder General para Pleitos”, ya sea ante notario o “apud acta”, es decir, ante el Secretario Judicial.

 5.- Perito: Regulado en los artículos 335 y siguientes, el perito es aquella persona que posee especiales conocimientos de una materia y de la que se sirven el resto de operadores de la Justicia para comprender unos determinados hechos.

 Evidentemente, ni un Juez, ni un Fiscal, ni un abogado tienen conocimientos universales sobre todo tipo de materias. Sin embargo, como consecuencia de las controversias que se suscitan, pudiendo versar éstas sobre cualquier cosa (desde defectos constructivos, pasando por humedades, hasta artificios financieros de todo tipo), los Jueces y las partes tienen que acudir a la figura del perito, quien, al ser llamado, realizará un informe sobre aquellos aspectos para los que sea requerido, y comparecerá en Juicio a los efectos de explicar el contenido de ese informe y ser preguntado de cuantos aspectos no queden claros.

 6.- Testigo: Los artículos 360 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 410 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevén la figura del testigo, que es aquella persona que tenga noticia DIRECTA de los hechos controvertidos y cuya declaración pueda aportar luz para la resolución del procedimiento.

 Toda persona llamada como testigo a un procedimiento judicial está obligada a acudir, pudiendo ser conducido por Fuerza Pública en caso de incomparecencia.

 A modo de anécdota podemos señalar que solo el Rey, la Reina y el Príncipe Heredero tienen dispensa legal para poder acudir como testigos a un procedimiento, pudiendo testificar por escrito el resto de miembros de la Familia Real, así como el Presidente del Gobierno, los Presidentes del Congreso de los Diputados y el Senado, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Presidente del Tribunal Supremo y los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

 Asimismo, podrán declarar desde sus despachos los Diputados y Senadores, así como otros cargos públicos.

 Resulta imprescindible poner de manifiesto que todos los testigos en la Jurisdicción Civil, tengan éstos la relación que tengan con las partes, están OBLIGADOS A DECIR VERDAD, so pena de ser imputado por la comisión de un delito de falso testimonio.

 Asimismo, en la Jurisdicción Penal, están dispensados de declarar los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos.

 7.- Abogado: El abogado, previsto en el artículo 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es aquella persona encargada del asesoramiento jurídico cualificado, así como la defensa técnica de la parte que comparezca a un procedimiento judicial, pudiendo hacerlo igualmente en procedimientos de naturaleza administrativa.

 Etimológicamente, el término “abogado” proviene del latín “advocatus”, cuyo significado es “llamado al auxilio”.

 El abogado, por su forma de ser llamado al procedimiento, puede ser de naturaleza particular, contratado directamente por el cliente, o de oficio, designado por organismo público para la defensa de los intereses de su cliente.

 Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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quien es quien en la Justicia

 

 

“En vacaciones, a grandes problemas, grandes soluciones”

G. Varela Abogados

“la agencia de viajes ha arruinado mis vacaciones; el hotel no tenía nada que ver con el del folleto”, “al llegar al aeropuerto me encontré con que había más pasajeros que plazas en el avión y me he quedado en tierra“, “cuando he vuelto de vacaciones, me he encontrado mi casa desvalijada

En estos tiempos de crisis económica, política y social, la llegada de los meses de verano aconseja tratar de desconectar para comenzar el nuevo curso con energías renovadas.

 Casi todos, en mayor o menor medida, tratamos de romper las rutinas que nos unen a la gran ciudad, a los horarios encorsetados, a jefes pesados o compañeros inaguantables, para dar paso a momentos de tranquilidad y paz mental.

 Ya sea en la playa, en la montaña, en entornos rurales o disfrutando del extranjero, todos deseamos disfrutar de unas merecidas vacaciones.

 En condiciones normales, tanto los traslados como la estancia en el destino transcurren sin anécdotas reseñables y sin inconvenientes o sorpresas que nos amarguen esos días de vermouth, siestas interminables o visitas monumentales.

 Sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que, nada más atravesar la puerta de casa, o incluso antes, quedamos gafados como viajeros y, lo que es peor, vilipendiados como consumidores.

Para ponerle solución a estos y muchos otros problemas, G. Varela Abogados, ha vuelto a acudir, como cada semana programa radiofónico El Mañanero, de Radio Libertad.

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RADIO

 Desde G. Varela Abogados aconsejamos a todos nuestros lectores RECLAMAR Y HACER VALER NUESTROS DERECHOS.

 Veamos distintas situaciones que pueden presentarse:

 1.- “el folleto que me dejaron en el buzón tenía un precio y al llegar a la agencia de viajes pretenden cobrarme suplementos no anunciados”.

 Según lo dispuesto en el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 1 /2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios “el contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la determinación del principio de conformidad con el contrato”.

 ¿y qué debo hacer en este tipo de situaciones?

 Inmediatamente, solicitar una hoja de reclamaciones, en la que explicaremos la situación. Una vez  rellenada, y adjuntando copia del folleto publicitario, entregaremos la hoja de reclamaciones en la oficina de Consumo de nuestra ciudad o Comunidad Autónoma.

  2.- “Cuando ya estaba en el aeropuerto han cancelado mi vuelo y me he quedado en tierra.” “han vendido más billetes que plazas tiene el avión y me he quedado en tierra”

 La legislación europea, transpuesta e incorporada a la legislación española, viene al rescate de los turistas y viajeros españoles.

 Así, el Reglamento CE 261 /2004, siempre que el viajero tenga como origen o destino un aeropuerto de algún Estado miembro de la Unión, o la compañía aérea sea nacional de algún Estado miembro, establece, en primer lugar, la obligación de la compañía de buscar, con carácter de urgencia, transportes alternativos, si estos resultan posibles y, en todo caso, el derecho del viajero a una compensación, que incluirá la estancia en hotel si la espera incluye pernocta, así como la manutención y, en concepto de indemnización:

 – 250 euros para vuelos de hasta 1.500 km.

    – 400 euros para vuelos de entre 1.500 y 3.000 km. y todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 km.

    – 600 euros para vuelos de más de 3.500 km. efectuados fuera de la UE.

Asimismo, si la cancelación del vuelo o el overbooking son imputables a la compañía aérea y ello supone la pérdida total o parcial de nuestras vacaciones con reserva, G. Varela Abogados recomienda reclamar el coste de los hoteles o excursiones no disfrutados.

 3.- “He conseguido volar, pero al llegar al destino me encuentro que mi equipaje ha sido extraviado”.

 De nuevo la legislación europea viene al rescate del pobre e indefenso viajero.

 En este caso, el Reglamento CE 889 /2002 y el Reglamento CE 285 /2010, disponen que para el caso de extravío o retraso grave en la llegada del equipaje darán derecho al viajero a reclamar una cantidad en concepto de compensación de hasta 1.300,00 euros, a no ser que previamente al embarque el viajero haya declarado y asegurado algún objeto de especial valor.

 En condiciones generales, el cálculo de la indemnización se realiza tomando como base el peso del equipaje, teniendo como valor de referencia 20 euros por kilo en vuelos nacionales y 30 euros por kilo en vuelos internacionales.

 Desde G. Varela Abogados aconsejamos, en todo caso, guardar Factura de todas las compras realizadas en el lugar de destino, a los efectos de acreditar cuál pudiera ser el contenido del interior de la maleta en caso de extravío.

 4.- “He contratado, reservado y pagado un apartamento por internet y al llegar al destino no había ningún apartamento”.

 En la práctica, ello significa que hemos sido estafados y deberemos acudir inmediatamente a un Juzgado o a una Comisaría a poner una denuncia.

 En G. Varela Abogados aconsejamos a nuestros lectores a extremar toda precaución antes del momento de la reserva.

 Detalles tan sencillos como que la persona o empresa que nos alquila el apartamento se acredite convenientemente o la búsqueda de opiniones en la red, pueden facilitar mucho nuestra búsqueda y conseguir que disfrutemos de unas merecidas vacaciones sin sobresaltos.

 5.- “Me he ido de crucero y nos han suspendido la mitad de las escalas”. “Mi crucero dejaba mucho que desear en cuanto a la calidad del barco”.

 Si nuestras vacaciones en el mar se han convertido en un viaje en un bajel pirata, debemos saber que la Ley nos ampara.

 En este caso, el artículo 151 del del Real Decreto Legislativo 1 /2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios nos faculta para reclamar responsabilidades a la agencia de viajes y al “mayorista” o propietario del barco de manera solidaria, con independencia de que la agencia de viajes se haya limitado a vendernos el producto, ya que el legislador entiende que la contratación directa con el consumidor se produjo a través de aquél.

 Por último, y si hemos conseguido disfrutar de unas vacaciones de ensueño, para evitar que nuestro retorno no sea una sorpresa, encontrándonos nuestra casa vacía de enseres, en G. Varela Abogados recomendamos extremar precauciones y ajustar nuestro comportamiento previo a unas normas básicas de prudencia:

 – No publicar en las redes sociales o foros ni la fecha de salida ni la duración de nuestro viaje.

 – Entregar la llave de casa a alguien de confianza para que cada dos o tres días suba las persianas y, ya de paso, riegue las plantas.

 – Poner temporizadores en las luces para que éstas se enciendan de vez en cuando.

 – Enchufar la televisión o la radio a un temporizador para que se encienda de vez en cuando.

 – Si somos afortunados y disponemos de domótica y cámaras en casa, hacer funcionar los elementos de la misma.

 En definitiva, no dar pistas a los cacos para que a nuestro regreso a casa todo se encuentre en su sitio.

En todo caso, desde G. Varela Abogados aconsejamos a nuestros lectores a acudir a nuestas instalaciones donde les ofreceremos un completo servicio de asesoramiento mediación. Nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

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Hindu devotees travel on a crowded passenger train in Goverdhan

Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas

G. Varela Abogados

“mis vecinos del piso de arriba no me dejan dormir; cada noche hacen fiestas con música alta hasta la madrugada”, “el restaurante que hay en el bajo deja la basura en el patio y la salida de humos da a mi ventana”, “hay una serrería debajo de mi casa y el ruido es insoportable”.

¿quién no ha sufrido en alguna ocasión un vecino molesto o un comercio que emite olores o ruidos difíciles de aguantar?

Para ponerle solución a estos y muchos otros problemas, G. Varela Abogados, ha vuelto a acudir, como cada semana programa radiofónico El Mañanero, de Radio Libertad.

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Las migraciones masivas del campo a la ciudad en la España de la posguerra a mediados del Siglo XX, con un siglo de retraso respecto del resto del continente europeo, supuso un cambio en la concepción de la forma de vivir.

 De las casitas bajas o las casas de campo rodeadas de hectáreas de terreno se pasó a la construcción en vertical, con grandes núcleos de población muy concentrados en altura.

 Con ello, actividades que hasta el momento se realizaban sin ningún tipo de cortapisa, empezaron a convertirse en una molestia para los vecinos colindantes e incluso un grave riesgo para la salud.

 Desde la tenencia de animales o la celebración de fiestas, hasta la instalación de un laboratorio químico o una carpintería.

 Para evitarlo, el legislador, desde 1960 a través de la Ley de Propiedad Horizontal, que como sabemos es el marco general que regula los derechos y obligaciones de los propietarios de viviendas existentes en una Comunidad de Propietarios, establece en su artículo 7.2 que

 “2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

 ¿y qué son actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas?

 El Decreto 2114 / 1961, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas las define de la siguiente manera:

 – MOLESTAS: serán calificadas como molestas las actividades que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen.

 Por ejemplo, la colocación de una máquina de coser “de las antiguas” o el típico vecino que piensa que vive en la selva y pone el subwoofer a máxima potencia.

 – INSALUBRES: se calificarán como insalubres las que den lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana.

 Por ejemplo, la total y absoluta falta de higiene de uno de los vecinos o la acumulación descontrolada de objetos en la vivienda, lo que comúnmente se conoce como “síndrome de Diógenes”. También podría considerarse como actividad insalubre la cría de animales.

 – NOCIVAS: se aplicará la calificación de nocivas a las que, por las mismas causas, puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola.

 Este tipo de actividades tiene un encarte más complicado en su aplicación a la propiedad horizontal, por lo que en la práctica se suele recurrir a los otros tres tipos en solicitud de cesación.

 – PELIGROSAS: se consideran peligrosas las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes.

 Por ejemplo, la instalación en los bajos de un edificio de un laboratorio químico o la acumulación de elementos que pudieran provocar, de verterse, una reacción que produzca gases o explosiones.

 ¿y cómo hago para que mi vecino molesto deje de hacer lo que hace?

G. Varela Abogados tiene la solución.

Debemos acudir nuevamente al contenido del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal cuando dispone que:

 El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.

 Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario.

 Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local.

 Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento.”

 Lo que quiere decir esto es que da igual quién sea el infractor, propietario o inquilino. En la práctica el propietario se convierte en responsable de lo que su inquilino haga.

 Por lo que… mucho cuidado en la elección de inquilinos.

En todo caso, desde G. Varela Abogados aconsejamos a nuestros lectores a acudir a nuestas instalaciones donde les ofreceremos un completo servicio de asesoramiento mediación. Nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

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Actividades molestas

Delitos contra el honor: INJURIAS y CALUMNIAS

Me han insultado por teléfono“, “me he encontrado pintadas en la puerta de mi casa mofándose de mí”, “el periódico de mi pueblo dice que he cometido un delito y es falso”…

Una nueva semana, G. Varela Abogados tiene acceso a los medios.

     En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DELITOS CONTRA EL HONOR: INJURIAS Y CALUMNIAS

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RADIO

La Constitución Española de 1978 consagra los DERECHOS FUNDAMENTALES de todos los ciudadanos.

De todos ellos, quizá por su intangibilidad, los más complicados de concebir son el DERECHO AL HONOR,  el DERECHO A LA INTMIDAD y el DERECHO A LA PROPIA IMAGEN, reconocidos por el artículo 18.1

1.- Derecho al HONOR:

El derecho al honor protege la valoración que de la persona en cuestión se tenga en su ámbito personal o social. El concepto de derecho al honor se relaciona con la reputación y fama de una persona, su prestigio profesional o su dignidad personal.

Pueden ser titulares del derecho al honor las personas físicas y las personas jurídicas.

Como señalábamos, aunque “intangible”, el Derecho al Honor se configura en la Constitución Española como uno de los Derechos Fundamentales, con especial protección por parte de la legislación y los Poderes Públicos.

2.- Derecho a la INTIMIDAD:

 El derecho a la intimidad personal y familiar permite al sujeto mantener fuera de la acción y conocimiento de terceros su ámbito personal y familiar. Nos encontramos ante una esfera de lo más íntimo y personal del sujeto que éste tiene derecho a reservarse para sí mismo.

Solo las personas físicas son titulares del derecho a la intimidad.

La representación más importante del derecho a la intimidad es la inviolabilidad del domicilio, recogida igualmente en el artículo 18 de la Constitución Española de 1978.

3.- Derecho a la PROPIA IMAGEN:

El derecho a la propia imagen atribuye al individuo la capacidad de decidir libremente sobre la captación, reproducción o difusión de su imagen entendida como representación gráfica de la figura humana. Este derecho faculta a las personas a difundir o publicar su propia imagen y, por ende, su derecho a evitar su reproducción.

Como vemos, la libertad de información, prensa y expresión, también configurados como Delitos Fundamentales en la Constitución Española, se establecen como la “otra cara de la moneda”, al informar y opinar sobre sucesos o características acerca de personas, físicas o jurídicas.

 De los tres derechos anteriores, los delitos de INJURIAS Y CALUMNIAS atentan contra el DERECHO AL HONOR

–       ¿QUÉ ES UNA CALUMNIA?

Según el artículo 205 del Código Penal “es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

Por su parte, el artículo 206 dispone que “las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses.”

Artículo 207.- El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado.

–       ¿QUÉ ES UNA INJURIA?

Por lo que respecta al delito de injurias, el artículo 208 del Código Penal dispone que “es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. En caso contrario, la injuria podría ser considerada como FALTA.

Artículo 209.- Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses.

Artículo 211.- La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante.

Artículo 212.-  En los casos a los que se refiere el artículo anterior, será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria.

En estos casos, y si el agraviado lo solicita, el medio informativo estará obligado a publicar, con la misma publicidad, tamaño y posición, la Sentencia de condena.

ESPECIFICIDADES DE LOS DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA

Artículo 215.1.-  Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.

Si la injuria o la calumnia fueran vertidas en un procedimiento judicial, será OBLIGATORIO recabar el permiso del Juez ante el que se hubieran hecho las manifestaciones, ya se hayan hecho éstas de forma oral o por escrito.

El perdón del ofendido, extingue la acción penal, al tratarse de un delito de los considerados de naturaleza PRIVADA. Para conocer la distinta naturaleza de los delitos, animamos a nuestros lectores a acudir a la entrada del blog “¿y si quiero quitar la denuncia?

Artículo 216.- En los delitos de calumnia o injuria se considera que la reparación del daño comprende también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del condenado por tales delitos, en el tiempo y forma que el Juez o Tribunal consideren más adecuado a tal fin, oídas las dos partes.

Es OBLIGATORIO igualmente, antes de formular querella, haber presentado la preceptiva PAPELETA DE CONCILIACIÓN, para celebración de acto de conciliación, en el que el conciliado, requerido para ello, puede reconocer la falsedad de sus manifestaciones, aunque la experiencia en G. Varela Abogados nos indica que ello rara vez ocurre.

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injurias y calumnias

Sentencia TJUE sobre el sistema de ejecuciones hipotecarias en España

G. Varela Abogados se hace eco de la reciente Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con el sistema español de desahucios.

Por su interés, pasamos a reproducir en su integridad el texto de la misma, no sin antes felicitar a quien, con su trabajo, ha hecho posible que se dé inicio a un nuevo sistema más justo con los más desprotegidos.

“SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 14 de marzo de 2013 (*)

«Directiva 93/13/CEE – Contratos celebrados con consumidores – Contrato de préstamo hipotecario – Procedimiento de ejecución hipotecaria – Facultades del juez nacional que conozca del proceso declarativo – Cláusulas abusivas – Criterios de apreciación»

En el asunto C‑415/11,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, mediante auto de 19 de julio de 2011, recibido en el Tribunal de Justicia el 8 de agosto de 2011, en el procedimiento entre

Mohamed Aziz

y

Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet, M. Ilešič y J.-J. Kasel y la Sra. M. Berger, Jueces;

Abogado General: Sra. J. Kokott;

Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 19 de septiembre de 2012;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre del Sr. Aziz, por el Sr. D. Moreno Trigo, abogado;

–        en nombre de Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), por el Sr. I. Fernández de Senespleda, abogado;

–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. S. Centeno Huerta, en calidad de agente;

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. M. Owsiany-Hornung y los Sres. J. Baquero Cruz y M. van Beek, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 8 de noviembre de 2012;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29; en lo sucesivo, «Directiva»).

2        Esta petición se ha planteado en el marco de un litigio entre el Sr. Aziz y Caixa D’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (en lo sucesivo, «Catalunyacaixa»), relativo a la validez de determinadas cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre dichas partes.

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

3        El decimosexto considerando de la Directiva indica lo siguiente:

«considerando […] que los profesionales pueden cumplir la exigencia de buena fe tratando de manera leal y equitativa con la otra parte, cuyos intereses legítimos debe tener en cuenta».

4        El artículo 3 de la Directiva establece:

«1.      Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

2.      Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión.

[…]

3.      El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.»

5        A tenor del artículo 4, apartado 1, de la Directiva:

«Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.»

6        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva tiene la siguiente redacción:

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»

        El artículo 7, apartado 1, de la Directiva establece lo siguiente:

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»

8        El anexo de la Directiva enumera, en el número 1, las cláusulas a las que se hace referencia en el artículo 3, apartado 3, de ésta. En particular, comprende las siguientes cláusulas:

«1.      Cláusulas que tengan por objeto o por efecto:

[…]

e)      imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta;

[…]

q)      suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones jurídicas, limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposición o imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la legislación aplicable, debería corresponder a otra parte contratante.»

 Derecho español

9        En Derecho español, la protección de los consumidores contra las cláusulas abusivas estaba garantizada inicialmente por la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (BOE nº 176, de 24 de julio de 1984, p. 21686).

10      La Ley General 26/1984 fue modificada posteriormente mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (BOE nº 89, de 14 de abril de 1998, p. 12304), que adaptó el Derecho interno a la Directiva.

11      Por último, mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE nº 287, de 30 de noviembre de 2007, p. 49181), se estableció el texto refundido de la Ley 26/1984, con sus sucesivas modificaciones.

12      A tenor del artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007:

«1.      Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

[…]

3.      El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa.

4.      No obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos inclusive:

a)      vinculen el contrato a la voluntad del empresario,

b)      limiten los derechos del consumidor y usuario,

c)      determinen la falta de reciprocidad en el contrato,

d)      impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba,

e)      resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o

f)      contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.»

13      En lo que respecta al procedimiento de requerimiento de pago y ejecución forzosa, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la versión vigente en el momento de la apertura del procedimiento en el litigio principal, regula en el capítulo V del título IV del libro III, con la rúbrica «De las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados», concretamente en los artículos 681 a 698, el procedimiento de ejecución hipotecaria que constituye el objeto del litigio principal.

14      El artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece lo siguiente:

«1.      En los procedimientos a que se refiere este capítulo sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas:

1.ª      Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, siempre que se presente certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la prenda sin desplazamiento, o escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garantía.

2.ª      Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá acompañar su ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y sólo se admitirá la oposición cuando el saldo que arroje dicha libreta sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante.

[…]

3.ª      […] la sujeción […] a otra prenda [o] hipoteca [inscritas] con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la correspondiente certificación registral.

2.      Formulada la oposición a la que se refiere el apartado anterior, el Secretario judicial suspenderá la ejecución y convocará a las partes a una comparecencia ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecución, debiendo mediar cuatro días desde la citación, comparecencia en la que el Tribunal oirá a las partes, admitirá los documentos que se presenten y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo día.

[…]»

15      El artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone:

«1.      Cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado puedan formular y que no se halle comprendida en los artículos anteriores, incluso las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el presente capítulo.

[…]

2.      Al tiempo de formular la reclamación a que se refiere el apartado anterior o durante el curso [del] juicio a que diere lugar, podrá solicitarse que se asegure la efectividad de la sentencia que se dicte en el mismo, con retención del todo o de una parte de la cantidad que, por el procedimiento que se regula en este capítulo, deba entregarse al acreedor.

El tribunal, mediante providencia, decretará esta retención en vista de los documentos que se presenten, si estima bastantes las razones que se aleguen. Si el que solicitase la retención no tuviera solvencia notoria y suficiente, el tribunal deberá exigirle previa y bastante garantía para responder de los intereses de demora y del resarcimiento de cualesquiera otros daños y perjuicios que puedan ocasionarse al acreedor.

3.      Cuando el acreedor afiance a satisfacción del tribunal la cantidad que estuviere mandada retener a las resultas del juicio a que se refiere el apartado primero, se alzará la retención.»

16      El artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigente en el momento de los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Ley Hipotecaria»), cuyo texto refundido fue aprobado por el Decreto de 8 de febrero de 1946 (BOE nº 58, de 27 de febrero de 1946, p. 1518), establece lo siguiente:

«Las anotaciones preventivas de demanda de nulidad de la propia hipoteca o cualesquiera otras que no se basen en alguno de los supuestos que puedan determinar la suspensión de la ejecución [quedarán] canceladas en virtud del mandamiento de cancelación a que se refiere el artículo 133, siempre que sean posteriores a la nota marginal de expedición de certificación de cargas. No se podrá inscribir la escritura de carta de pago de la hipoteca mientras no se haya cancelado previamente la citada nota marginal, mediante mandamiento judicial al efecto.»

17      Con arreglo al artículo 153 bis de la Ley Hipotecaria:

«[…] Podrá pactarse en el título que la cantidad exigible en caso de ejecución sea la resultante de la liquidación efectuada por la entidad financiera acreedora en la forma convenida por las partes en la escritura.

Al vencimiento pactado por los otorgantes, o al de cualquiera de sus prórrogas, la acción hipotecaria podrá ser ejercitada de conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 153 de esta Ley y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales

18      El 19 de julio de 2007, el Sr. Aziz, nacional marroquí que trabajaba en España desde el mes de diciembre de 1993, suscribió con Catalunyacaixa, mediante escritura notarial, un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. El inmueble que constituía dicha garantía era la vivienda familiar del Sr. Aziz, de la que era propietario desde 2003.

19      El capital prestado por Catalunyacaixa era de 138.000 euros. Debía amortizarse en 33 anualidades, con 396 cuotas mensuales, a partir del 1 de agosto de 2007.

20      De los autos trasladados al Tribunal de Justicia se desprende que el contrato de préstamo suscrito con Catalunyacaixa establecía en su cláusula 6 unos intereses de demora anuales del 18,75 % automáticamente devengables respecto de las cantidades no satisfechas a su vencimiento, sin necesidad de realizar ningún tipo de reclamación.

21      Además, la cláusula 6 bis de dicho contrato confería a Catalunyacaixa la facultad de declarar exigible la totalidad del préstamo en el caso de que alguno de los plazos pactados venciera sin que el deudor hubiese cumplido su obligación de pago de una parte del capital o de los intereses del préstamo.

22      Por último, la cláusula 15 del contrato, que regulaba el pacto de liquidez, preveía no sólo la posibilidad de que Catalunyacaixa recurriera a la ejecución hipotecaria para cobrar una posible deuda, sino también de que pudiera presentar directamente a esos efectos la liquidación mediante el certificado oportuno que recogiese la cantidad exigida.

23      El Sr. Aziz abonó con regularidad las cuotas mensuales desde julio de 2007 hasta mayo de 2008, pero dejó de hacerlo a partir de junio de 2008. En vista de ello, el 28 de octubre de 2008 Catalunyacaixa acudió a un notario con objeto de que se otorgara acta de determinación de deuda. El notario certificó que de los documentos aportados y del contenido del contrato de préstamo se deducía que la liquidación de la deuda ascendía a 139.764,76 euros, lo que correspondía a las mensualidades no satisfechas, más los intereses ordinarios y los intereses de demora.

24      Tras requerir infructuosamente al Sr. Aziz el pago de lo debido, Catalunyacaixa inició el 11 de marzo de 2009, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Martorell, un procedimiento de ejecución contra el interesado, reclamándole las cantidades de 139.674,02 euros en concepto de principal, 90,74 euros en concepto de intereses vencidos y 41.902,21 euros en concepto de intereses y costas.

25      El Sr. Aziz no compareció, por lo que, el 15 de diciembre de 2009, dicho Juzgado ordenó la ejecución. Se envió al Sr. Aziz un requerimiento de pago, que éste no atendió y al que no formuló oposición.

26      En estas circunstancias, el 20 de julio de 2010 se celebró una subasta pública para proceder a la venta del inmueble, sin que se presentara ninguna oferta. En consecuencia, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Martorell admitió que el bien se adjudicara en el 50 % de su valor. Dicho Juzgado también señaló el 20 de enero de 2011 como la fecha en que debía producirse la transmisión de la posesión al adjudicatario. En consecuencia, el Sr. Aziz fue expulsado de su vivienda.

27      No obstante, poco antes de que eso ocurriera, el 11 de enero de 2011 el Sr. Aziz presentó demanda en un proceso declarativo ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, solicitando que se anulara la cláusula 15 del contrato de préstamo hipotecario por estimarla abusiva y, en consecuencia, que se declarara la nulidad del procedimiento de ejecución.

28      En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona manifestó dudas en cuanto a la conformidad del Derecho español con el marco jurídico establecido por la Directiva.

29      En particular, señaló que si, a efectos de la ejecución forzosa, el acreedor opta por el procedimiento de ejecución hipotecaria, las posibilidades de alegar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas del contrato de préstamo son muy limitadas, ya que quedan postergadas a un procedimiento declarativo posterior, que no tiene efecto suspensivo. El órgano jurisdiccional remitente consideró que, por este motivo, resulta muy complicado para un juez español garantizar una protección eficaz al consumidor en dicho procedimiento de ejecución hipotecaria y en el correspondiente proceso declarativo.

30      Por otro lado, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona estimó que la solución del litigio principal planteaba otras cuestiones relacionadas, en particular, con la interpretación del concepto de «cláusulas que tengan por objeto o por efecto imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta», contemplado en el número 1, letra e), del anexo de la Directiva, y el de «cláusulas que tengan por objeto o por efecto suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor», previsto en el número 1, letra q), de dicho anexo. A su juicio, no está claro que las cláusulas relativas al vencimiento anticipado en contratos de larga duración, a la fijación de intereses de demora y a la determinación unilateral por parte del prestamista de los mecanismos de liquidación de la totalidad de la deuda sean compatibles con las disposiciones del anexo de la Directiva.

31      En estas circunstancias, al albergar dudas sobre la correcta interpretación del Derecho de la Unión, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      Si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previsto en el ordenamiento procesal español, no sería sino una limitación clara de la tutela del consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos.

2)      Se requiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda dar contenido al concepto de desproporción en orden:

      a)      A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectados en un largo lapso de tiempo –en este caso 33 años– por incumplimientos en un período muy limitado y concreto.

      b)      La fijación de unos intereses de demora –en este caso superiores al 18 %– que no coinciden con los criterios de determinación de los intereses moratorios en otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de consumidores se podrían entender abusivos y que, sin embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro, aun en los casos en los que hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a la totalidad de las debidas por el vencimiento anticipado.

      c)      La fijación de mecanismos de liquidación y fijación de los intereses variables –tanto ordinarios como moratorios– realizados unilateralmente por el prestamista vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria [y que] no permiten al deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuando haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuando menos, el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado en garantía, cuestión de especial trascendencia cuando el préstamo se solicita para adquirir una vivienda y la ejecución determina el desalojo del inmueble.»

 Sobre las cuestiones prejudiciales

 Sobre la admisibilidad

32      Catalunyacaixa y el Reino de España manifiestan dudas en cuanto a la admisibilidad de la primera cuestión prejudicial, ya que consideran que no resulta útil al órgano jurisdiccional remitente para resolver el litigio del que conoce. A este respecto, alegan que ese litigio se sustancia en un proceso declarativo autónomo y separado del procedimiento de ejecución hipotecaria, y que sólo tiene por objeto la anulación de la cláusula 15 del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal en virtud de la normativa sobre la protección de los consumidores. En consecuencia, una respuesta relativa a la compatibilidad del procedimiento de ejecución hipotecaria con la Directiva no resulta, en su opinión, ni necesaria ni pertinente para la resolución de dicho litigio.

33      Desde esta misma perspectiva, el Reino de España y Catalunyacaixa cuestionan también la admisibilidad de la segunda cuestión prejudicial, por cuanto con ella se pretende obtener una interpretación del concepto de desproporción, en el sentido de las disposiciones pertinentes de la Directiva, en cuanto a las cláusulas que se refieren al vencimiento anticipado en los contratos de larga duración y a la fijación de los intereses de demora. Así, sostienen que esas cláusulas no guardan ninguna relación con el objeto del litigio principal y que tampoco pueden resultar útiles para apreciar el carácter abusivo de la cláusula 15 del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal.

34      A este respecto, procede recordar de inmediato que, según reiterada jurisprudencia, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, sólo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio principal y para interpretar y aplicar el Derecho nacional. Asimismo, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, Rec. p. I‑0000, apartado 76 y jurisprudencia citada).

35      Así pues, la negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo está justificada cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 77 y jurisprudencia citada).

36      Ahora bien, no ocurre así en el presente asunto.

37      En efecto, ha de señalarse que, con arreglo al sistema procesal español, en el contexto del procedimiento de ejecución hipotecaria incoado por Catalunyacaixa contra el Sr. Aziz, éste no podía impugnar el carácter abusivo de una cláusula del contrato suscrito con esa entidad de crédito que dio lugar al inicio del procedimiento de ejecución ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Martorell, que conoce de la ejecución hipotecaria, pero sí podía hacerlo ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, que conoce del proceso declarativo.

38      En estas circunstancias, tal como señala fundadamente la Comisión Europea, la primera cuestión planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona debe entenderse en un sentido amplio, es decir, destinada esencialmente a que, ante la limitación de los motivos de oposición admitidos en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, se aprecie la compatibilidad con la Directiva de las facultades reconocidas al juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato controvertido en el litigio principal del que se deriva la deuda reclamada en dicho procedimiento de ejecución.

39      Por lo tanto, y teniendo en cuenta que corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil que le permita dirimir el litigio que se le ha planteado (véanse las sentencias de 28 de noviembre de 2000, Roquette Frères, C‑88/99, Rec. p. I‑10465, apartado 18, y de 11 de marzo de 2010, Attanasio Group, C‑384/08, Rec. p. I‑2055, apartado 19), procede señalar que no resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión que se solicita en la primera cuestión prejudicial carezca de relación con la realidad o el objeto del litigio principal.

40      Del mismo modo, no cabe excluir que la interpretación del concepto de desproporción, en el sentido de las disposiciones pertinentes de la Directiva, que se solicita mediante la segunda cuestión pueda ser útil para resolver el litigio del que conoce el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona.

41      En efecto, como la Abogado General observa en los puntos 62 y 63 de sus conclusiones, aunque la demanda de nulidad instada por el Sr. Aziz en el litigio principal sólo atañe a la validez de la cláusula 15 del contrato de préstamo, basta con señalar que, por una parte, conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva, una visión de conjunto de las otras cláusulas del contrato a que se refiere dicha cuestión puede tener también repercusiones en el examen de la cláusula objeto del presente litigio y, por otra parte, el juez nacional está obligado, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a apreciar de oficio el carácter abusivo de todas las cláusulas contractuales comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, incluso en el caso de que no se haya solicitado expresamente, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon GSM, C‑243/08, Rec. p. I‑4713, apartados 31 y 32, y Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 43).

42      Por consiguiente, las cuestiones prejudiciales son admisibles en su conjunto.

 Sobre el fondo

 Sobre la primera cuestión prejudicial

43      Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se dilucide si la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de dicha cláusula, adopte medidas cautelares que garanticen la plena eficacia de su decisión final.

4      Para responder a esta cuestión, procede recordar de inmediato que el sistema de protección que establece la Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información (sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 39).

45      Habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva dispone que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Según se desprende de la jurisprudencia, se trata de una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 40 y jurisprudencia citada).

46      En este contexto, el Tribunal de Justicia ha subrayado ya en varias ocasiones que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello (sentencias antes citadas Pannon GSM, apartados 31 y 32, y Banco Español de Crédito, apartados 42 y 43).

47      De este modo, al pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial presentada por un tribunal nacional en el marco de un procedimiento contradictorio iniciado a raíz de la oposición formulada por un consumidor contra un requerimiento judicial de pago, el Tribunal de Justicia declaró que el juez nacional debe acordar de oficio diligencias de prueba para determinar si una cláusula atributiva de competencia jurisdiccional territorial exclusiva que figura en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, en caso afirmativo, apreciar de oficio el carácter eventualmente abusivo de dicha cláusula (sentencia de 9 de noviembre de 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, Rec. p. I‑10847, apartado 56).

48      El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que la Directiva se opone a una normativa de un Estado miembro que no permite que el juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio, aun cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, examine de oficio –in limine litis ni en ninguna fase del procedimiento– el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este último no haya formulado oposición (sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 57).

49      Sin embargo, el asunto objeto del litigio principal se distingue de los asuntos que dieron lugar a las sentencias antes citadas VB Pénzügyi Lízing y Banco Español de Crédito por el hecho de que trata de la determinación de las obligaciones que incumben al juez que conoce de un proceso declarativo vinculado al procedimiento de ejecución hipotecaria, con el fin de que se garantice, en su caso, el efecto útil de la decisión sobre el fondo por la que se declare el carácter abusivo de la cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo y, por tanto, de la incoación del procedimiento de ejecución hipotecaria.

50      A este respecto, procede señalar que, a falta de armonización de los mecanismos nacionales de ejecución forzosa, las modalidades de aplicación de los motivos de oposición admitidos en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria y de las facultades conferidas al juez que conozca del proceso declarativo, competente para analizar la legitimidad de las cláusulas contractuales en virtud de las que se estableció el título ejecutivo, forman parte del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, a condición, sin embargo, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, Rec. p. I‑10421, apartado 24, y de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, Rec. p. I‑9579, apartado 38).

51      En lo que atañe al principio de equivalencia, debe señalarse que el Tribunal de Justicia no cuenta con ningún elemento que suscite dudas acerca de la conformidad de la normativa controvertida en el litigio principal con dicho principio.

52      En efecto, consta en autos que el sistema procesal español prohíbe al juez que conoce de un proceso declarativo vinculado al procedimiento de ejecución hipotecaria adoptar medidas cautelares que garanticen la plena eficacia de su decisión final, no sólo cuando aprecie el carácter abusivo, con arreglo al artículo 6 de la Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, sino también cuando compruebe que esa cláusula resulta contraria a las normas nacionales de orden público, lo que le corresponde a él verificar (véase, en este sentido, la sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 48).

53      En lo que respecta al principio de efectividad, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición en el conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de éste ante las diversas instancias nacionales (sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 49).

54      En el presente asunto, de los autos trasladados al Tribunal de Justicia se desprende que, según se establece en el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando ésta se funde en la extinción de la garantía o de la obligación garantizada, en un error en la determinación de la cantidad exigible –cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado– o en la sujeción a otra prenda o hipoteca inscritas con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento.

55      Con arreglo al artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cualquier otra reclamación que el deudor pueda formular, incluso las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el correspondiente capítulo de dicha Ley.

56      Por otra parte, en virtud del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, las anotaciones preventivas de demanda de nulidad de la propia hipoteca o cualesquiera otras que no se basen en alguno de los supuestos que puedan determinar la suspensión de la ejecución quedarán canceladas en virtud del mandamiento de cancelación a que se refiere el artículo 133 de dicha Ley, siempre que sean posteriores a la nota marginal de expedición de certificación de cargas.

57      Pues bien, de lo expuesto se deduce que, en el sistema procesal español, la adjudicación final a un tercero de un bien hipotecado adquiere siempre carácter irreversible, aunque el carácter abusivo de la cláusula impugnada por el consumidor ante el juez que conozca del proceso declarativo entrañe la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, salvo en el supuesto de que el consumidor realice una anotación preventiva de la demanda de nulidad de la hipoteca con anterioridad a la nota marginal indicada.

58      A este respecto, es preciso señalar, no obstante, que, habida cuenta del desarrollo y de las peculiaridades del procedimiento de ejecución hipotecaria controvertido en el litigio principal, tal supuesto debe considerarse residual, ya que existe un riesgo no desdeñable de que el consumidor afectado no realice esa anotación preventiva en los plazos fijados para ello, ya sea debido al carácter sumamente rápido del procedimiento de ejecución en cuestión, ya sea porque ignora o no percibe la amplitud de sus derechos (véase, en este sentido, la sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 54).

59      Por consiguiente, procede declarar que un régimen procesal de este tipo, al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo, ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final, puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2007, Unibet, C‑432/05, Rec. p. I‑2271, apartado 77).

60      En efecto, tal como señaló también la Abogado General en el punto 50 de sus conclusiones, sin esa posibilidad, en todos los casos en que, como en el litigio principal, se haya llevado a cabo la ejecución de un inmueble hipotecado antes de que el juez que conozca del proceso declarativo adopte una decisión por la que se declare el carácter abusivo de la cláusula contractual en que se basa la hipoteca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución, esa decisión sólo permite garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria, que resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13.

61      Así ocurre con mayor razón cuando, como en el litigio principal, el bien que constituye el objeto de la garantía hipotecaria es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia, puesto que el mencionado mecanismo de protección de los consumidores, limitado al pago de una indemnización por daños y perjuicios, no es adecuado para evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda.

62      Así pues, tal como ha puesto de relieve asimismo el juez remitente, basta con que los profesionales inicien, si concurren los requisitos, el procedimiento de ejecución hipotecaria para privar sustancialmente a los consumidores de la protección que pretende garantizar la Directiva, lo que resulta asimismo contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual las características específicas de los procedimientos judiciales que se ventilan entre los profesionales y los consumidores, en el marco del Derecho nacional, no pueden constituir un elemento que pueda afectar a la protección jurídica de la que estos últimos deben disfrutar en virtud de las disposiciones de la Directiva (véase, en este sentido, la sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 55).

63      En estas circunstancias, procede declarar que la normativa española controvertida en el litigio principal no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva pretende conferir a estos últimos.

64      A la luz de estas consideraciones, ha de responderse a la primera cuestión prejudicial que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final.

 Sobre la segunda cuestión prejudicial

65      Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide fundamentalmente que se precisen los elementos constitutivos del concepto de «cláusula abusiva», en lo que atañe al artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva y al anexo de ésta, para apreciar si tienen carácter abusivo las cláusulas que constituyen el objeto del litigio principal y que se refieren al vencimiento anticipado en los contratos de larga duración, a la fijación de los intereses de demora y al pacto de liquidez.

66      A este respecto, ha de señalarse que, según reiterada jurisprudencia, la competencia del Tribunal de Justicia en la materia comprende la interpretación del concepto de «cláusula abusiva», definido en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva y en el anexo de ésta, y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una cláusula contractual a la luz de las disposiciones de la Directiva, entendiéndose que incumbe a dicho juez pronunciarse, teniendo en cuenta esos criterios, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual determinada en función de las circunstancias propias del caso. De ello se desprende que el Tribunal de Justicia se limitará a dar al órgano jurisdiccional remitente indicaciones que éste debe tener en cuenta para apreciar el carácter abusivo de la cláusula de que se trate (véase la sentencia de 26 de abril de 2012, Invitel, C‑472/10, Rec. p. I‑0000, apartado 22 y jurisprudencia citada).

67      Sentado lo anterior, es preciso poner de relieve que, al referirse a los conceptos de buena fe y desequilibrio importante en detrimento del consumidor entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva delimita tan sólo de manera abstracta los elementos que confieren carácter abusivo a una cláusula que no se haya negociado individualmente (véanse las sentencias de 1 de abril de 2004, Freiburger Kommunalbauten, C‑237/02, Rec. p. I‑3403, apartado 19, y Pannon GSM, antes citada, apartado 37).

68      Pues bien, tal como la Abogado General indicó en el punto 71 de sus conclusiones, para determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor un «desequilibrio importante» entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Mediante un análisis comparativo de ese tipo, el juez nacional podrá valorar si –y, en su caso, en qué medida– el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos examinar la situación jurídica en que se encuentra ese consumidor a la vista de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas.

69      En lo que se refiere a la cuestión de en qué circunstancias se causa ese desequilibrio «pese a las exigencias de la buena fe», debe señalarse que, en atención al decimosexto considerando de la Directiva y tal como indicó en esencia la Abogado General en el punto 74 de sus conclusiones, el juez nacional debe comprobar a tal efecto si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual.

70      En este contexto, ha de recordarse que el anexo al que remite el artículo 3, apartado 3, de la Directiva sólo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas (véase la sentencia Invitel, antes citada, apartado 25 y jurisprudencia citada).

71      Además, conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración (sentencias antes citadas Pannon GSM, apartado 39, y VB Pénzügyi Lízing, apartado 42). De ello resulta que, en este contexto, deben apreciarse también las consecuencias que dicha cláusula puede tener en el marco del Derecho aplicable al contrato, lo que implica un examen del sistema jurídico nacional (véase la sentencia Freiburger Kommunalbauten, antes citada, apartado 21, y el auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovosť, C‑76/10, Rec. p. I‑11557, apartado 59).

72      Estos criterios son los que debe considerar el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona para apreciar el carácter abusivo de las cláusulas a las que se refiere la segunda cuestión planteada.

73      En particular, por lo que respecta, en primer lugar, a la cláusula relativa al vencimiento anticipado en los contratos de larga duración por incumplimientos del deudor en un período limitado, corresponde al juez remitente comprobar especialmente, como señaló la Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.

74      En segundo lugar, en cuanto a la cláusula relativa a la fijación de los intereses de demora, procede recordar que, a la luz del número 1, letra e), del anexo de la Directiva, en relación con lo dispuesto en los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la misma, el juez remitente deberá comprobar en particular, como señaló la Abogado General en los puntos 85 a 87 de sus conclusiones, por un lado, las normas nacionales aplicables entre las partes en el supuesto de que no se hubiera estipulado ningún acuerdo en el contrato controvertido o en diferentes contratos de ese tipo celebrados con los consumidores y, por otro lado, el tipo de interés de demora fijado con respecto al tipo de interés legal, con el fin de verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que éste persigue en el Estado miembro de que se trate y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos.

75      Por último, en lo que atañe a la cláusula relativa a la liquidación unilateral por el prestamista del importe de la deuda impagada, vinculada a la posibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria, procede señalar que, teniendo en cuenta el número 1, letra q), del anexo de la Directiva y los criterios establecidos en los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de ésta, el juez remitente deberá determinar si –y, en su caso, en qué medida– la cláusula de que se trata supone una excepción a las normas aplicables a falta de acuerdo entre las partes, de manera que, a la vista de los medios procesales de que dispone, dificulta el acceso del consumidor a la justicia y el ejercicio de su derecho de defensa.

76      En virtud de las consideraciones anteriores, procede responder lo siguiente a la segunda cuestión prejudicial:

–        El artículo 3, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que:

–        el concepto de «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor debe apreciarse mediante un análisis de las normas nacionales aplicables a falta de acuerdo entre las partes, para determinar si –y, en su caso, en qué medida– el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos llevar a cabo un examen de la situación jurídica en la que se encuentra dicho consumidor en función de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas;

–        para determinar si se causa el desequilibrio «pese a las exigencias de la buena fe», debe comprobarse si el profesional, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, podía estimar razonablemente que éste aceptaría la cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual.

–        El artículo 3, apartado 3, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el anexo al que remite esa disposición sólo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.

 Costas

77      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

1)      La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final.

2)      El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que:

–        el concepto de «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor debe apreciarse mediante un análisis de las normas nacionales aplicables a falta de acuerdo entre las partes, para determinar si –y, en su caso, en qué medida– el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos llevar a cabo un examen de la situación jurídica en la que se encuentra dicho consumidor en función de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas;

–        para determinar si se causa el desequilibrio «pese a las exigencias de la buena fe», debe comprobarse si el profesional, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, podía estimar razonablemente que éste aceptaría la cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual.

El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el anexo al que remite esa disposición sólo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.

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