El tratamiento penitenciario: LOS GRADOS

G. Varela Abogados

“he sido condenado a dos años de prisión y quiero saber cuánto tiempo cumpliré mi condena dentro del Centro Penitenciario”; “me ha llamado mi marido para decirme que le han clasificado en tercer grado penitenciario, ¿qué significa eso?”

Una semana más, G. Varela Abogados visita los estudios de Libertad FM, con la intención de hacer comprensibles las miles de normas aplicables a nuestra vida diaria. Porque todos somos Derecho.

A mediados del mes de septiembre, el Director del Despacho de Madrid de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano Gutiérrez, acudió al programa radiofónico “El Mañanero”, para hablar con periodistas y locutores de “EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO“.

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El artículo 25.2 de la Constitución Española, englobado en el importante capítulo de los Derechos Fundamentales, con sus apenas cuatro frases, supone la piedra filosofal de la legislación penitenciaria en España. El sistema de Derechos y garantías del que nos dotamos todos los españoles en el año 1978 garantiza la consecución de los distintos fines de las penas de prisión, entre las que destacan la reeducación y la reinserción.

Así, dispone que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, y no podrán consistir en trabajos forzados.

El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma, gozará de los Derechos Fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el Fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria.

En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.”

Como vemos, es la REEDUCACIÓN y RESOCIALIZACIÓN DEL PRESO la función principal que ha de perseguir el cumplimiento de una pena de prisión, más allá del elemento retributivo o de castigo, si bien éste también ha de estar presente.

Para ello, cada preso ha de verse sometido, durante el cumplimiento de la pena a un seguimiento individualizado en lo relativo a su evolución personal. Esto es lo que se conoce como TRATAMIENTO PENITENCIARIO.

Para ello, y en orden a que el tratamiento penitenciario sea efectivo,  el preso será CLASIFICADO en primer, segundo o tercer grado, en función de la naturaleza del delito cometido, así como con sus circunstancias personales, familiares y sociales. Nos enfrentamos pues a la CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA.

Sin embargo, la Ley Penitenciaria y el Reglamento Pentienciario disponen que la clasificación no debe ser definitiva e inamovible a lo largo del cumplimiento de la condena, quedando la modificación de grado al albor del comportamiento del reo y su evolución en el interior del Centro Penitenciario.

Tal y como prevén la Ley General Pentienciaria y el Reglamento Penitenciario, normas de aplicación a los efectos de regular la vida en el interior de una prisión, los distintos grados penitenciarios son los siguientes:

PRIMER GRADO o RÉGIMEN CERRADO: Se asigna este régimen penitenciario únicamente en los casos de peligrosidad extrema o de inadaptación grave y manifiesta al régimen ordinario.

Existen dos modalidades dentro de este régimen de vida:

  • Centros o módulos de régimen cerrado: para penados que muestren una manifiesta inadaptación a los regímenes comunes.
  • Departamentos especiales: para internos protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, en las que se evidencie una peligrosidad extrema.

SEGUNDO GRADO o RÉGIMEN ORDINARIO: Son clasificados en segundo grado los penados en quienes concurren unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia en el interior del Centro Penitenciario, pero que a criterio de la Junta de Tratamiento Penitenciario no se encuentran capacitados para desarrollar su vida en libertad o semilibertad.

TERCER GRADO: El tercer grado se aplica a los internos, por sus circunstancias personales y penitenciarias, así como por la naturelaza del delito cometido, se encuentren capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.

La clasificación en tercer grado penitenciario supone la posiblidad de que el reo se incorpore, poco a poco a la vida en libertad, pudiendo abandonar el centro penitenciario de lunes a viernes, desde la mañana hasta última hora de la tarde, pudiendo así optar, por ejemplo, a desarrollar un puesto de trabajo.

Ello supone que el reo únicamente deberá permanecer en el Centro Penitenciario, mientras esté clasificado en tercer grado, por las noches y durante los fines de semana.

Desde el año 2003, es requisito indispensable, para acceder a la clasificación de tercer grado penitenciario, haber satisfecho las responsabilidades civiles nacidas del delito, esto es, haber abonado las indemnizaciones a las que el reo haya sido condenado con motivo de la comisión del ilícito penal.

La Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario permiten la CLASIFICACIÓN INICIAL EN TERCER GRADO PENITENCIARIO, siempre que las condiciones personales, familiares y sociales del condenado, así como la naturaleza del delito cometido, aconsejen la vida en semilibertad.

Resulta imprescindible poner en conocimiento de nuestros lectores que el grado en el que un interno es clasificado de inicio, debe ser revisado por la Junta de Tratamiento de cada prisión, como máximo cada 6 meses, y en el caso del primer grado, cada 3 meses.

– Por último, nos encontramos con la LIBERTAD CONDICIONAL.

La clasificación penitenciaria en libertad condicional supone que el reo cumplirá su condena en régimen de libertad, siempre y cuando no delinca durante el tiempo que dure la condena. Resultan requisitos de imprescindible cumplimiento para la obtención de la libertad condicional:

  • Encontrarse en tercer grado penitenciario
  • Haber extinguido las tres cuartas partes de la condena (o las dos terceras partes, si además se cumplen los requisitos del art. 91.2).
  • Haber observado buena conducta
  • Pronóstico individualizado y favorable de reinserción social

Animamos, una vez más, a nuestros lectores a escuchar la intervención radiofónica completa, en la que, con un lenguaje sencillo y cercano, todos aprenderemos cuáles son los fines de una condena y qué es el tratamiento penitenciario.

 Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los abogados especialistas en esta materia, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:

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¿Quién es quién en la Justicia?

G. Varela Abogados

Nuestro blog cumple UN AÑO en el día de hoy, y para celebrarlo, además de darle un nuevo emplazamiento directamente en nuestra web, emularemos a un conocido juego de mesa, descubriendo “Quién es quién en la Justicia”.

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RADIOEn muchas ocasiones, los usuarios de la Justicia se ven perdidos entre una gran maraña de personajes que pueblan la Administración de Justicia, sin saber bien a quién acudir y cuál es el cometido de cada uno de ellos. Grandes salas en las que decenas de personas se aferran a un ordenador, Salas de Vistas con estrados en los que, vestidos con toga, unos señores o señoras muy serios parecen discutir utilizando términos jurídicos incomprensibles.

 Y en medio de todo ese baile y entramado burocrático, el usuario, que naufraga aferrándose a una tabla en forma de abogado, quien en no pocas ocasiones es incapaz de transmitir a su cliente qué hace (o no hace) cada persona y cuál es el comportamiento adecuado en cada momento.

 Por ello, y para que todos nuestros lectores conozcan el “hormiguero” de la Administración de Justicia, pasaremos a explicar “quién es quién”:

 1.- Jueces y Magistrados: Regulados en los artículos 298 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces y Magistrados son los encargados de realizar la “función jurisdiccional”. ¿y qué significa “función jurisdiccional”?

 Utilizando un lenguaje coloquial, la función jurisdiccional consiste en IMPARTIR JUSTICIA, es decir, mediante la aplicación de las infinitas normas, resolver conflictos que les han sido planteados, ya sean estos de Derecho privado (civil y laboral) o de Derecho público (penal y contencioso administrativo).

 Cada Juez y Magistrado son INDEPENDIENTES en el ejercicio de sus funciones, sin más límites en sus decisiones que los marcados por el ordenamiento jurídico. Eso significa que, en la organización de su trabajo y el dictado de sus resoluciones, ningún Juez puede recibir órdenes de un “superior”, ya que funcionalmente esa superioridad es inexistente. “Un Juez, un Reino”.

 Funcionalmente, un Juez puede ser “de Instrucción”, estando encargado de la práctica de diligencias tendentes a la averiguación de determinados hechos, o ser un Juez “de juicios”, encargado de dictar Sentencias, tras la celebración de una vista o Juicio.

 2.- Secretarios Judiciales: La figura del Secretario Judicial es una de las grandes desconocidas por parte de los legos en Derecho y se regula en los artículos 435 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 Sus funciones más destacables, que se han ido ampliado a lo largo del tiempo con el fin de descargar de trabajo a los Jueces y Magistrados, son:

 – Fe pública procesal: En la práctica la fe pública procesal se traduce en el control del acta videográfica de las vistas y declaraciones. Hasta hace no poco tiempo, dichas actas eran recogidas en papel. No obstante, con la entrada de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia ha facilitado mucho la tarea de recoger de manera fiel todo lo que se dice en una Sala de Vistas. Asimismo, la fé pública procesal permite que el Secretario Judicial levante acta en una entrada y registro, en un lanzamiento por desahucio o en muchas otras ocasiones. Haciendo un paralelismo, podríamos decir que el Secretario Judicial actúa como un Notario en cuantos actos procesales es requerido para ello.

 – Organización del proceso: toda actuación procesal, a no ser que se encuentre declarada como secreta, ha de ser notificada a las partes. Así, el señalamiento de un Juicio, la citación de un testigo, la designación de un perito o una gran infinidad de comunicaciones de carácter procesal, han de ser dictadas por el Secretario Judicial.

 En este sentido, el Secretario Judicial actúa como un “jefe de Administración” de cada Juzgado.

 – Control de la cuenta de consignaciones del Juzgado: Cuando hay ejecuciones dinerarias (embargos en cuenta, de nómina, etc), el dinero ejecutado pasa a una cuenta bancaria de la que es titular el Juzgado. A los efectos de entregar ese dinero al acreedor del mismo, el Secretario Judicial será el encargado de emitir un documento conocido como “mandamiento de devolución” que, a modo de cheque, podrá ser canjeado por dinero en un Banco.

 3.- Ministerio Fiscal: Previsto como uno de los órganos con relevancia constitucional, la figura del Ministerio Fiscal se encuentra regulada en el artículo 124 de la Constitución Española, según el cual “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

 ¿y en qué se traduce todo eso?

 En la práctica, el Ministerio Fiscal se encarga de las siguientes funciones:

 – En la Jurisdicción Penal para mayores de edad, y hasta que sea modificada la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, se encarga, en la mayoría de las ocasiones, de la acusación en delitos públicos, con independencia de que exista o no acusación particular.

 – En la Jurisdicción Penal para menores de edad, el Ministerio Fiscal es el encargado de la instrucción de los expedientes de reforma, actuando a modo de Juez de Instrucción.

 – En la Jurisdicción Civil, el Ministerio Fiscal es el encargado de velar por los intereses de los menores o incapaces.

 Por ejemplo, en un divorcio con hijos menores, el Ministerio Fiscal solicitará las medidas (pensión de alimentos, visitas, guarda y custodia, etc) que considere más beneficiosas para el desarrollo del menor.

 Asimismo, en procedimientos en los que se solicita la incapacitación de una persona, el Ministerio Fiscal velará por el cumplimiento de todos los requisitos así como por la comprobación de que la persona cuya incapacitación se pretende se encuentre realmente afectada en un grado tal que no pueda regir sus bienes y su persona.

 3.- Procurador de los Tribunales: Figura prevista en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que encuentra sus inicios en la Edad Media, cuando los Procuradores eran los encargados de llevar a caballo las notificaciones desde los Tribunales a las distintas ciudades en las que vivían los que ejercían la defensa.

En la práctica, el Procurador es la persona encargada de la REPRESENTACIÓN PROCESAL de la persona que se ve en la obligación a iniciar un procedimiento de naturaleza judicial o que ha sido llamada a él a través de denuncia, querella o demanda.

 ¿y qué conlleva esa representación procesal? La presentación de escritos en nombre del cliente, la notificación de resoluciones y escritos presentados de contrario, la entrega y cobranza de mandamientos de devolución, la realización de gestiones de todo tipo ante los Juzgados y Tribunales, la asistencia obligatoria a diligencias de lanzamiento por desahucio, la notificación a contrarios de todo tipo de escritos, etc.

 Podemos decir que el Procurador es el encargado de realizar todo tipo de tareas de carácter administrativo, mediando entre su cliente y los órganos de la Administración de Justicia.

 Para que un Procurador pueda llevar a cabo su tarea es preciso que el cliente otorgue lo que se conoce como “Poder General para Pleitos”, ya sea ante notario o “apud acta”, es decir, ante el Secretario Judicial.

 5.- Perito: Regulado en los artículos 335 y siguientes, el perito es aquella persona que posee especiales conocimientos de una materia y de la que se sirven el resto de operadores de la Justicia para comprender unos determinados hechos.

 Evidentemente, ni un Juez, ni un Fiscal, ni un abogado tienen conocimientos universales sobre todo tipo de materias. Sin embargo, como consecuencia de las controversias que se suscitan, pudiendo versar éstas sobre cualquier cosa (desde defectos constructivos, pasando por humedades, hasta artificios financieros de todo tipo), los Jueces y las partes tienen que acudir a la figura del perito, quien, al ser llamado, realizará un informe sobre aquellos aspectos para los que sea requerido, y comparecerá en Juicio a los efectos de explicar el contenido de ese informe y ser preguntado de cuantos aspectos no queden claros.

 6.- Testigo: Los artículos 360 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 410 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevén la figura del testigo, que es aquella persona que tenga noticia DIRECTA de los hechos controvertidos y cuya declaración pueda aportar luz para la resolución del procedimiento.

 Toda persona llamada como testigo a un procedimiento judicial está obligada a acudir, pudiendo ser conducido por Fuerza Pública en caso de incomparecencia.

 A modo de anécdota podemos señalar que solo el Rey, la Reina y el Príncipe Heredero tienen dispensa legal para poder acudir como testigos a un procedimiento, pudiendo testificar por escrito el resto de miembros de la Familia Real, así como el Presidente del Gobierno, los Presidentes del Congreso de los Diputados y el Senado, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Presidente del Tribunal Supremo y los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

 Asimismo, podrán declarar desde sus despachos los Diputados y Senadores, así como otros cargos públicos.

 Resulta imprescindible poner de manifiesto que todos los testigos en la Jurisdicción Civil, tengan éstos la relación que tengan con las partes, están OBLIGADOS A DECIR VERDAD, so pena de ser imputado por la comisión de un delito de falso testimonio.

 Asimismo, en la Jurisdicción Penal, están dispensados de declarar los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos.

 7.- Abogado: El abogado, previsto en el artículo 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es aquella persona encargada del asesoramiento jurídico cualificado, así como la defensa técnica de la parte que comparezca a un procedimiento judicial, pudiendo hacerlo igualmente en procedimientos de naturaleza administrativa.

 Etimológicamente, el término “abogado” proviene del latín “advocatus”, cuyo significado es “llamado al auxilio”.

 El abogado, por su forma de ser llamado al procedimiento, puede ser de naturaleza particular, contratado directamente por el cliente, o de oficio, designado por organismo público para la defensa de los intereses de su cliente.

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Delitos contra la propiedad (parte I): HURTO y ROBO

¿por qué el Ordenamiento Jurídico español protege la PROPIEDAD PRIVADA? Y dando un “paso atrás” ¿QUÉ ES LA PROPIEDAD?

Como cada semana, G. Varela Abogados acude a los estudios de la radio, para hacer el mundo del Derecho accesible al ciudadano.

 Según el Diccionario de la Lengua Española, existen diversas acepciones para el término “PROPIEDAD”. Desde la “propiedad horizontal”, típica de las Comunidades de Propietarios, pasando por la “nuda propiedad, que es aquélla en la que se carece del uso y disfrute del bien (por ejemplo un piso heredado en el que vive la viuda), hasta el concepto “genérico” del término propiedad. El propio Diccionario de la Lengua Española define la palabra “PROPIEDAD” como el “Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales.”

Vemos, por tanto, que existen tres características principales que definen la propiedad tal y como la conocemos en España o, si se quiere, en los sistemas de derecho occidentales.

 Evidentemente, en Cuba, Corea del Norte o China, el concepto que se pueda tener de la palabra propiedad difiere sensiblemente de lo que aquí sentimos, pensamos y percibimos al leerla o escucharla.

Como decíamos, tres son las notas definitorias:

1.- En primer lugar, que se trata de un DERECHO O FACULTAD. Sabido es que todo derecho comporta obligaciones y / o prohibiciones para un tercero. Por ejemplo, en el caso del derecho a la vida, comporta la prohibición a terceros de cercenarlo a través del homicidio o el asesinato; en el caso del derecho a la libertad, supone la proscripción de la detención ilegal o el secuestro; en el caso del derecho a la intimidad, conlleva la inviolabilidad del domicilio o la prohibición para intervenir comunicaciones. Y así todos y cada uno de los derechos que nos hemos dado los ciudadanos a través del ordenamiento jurídico vigente.

Veremos a continuación cómo la Ley protege el Derecho a la propiedad.

2.- Como segunda nota definitoria, nos encontramos con que dicho derecho se articula como POSESIÓN O DISPOSICIÓN DE ALGO, ya sea para usarlo, para enajenarlo, para arrendarlo o simplemente para poseerlo, sin que dicha posesión o disposición pueda ser, como veíamos anteriormente, violentada por terceros.

3.- Finalmente, vemos cómo aparece la nota de la LIMITACIÓN LEGAL o la “función social del derecho de propiedad”.

Para poder entender esta limitación, habremos de acudir al contenido del artículo 33 de la Constitución Española, enclavado dentro de “los derechos y deberes de los ciudadanos”.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

¿y cómo se traduce la causa justificada de utilidad pública o interés social? A través de la EXPROPIACIÓN.

Fuera de esos límites legales al derecho de propiedad, cualquier atentado contra el mismo se convierte en ilícito.

Y, como siempre, habremos de acudir al contenido de los diversos artículos existentes en el CÓDIGO PENAL para conocer qué comportamientos son los que el texto legal prevé como penalmente reprochables, así como cuáles son las penas previstas:

Pasemos a ello:

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– HURTO.- El artículo 234 del Código Penal define hurto como tomar cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño”.

Para la consideración de tal comportamiento como delito y no como falta será necesario que la cosa mueble tomada supere un valor de tasación de 401 euros. De lo contrario, hablaríamos de falta de hurto (pequeños hurtos en comercios), prevista en el artículo 623 del Código Penal.

El castigo previsto para el DELITO DE HURTO es la pena de prisión de seis a dieciocho meses.

Asimismo, el propio artículo 234 del Código Penal prevé los casos de REITERACIÓN DELICTIVA. Así, la comisión de tres o más faltas en el plazo de un año será considerada igualmente como delito. Con ello, el legislador pretende evitar la impunidad de los profesionales del hurto.

Existe una MODALIDAD AGRAVADA del delito de hurto, configurada por distintos supuestos, por medio de la cual la pena de prisión puede llegar hasta los tres años, lo que supondría, aún sin antecedentes penales, la entrada en un centro penitenciario para cumplimiento. Estos supuestos son:

– La sustracción de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

– La sustracción de cosas de primera necesidad, siempre que provoque desabastecimiento.

– Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o el hurto se haya cometido abusando de las circunstancias personales de la víctima (ciegos, discapacitados, etc).

– Cuando se utilice a menores de catorce años para la perpetración del delito.

Por último, existe una modalidad un tanto extraña o atenuada, cuya pena es la de multa de 3 a 12 meses, que se da cuando el propietario de una cosa mueble sustrae la misma a quien la tiene legítimamente en su poder.

– ROBO.- El Código Penal, en su artículo 237, prevé dos modalidades para el delito de robo (sea cual sea la cuantía de lo tomado). Nos dice:

Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas.

1.- En un primer lugar, el artículo 238, determina que cometen el DELITO DE ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS y serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años, los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

– Escalamiento.

– Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.

– Fractura de armarios u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, forzamiento de cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido.

– El uso de llaves falsas.

– La inutilización de sistemas específicos de alarma.

A modo de curiosidad, el Código Penal determina que son llaves falsas, tanto las ganzúas o instrumentos análogos, como las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas de modo ilegítimo.

2.- En segundo lugar, el texto legal afronta la comisión del ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN, modalidad agravada respecto de la anterior, con una pena prevista de dos a cinco años de prisión.

Aun sin existir violencia o intimidación, el Código Penal establece que la misma pena de prisión se impondrá en supuestos de robo en casa habitada o en edificios o locales abiertos al público, incluso aunque la vivienda se encuentre vacía en ese momento.

Vemos, en este caso, cómo el derecho a la propiedad se encuentra especialmente reforzado por el derecho a la intimidad.

Asimismo, el Código Penal, atendiendo a la gravedad del comportamiento delictivo, ordena castigar, además del robo, los actos de violencia física y su resultado (falta o delito de lesiones).

Por último, el texto legal ordena imponer las penas en su mitad superior, esto es, desde tres años y seis meses hasta cinco años, para el supuesto de que para la comisión del robo o la huida se utilicen armas, aunque sea para intimidad.

A modo de curiosidad, la Jurisprudencia ha llegado a entender el propio cuerpo humano como arma, en el caso de especialistas en artes marciales o de otros deportes de lucha o contacto.

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