Hasta que el Juzgado nos separe (intervención radiofónica)

G. Varela Abogados

“mi mujer y yo no nos aguantamos y queremos separarnos”, “mi marido no me paga la pensión de alimentos que tenemos acordada para nuestros hijos”, “después del fin de semana, me trae a los niños tarde y sin cenar…”

Estas y muchas otras frases escuchamos cada día en el Despacho.

Para ponerle solución a estos y muchos otros problemas, G. Varela Abogados, ha vuelto a acudir, como cada semana programa radiofónico El Mañanero, de Radio Libertad.

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Si tuviéramos que organizar un podium virtual de las dudas y temas que nuestros clientes y lectores tratan de resolver acudiendo a G. Varela Abogados, sin duda alguna la medalla de oro sería para las cuestiones relacionadas con las separaciones y divorcios.

Partamos de la base de que el matrimonio, tanto en su nacimiento, como en su discurrir, forma de terminación y “el más allá” se constituye como un complejo intrincado de relaciones, tanto de naturaleza puramente civil como de naturaleza económica, sin olvidar su especial significación, ya que es el único negocio jurídico que trae como causa una relación de carácter afectivo, físico y emocional.

Dejando a un lado las distintas formas de matrimonio, así como las obligaciones y deberes que cada uno de los cónyuges debe observar durante su vigencia, nos centraremos en tratar de resolver cómo puede ponerse punto y final a un matrimonio de la manera menos traumática posible o, de no conseguirse, que nuestros lectores tengan claros cuáles son los puntos de interés sobre los que deberán incidir en la defensa de sus intereses.

Previamente al desarrollo de tales planteamientos, resulta interesante poder realizar un breve análisis acerca de la evolución de las figuras de la separación y el divorcio.

El legislador español, como integrante de un Estado ligado a la tradición Cristiana, ha considerado la relación matrimonial en relación con su regulación normativa, como un negocio jurídico de naturaleza “indefinida“, haciendo bueno el mandato de la Iglesia que reza “hasta que la muerte os separe”.

Sin embargo, la entrada en democracia a finales de los años setenta del Siglo XX, el nacimiento de una moderna Constitución, así como la importante influencia que ha supuesto la entrada en las Instituciones Europeas y la “globalización de pensamientos”, provocó, en el año 1981, la promulgación de una serie de normas “innovadoras” que facilitaban, en cierta medida, el acceso a la suspensión o resolución del vínculo matrimonial. Dichas normas tuvieron reflejo en su incorporación al Código Civil.

Si bien hasta el año 2005 dicha suspensión o resolución revestía el carácter de causal formalmente, en la práctica resultaba posible separarse o divorciarse por mera desafección afectiva.

Para ello, era preciso esperar un plazo mínimo de un año desde la celebración del matrimonio para poder separarse, así como otro año desde la separación para poder conseguir el divorcio.

Una vez comenzado el Siglo XXI, y con la entrada al poder de un nuevo Gobierno de tintes socialdemócratas, se dio un nuevo giro de tuerca a la naturaleza civil del matrimonio, bastando un plazo de tres meses desde la celebración del mismo para poder separarse o divorciarse. Además de lo anterior, la separación o el divorcio dejaron de tener un origen causal para pasar a depender simplemente de la voluntad de los cónyuges, sin necesidad de argumentos adicionales.

La SEPARACIÓN, regulada en los artículos 81 a 84 del Código Civil, supone en la práctica, la cesación en la obligación de convivencia entre los cónyuges, así como la cesación en la obligación de vincular bienes del otro cónyuge en la potestad doméstica. En pocas palabras, aquél que se separa judicialmente consigue la SUSPENSIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL.

Por su parte, el DIVORCIO, regulado en los artículos 85 y siguientes del Código Civil, supone la DISOLUCIÓN DEFINITIVA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL.

Por último, la figura menos utilizada en nuestro derecho procesal civil para resolver el contrato matrimonial es la NULIDAD MATRIMONIAL, con una serie de requisitos específicos, pero con similares consecuencias al divorcio desde el punto de vista práctico.

Como cualquier vía de resolución de conflictos, existen dos maneras de resolver la crisis de un matrimonio que ha llegado a su fin.

Como premisa inicial, debemos poner de manifiesto la prácticamente ABSOLUTA DISPONIBILIDAD de los cónyuges sobre el procedimiento, siempre que se observen, tal y como refleja el Código Civil, una serie de medidas obligatorias que posteriormente analizaremos.

– En primer lugar, DE MUTUO ACUERDO, por medio de un Convenio Regulador de separación o divorcio.

La separación o el divorcio de mutuo acuerdo tiene lugar cuando entre ambos cónyuges, con la anuencia del Ministerio Fiscal en caso de haber hijos menores en el matrimonio, se dan los acuerdos necesarios en orden a regular las medidas aplicables tras la disolución del vínculo matrimonial, y a las cuales haremos referencia con posterioridad.

Desde G. Varela Abogados somos firmes defensores de la resolución de conflictos de la manera más pacífica y rápida posible, inclinándonos, si las circunstancias lo permiten, por aconsejar a nuestros clientes por esta forma de separación o divorcio.

La experiencia de largos años en el Despacho nos dice que resulta complicado evitar el nacimiento de conflictos una vez disuelto el vínculo matrimonial. No obstante, dichos conflictos resultan siempre de menor entidad y son menos numerosos si existió acuerdo respecto de las medidas a llevar a cabo.

Asimismo, la firma de un Convenio Regulador de separación o divorcio acorta sensiblemente los plazos de ratificación y Sentencia, pudiendo conseguirse, desde la presentación de la DEMANDA CONJUNTA, en función de la carga de trabajo del Juzgado competente, en poco más de un mes.

– La segunda de las vías por las que un matrimonio en crisis puede llegar a su fin por separación o divorcio, más larga, costosa y dolorosa es la VÍA CONTENCIOSA.

Tal procedimiento, que persigue los mismos fines que el anterior, resulta inevitable cuando entre ambos cónyuges se pretenden medidas distintas a aplicar una vez resuelto el contrato matrimonial, por lo que tendrá que ser un Juez, tras el pertinente Juicio, el encargado de resolver las controversias que pudieran suscitarse, por medio de Sentencia.

No obstante, incluso tras haber iniciado un procedimiento contencioso de separación o divorcio resulta posible reconducirlo a la vía del mutuo acuerdo, con las mismas medidas solicitadas en la demanda o con cualesquiera otras consensuadas por los cónyuges.

Cualquiera que sea la vía por la que opten los cónyuges, el artículo 90 y siguientes del código civil establece cuáles serán las MEDIDAS COMUNES A LA SEPARACIÓN, NULIDAD Y DIVORCIO, siendo éstas las siguientes:

1.- Cesación del deber de convivencia y deber recíproco de alimentos.- Como indicábamos anteriormente, una vez que los cónyuges se separan o se divorcian, cesa la efectiva obligación de convivencia, así como la de prestarse alimentos y cuidado de manera recíproca.

2.- Revocación de poderes entre ambos cónyuges.

3.- PATRIA POTESTAD de los hijos menores (si los hubiera).- La patria potestad sobre los hijos menores viene formada por todas aquellas facultades, condiciones y circunstancias que tienen la consideración de SUSTANCIALES para el desarrollo de la personalidad del menor.

A modo ilustrativo, podríamos señalar las siguientes: religión, colegio, tratamientos e intervenciones médicos y quirúrgicos de naturaleza no urgente, actividades extraescolares, etc.

En condiciones normales, la patria potestad será COMPARTIDA entre ambos padres, los cuales deberán acordar todo lo relativo a los aspectos más importantes relacionados con el desarrollo de la personalidad de sus hijos. En caso de desavenencia, tendrá que ser un Juez, nuevamente, el que resuelva el conflicto.

4.- GUARDIA Y CUSTODIA.- Tal y como señalábamos anteriormente, la patria potestad es el nudo gordiano respecto de las decisiones que atañen al desarrollo de un hijo menor.

Por su parte, la guardia y custodia lo conforma todo lo relacionado con el cuidado y atención diarios, así como la CONVIVENCIA DIARIA CON EL MENOR.

Tradicionalmente, la guardia y custodia ha sido concedida a la madre, por cuanto era ésta la que se encargaba del cuidado de los menores.

La paulatina incorporación de la mujer al mercado laboral, así como las distintas políticas de igualdad en cuando al cuidado de los hijos han supuesto, durante los últimos años, la aparición de lo que se ha venido a conocer como la CUSTODIA COMPARTIDA.

Dicho régimen de guardia y custodia supone el reparto por igual medida en cuanto a la convivencia con los hijos menores lo que, de cara a su desarrollo, podría suponer un innegable beneficio.

Sin embargo, los Juzgados y Tribunales, en la práctica, conceden únicamente la custodia compartida si se dan unas circunstancias de especial significación como son que ambos padres residan en torno al círculo social de los menores (colegio, amigos, familia, etc) o que exista ACUERDO respecto de turnos de convivencia entre padre y madre (o padre y padre, o madre y madre) en el domicilio familiar.

A este respecto, la experiencia en G. Varela Abogados nos indica que resulta IMPRESCINDIBLE un buen ambiente entre los padres de los menores para que dicha medida resulte satisfactoria para los hijos. De lo contrario y por razones evidentes, está condenada al fracaso.

5.- USO Y DISFRUTE DE LA VIVIENDA FAMILIAR.- Muchas son las leyendas que existen en relación con este punto, quizá uno de los más problemáticos de cuantos hemos tratado hasta el momento, en un contexto de crisis económica durante el cual las viviendas gravadas con préstamo hipotecario se encuentran a la orden del día.

En caso de separación, nulidad o divorcio, SIEMPRE ha de primar el INTERÉS MÁS NECESITADO DE PROTECCIÓN. Dicho interés, configurado a lo largo de los años por la Jurisprudencia, señala que, en el caso de existir hijos menores en el matrimonio, serán éstos los que detenten el derecho de uso y disfrute de la vivienda familiar, en compañía del progenitor que ostente su guardia y custodia, CON INDEPENDENCIA DE LA TITULARIDAD DE LA VIVIENDA.

Así, se puede dar la circunstancia (y de hecho, se da) de que uno de los progenitores, cuya relación con la entidad bancaria que le concedió el préstamo hipotecario para comprar la vivienda, se vea en la obligación de seguir abonando las cuotas del mismo, sin que por Sentencia judicial tenga reconocido el derecho a residir en dicho lugar.

Queremos hacer hincapié, en que lo que la Sentencia de separación, nulidad o divorcio viene a determinar es el DERECHO DE USO Y DISFRUTE, pero nunca el derecho de propiedad.

En el supuesto de que no existieran hijos menores el Juez atenderá, como señalamos al interés más necesitado de protección, debiendo estar a cada caso y circunstancias concurrentes.

6.- RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN, ESTANCIA Y VISITAS.- En un mundo ideal, el divorcio o separación de un matrimonio no debería afectar a los hijos menores que existan en el mismo.

Sin embargo, la experiencia en G. Varela Abogados nos dice todo lo contrario. En muchas ocasiones los menores son utilizados como arma arrojadiza o moneda de cambio en momentos de tensión.

Para evitar situaciones desagradables, o intentar minimizarlas en la medida de lo posible, es imprescindible que tanto en el Convenio Regulador como en la propia Sentencia se encuentre perfectamente regulado el régimen de comunicación, estancia y visita, lo que se traduce en el derecho de los menores, que es el que siempre ha de prevalecer, en mantener comunicación o pasar tiempo en compañía del progenitor no custodio.

Como cualquier otro aspecto reflejado en el Convenio Regulador o en la Sentencia, en caso de mutuo acuerdo esta medida se muesta como flexible, pudiendo, con la observancia de unos mínimos, variar sustancialmente de un acuerdo a otro.

Asimismo, en la práctica resulta posible, siempre en interés del desarrollo del menor, ampliar estas comunicaciones y estancias o modificar los plazos, cuando existe buen ambiente entre los padres o se es consciente de que el niño o adolescente es un ser humano independiente y no un objeto de conflicto.

Así, el Convenio Regulador o la Sentencia se configuran como referentes en momentos de desavenencias o desacuerdos, sirviendo como base para que éstos sean evitados.

Dos son los “bloques” básicos a los cuales hay que atender en el momento de configurar esta medida:

– En primer lugar los PERÍODOS ORDINARIOS DE COMUNICACIÓN, ESTANCIA Y VISITAS. Nos referimos, principalmente, a la regulación durante el curso escolar. Por ello, la medida deberá observar, como mínimo, los siguientes puntos:  los días y horarios de las comunicaciones intersemanales (por ejemplo, llamadas telefónicas), como las visitas y estancias que el progenitor no custodio durante la semana escolar. En función de la edad del menor dichas comunicaciones y estancias podrán tener una frecuencia y duración u otra.

Igualmente, deberá reflejar las estancias en fin de semana, las cuales suelen extenderse en fines de semana alternos desde los viernes a la salida del colegio hasta los domingos por la tarde. Generalmente, si existen días de fiesta escolar aledaños al fin de semana, éstos suelen añadirse al período de estancia con el progenitor no custodio.

Podemos incluir de la misma manera en este gran bloque de medidas, las estancias con el progenitor no custodio, en función de quién sea éste, el Día de la Madre, el Día del Padre, el cumpleaños del menor o cualquier otra fecha de especial significación para la familia.

Desde G. Varela Abogados insistimos en la necesidad de normalizar las recogidas y entregas de los menores, puesto que se trata de momentos de tensión entre los ex cónyuges que aquéllos somatizan sensiblemente. Para el supuesto de que seamos conscientes de que las situaciones de conflicto son insostenibles, aconsejamos que los intercambios se realicen a través de familiares o, en última instancia, se acuda a los puntos de encuentro familiares, donde el contacto entre los padres podrá ser nulo si así se desea.

– En segundo lugar, debemos reflejar los PERÍODOS EXTRAORDINARIOS DE COMUNICACIÓN, ESTANCIA Y VISITAS. Durante dichos períodos, el régimen ordinario queda en SUSPENSO, por cuanto los plazos extraordinarios suelen coincidir con las VACACIONES ESCOLARES DE LOS MENORES. Así, en todo Convenio Regulador o Sentencia deberá ponerse de manifiesto cuál será el período que el menor pasará con cada uno de sus progenitores durante las vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa. Como norma general, dichos periodos vacacionales suelen repartirse por mitad o, en el caso de la Semana Santa, por períodos enteros en años alternos.

Respecto de este tipo de visitas surgen, en la práctica, infinidad de conflictos, respecto de qué mitad pasará el menor en compañía de cada uno de sus progenitores. Para evitar este tipo de disensiones, que acaban muchas veces en los Tribunales, desde G. Varela Abogados aconsejamos reflejar que uno de los ex cónyuges elija los años pares y otro los años impares con, al menos, dos meses de antelación. Asimismo, aconsejamos igualmente comunicación fluida y constante respecto de fiestas escolares, para que el progenitor no custodio pueda acudir a las celebraciones de su hijo y comparta, de esta manera, los momentos que para el menor son importantes.

7.- PENSIÓN DE ALIMENTOS.- Junto con el punto anterior y con el que posteriormente desarrollaremos,  el deber de prestar pensión de alimentos se configura como el gran caballo de batalla de las crisis matrimoniales.

El Código Civil y la Jurisprudencia determinan la obligación del PROGENITOR NO CUSTODIO de contribuir al mantenimiento económico del desarrollo de sus HIJOS MENORES O MAYORES DE EDAD ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES.

Tal contribución viene determinada en relación con dos grandes premisas:

– En primer lugar, las NECESIDADES DEL ALIMENTISTA. Es decir, cuáles son las necesidades que tiene el menor o mayor de edad económicamente dependiente para su día a día. En este caso, habrá que atender al nivel de vida de la familia antes de la separación o divorcio, así como a las especiales necesidades que pudiera tener el beneficiario de los alimentos por razón de su salud u otras circunstancias.

A lo largo de la vida de un menor, sobre todo si el momento de la separación o divorcio se produce en edad temprana, dichas necesidades se van modulando en función de su desarrollo, por lo que será necesario acudir en ocasiones a un procedimento judicial de modificación de medidas.

– Y, en segundo lugar, la CAPACIDAD ECONÓMICA DEL OBLIGADO AL PAGO. Al igual que en el apartado anterior, éste resulta un punto de análisis capital a la hora de determinar cuál será la cantidad que el progenitor no custodio habrá de aportar para coadyuvar al mantenimiento diario de sus hijos.

Por último, debemos diferenciar, tal y como se refleja en las Sentencias y / o Convenios Reguladores entre GASTOS ORDINARIOS, siendo éstos todos aquéllos que se podrán prever en el desarrollo de un menor (alimento, vestido, transporte, etc.) de los GASTOS EXTRAORDINARIOS, siendo éstos todos aquéllos que no se presenten de manera cotidiana o que, por su especial significación, tengan la consideración de urgentes o inesperados (libros, gastos médicos y farmacológicos, viajes extraescolares, etc.)

Desde G. Varela Abogados aconsejamos a nuestros lectores determinar con total exactitud en los Convenios Reguladores o demandas qué partidas serán consideradas gastos ordinarios y cuáles serán tomadas como gastos extraordinarios.  La experiencia nos señala que, en este caso, el refrán “más vale prevenir que curar” adquiere todo su significado.

Por último, y en relación con la pensión de alimentos, debemos señalar que ésta NO queda suspendida durante los períodos extraordinarios de comunicación, estancia y visitas que el menor convive con el progenitor no custodio, por cuanto lo que la jurisprudencia entiende es que se realiza un PRORRATEO de doce meses respecto del total anual.

8.- PENSIÓN COMPENSATORIA.- Como indicábamos anteriormente, además del uso y disfrute de la vivienda familiar y la pensión de alimentos, la aparición de la figura de la pensión compensatoria resulta clave en la clasificación de una separación o divorcio como de mutuo acuerdo o contenciosa.

El nacimiento de la pensión compensatoria como medida de naturaleza civil tras una crisis matrimonial tiene su fundamento en el tradicional papel de la mujer como madre, esposa y ama de casa al que hacíamos alusión al comienzo de esta entrada, siendo que, con el paso del tiempo, va perdiendo importancia en el peso de una separación o divorcio, excepto en matrimonios de avanzada edad o con características especiales.

Y ello es así porque la pensión compensatoria, como su propio nombre indica, se constituye como el pago que uno de los cónyuges se ve en la obligación de abonar al otro, como consecuencia del desequilibrio económico que este último sufre por razón de la separación matrimonial.

Para ello, existen indinidad de factores a tener en cuenta a la hora de que por parte del Juzgado se apoye su instauración, así como se cuantifique. Entre dichos factores, podemos destacar los siguentes: duración del matrimonio, edad de los cónyuges, formación académica, dedicación a la familia, experiencia laboral, desequilibrio en el nivel de ingresos, etc.

De acuerdo con lo anterior, la casuística nos aconseja analizar cada caso a los efectos de determinar su posible aplicación.

Por otro lado, y atendiendo igualmente a las variables a las que hacíamos mención, la pensión compensatoria puede tener consideración de VITALICIA o TEMPORAL, pudiendo variarse a lo largo del tiempo igualmente, tanto su naturaleza, como la cuantía de la misma en función de las circunstancias concurrentes en cada supuesto de hecho.

En todo caso, no bastará la simple concurrencia de las modificaciones de facto, sino que habrá que acudir, nuevamente, a un procedimiento judicial de modificación de medidas.

9.- Por último, cualquier Sentencia o Convenio Regulador de separación o divorcio que se precien, deberán hacer mención de la APORTACIÓN A LAS CARGAS DEL MATRIMONIO.

Éste es el caso, por ejemplo, de las cuotas de comunidad de propietarios, impuestos tasas o arbitrios de cualquier tipo respecto de los bienes de los que resulte titular la unión conyugal (IBI, IVTM, etc).

No debemos olvidar, como punto capital, que el Ministerio Fiscal, siempre que existan hijos menores o incapaces en el matrimonio, deberá dar el visto bueno a los pedimentos de los cónyuges, dado que la defensa del interés de aquéllos le está encomendada por su Estatuto.

Tal y como indicábamos al inicio de esta exposición, la ruptura matrimonial constituye el inicio de una nueva y complicada relación jurídica, que deberá ser asesorada y atendida por profesionales para guiar a los cónyuges en un mundo que posiblemente desconocían.

En todo caso, desde G. Varela Abogados aconsejamos a nuestros lectores a acudir a nuestas instalaciones donde les ofreceremos un completo servicio de asesoramiento mediación. Nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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divorcio

Delitos contra la propiedad (parte I): HURTO y ROBO

¿por qué el Ordenamiento Jurídico español protege la PROPIEDAD PRIVADA? Y dando un “paso atrás” ¿QUÉ ES LA PROPIEDAD?

Como cada semana, G. Varela Abogados acude a los estudios de la radio, para hacer el mundo del Derecho accesible al ciudadano.

 Según el Diccionario de la Lengua Española, existen diversas acepciones para el término “PROPIEDAD”. Desde la “propiedad horizontal”, típica de las Comunidades de Propietarios, pasando por la “nuda propiedad, que es aquélla en la que se carece del uso y disfrute del bien (por ejemplo un piso heredado en el que vive la viuda), hasta el concepto “genérico” del término propiedad. El propio Diccionario de la Lengua Española define la palabra “PROPIEDAD” como el “Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales.”

Vemos, por tanto, que existen tres características principales que definen la propiedad tal y como la conocemos en España o, si se quiere, en los sistemas de derecho occidentales.

 Evidentemente, en Cuba, Corea del Norte o China, el concepto que se pueda tener de la palabra propiedad difiere sensiblemente de lo que aquí sentimos, pensamos y percibimos al leerla o escucharla.

Como decíamos, tres son las notas definitorias:

1.- En primer lugar, que se trata de un DERECHO O FACULTAD. Sabido es que todo derecho comporta obligaciones y / o prohibiciones para un tercero. Por ejemplo, en el caso del derecho a la vida, comporta la prohibición a terceros de cercenarlo a través del homicidio o el asesinato; en el caso del derecho a la libertad, supone la proscripción de la detención ilegal o el secuestro; en el caso del derecho a la intimidad, conlleva la inviolabilidad del domicilio o la prohibición para intervenir comunicaciones. Y así todos y cada uno de los derechos que nos hemos dado los ciudadanos a través del ordenamiento jurídico vigente.

Veremos a continuación cómo la Ley protege el Derecho a la propiedad.

2.- Como segunda nota definitoria, nos encontramos con que dicho derecho se articula como POSESIÓN O DISPOSICIÓN DE ALGO, ya sea para usarlo, para enajenarlo, para arrendarlo o simplemente para poseerlo, sin que dicha posesión o disposición pueda ser, como veíamos anteriormente, violentada por terceros.

3.- Finalmente, vemos cómo aparece la nota de la LIMITACIÓN LEGAL o la “función social del derecho de propiedad”.

Para poder entender esta limitación, habremos de acudir al contenido del artículo 33 de la Constitución Española, enclavado dentro de “los derechos y deberes de los ciudadanos”.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

¿y cómo se traduce la causa justificada de utilidad pública o interés social? A través de la EXPROPIACIÓN.

Fuera de esos límites legales al derecho de propiedad, cualquier atentado contra el mismo se convierte en ilícito.

Y, como siempre, habremos de acudir al contenido de los diversos artículos existentes en el CÓDIGO PENAL para conocer qué comportamientos son los que el texto legal prevé como penalmente reprochables, así como cuáles son las penas previstas:

Pasemos a ello:

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– HURTO.- El artículo 234 del Código Penal define hurto como tomar cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño”.

Para la consideración de tal comportamiento como delito y no como falta será necesario que la cosa mueble tomada supere un valor de tasación de 401 euros. De lo contrario, hablaríamos de falta de hurto (pequeños hurtos en comercios), prevista en el artículo 623 del Código Penal.

El castigo previsto para el DELITO DE HURTO es la pena de prisión de seis a dieciocho meses.

Asimismo, el propio artículo 234 del Código Penal prevé los casos de REITERACIÓN DELICTIVA. Así, la comisión de tres o más faltas en el plazo de un año será considerada igualmente como delito. Con ello, el legislador pretende evitar la impunidad de los profesionales del hurto.

Existe una MODALIDAD AGRAVADA del delito de hurto, configurada por distintos supuestos, por medio de la cual la pena de prisión puede llegar hasta los tres años, lo que supondría, aún sin antecedentes penales, la entrada en un centro penitenciario para cumplimiento. Estos supuestos son:

– La sustracción de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

– La sustracción de cosas de primera necesidad, siempre que provoque desabastecimiento.

– Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o el hurto se haya cometido abusando de las circunstancias personales de la víctima (ciegos, discapacitados, etc).

– Cuando se utilice a menores de catorce años para la perpetración del delito.

Por último, existe una modalidad un tanto extraña o atenuada, cuya pena es la de multa de 3 a 12 meses, que se da cuando el propietario de una cosa mueble sustrae la misma a quien la tiene legítimamente en su poder.

– ROBO.- El Código Penal, en su artículo 237, prevé dos modalidades para el delito de robo (sea cual sea la cuantía de lo tomado). Nos dice:

Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas.

1.- En un primer lugar, el artículo 238, determina que cometen el DELITO DE ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS y serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años, los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

– Escalamiento.

– Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.

– Fractura de armarios u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, forzamiento de cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido.

– El uso de llaves falsas.

– La inutilización de sistemas específicos de alarma.

A modo de curiosidad, el Código Penal determina que son llaves falsas, tanto las ganzúas o instrumentos análogos, como las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas de modo ilegítimo.

2.- En segundo lugar, el texto legal afronta la comisión del ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN, modalidad agravada respecto de la anterior, con una pena prevista de dos a cinco años de prisión.

Aun sin existir violencia o intimidación, el Código Penal establece que la misma pena de prisión se impondrá en supuestos de robo en casa habitada o en edificios o locales abiertos al público, incluso aunque la vivienda se encuentre vacía en ese momento.

Vemos, en este caso, cómo el derecho a la propiedad se encuentra especialmente reforzado por el derecho a la intimidad.

Asimismo, el Código Penal, atendiendo a la gravedad del comportamiento delictivo, ordena castigar, además del robo, los actos de violencia física y su resultado (falta o delito de lesiones).

Por último, el texto legal ordena imponer las penas en su mitad superior, esto es, desde tres años y seis meses hasta cinco años, para el supuesto de que para la comisión del robo o la huida se utilicen armas, aunque sea para intimidad.

A modo de curiosidad, la Jurisprudencia ha llegado a entender el propio cuerpo humano como arma, en el caso de especialistas en artes marciales o de otros deportes de lucha o contacto.

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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robo y hurto

Delitos contra el honor: INJURIAS y CALUMNIAS

Me han insultado por teléfono“, “me he encontrado pintadas en la puerta de mi casa mofándose de mí”, “el periódico de mi pueblo dice que he cometido un delito y es falso”…

Una nueva semana, G. Varela Abogados tiene acceso a los medios.

     En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DELITOS CONTRA EL HONOR: INJURIAS Y CALUMNIAS

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La Constitución Española de 1978 consagra los DERECHOS FUNDAMENTALES de todos los ciudadanos.

De todos ellos, quizá por su intangibilidad, los más complicados de concebir son el DERECHO AL HONOR,  el DERECHO A LA INTMIDAD y el DERECHO A LA PROPIA IMAGEN, reconocidos por el artículo 18.1

1.- Derecho al HONOR:

El derecho al honor protege la valoración que de la persona en cuestión se tenga en su ámbito personal o social. El concepto de derecho al honor se relaciona con la reputación y fama de una persona, su prestigio profesional o su dignidad personal.

Pueden ser titulares del derecho al honor las personas físicas y las personas jurídicas.

Como señalábamos, aunque “intangible”, el Derecho al Honor se configura en la Constitución Española como uno de los Derechos Fundamentales, con especial protección por parte de la legislación y los Poderes Públicos.

2.- Derecho a la INTIMIDAD:

 El derecho a la intimidad personal y familiar permite al sujeto mantener fuera de la acción y conocimiento de terceros su ámbito personal y familiar. Nos encontramos ante una esfera de lo más íntimo y personal del sujeto que éste tiene derecho a reservarse para sí mismo.

Solo las personas físicas son titulares del derecho a la intimidad.

La representación más importante del derecho a la intimidad es la inviolabilidad del domicilio, recogida igualmente en el artículo 18 de la Constitución Española de 1978.

3.- Derecho a la PROPIA IMAGEN:

El derecho a la propia imagen atribuye al individuo la capacidad de decidir libremente sobre la captación, reproducción o difusión de su imagen entendida como representación gráfica de la figura humana. Este derecho faculta a las personas a difundir o publicar su propia imagen y, por ende, su derecho a evitar su reproducción.

Como vemos, la libertad de información, prensa y expresión, también configurados como Delitos Fundamentales en la Constitución Española, se establecen como la “otra cara de la moneda”, al informar y opinar sobre sucesos o características acerca de personas, físicas o jurídicas.

 De los tres derechos anteriores, los delitos de INJURIAS Y CALUMNIAS atentan contra el DERECHO AL HONOR

–       ¿QUÉ ES UNA CALUMNIA?

Según el artículo 205 del Código Penal “es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

Por su parte, el artículo 206 dispone que “las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses.”

Artículo 207.- El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado.

–       ¿QUÉ ES UNA INJURIA?

Por lo que respecta al delito de injurias, el artículo 208 del Código Penal dispone que “es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. En caso contrario, la injuria podría ser considerada como FALTA.

Artículo 209.- Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses.

Artículo 211.- La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante.

Artículo 212.-  En los casos a los que se refiere el artículo anterior, será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria.

En estos casos, y si el agraviado lo solicita, el medio informativo estará obligado a publicar, con la misma publicidad, tamaño y posición, la Sentencia de condena.

ESPECIFICIDADES DE LOS DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA

Artículo 215.1.-  Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.

Si la injuria o la calumnia fueran vertidas en un procedimiento judicial, será OBLIGATORIO recabar el permiso del Juez ante el que se hubieran hecho las manifestaciones, ya se hayan hecho éstas de forma oral o por escrito.

El perdón del ofendido, extingue la acción penal, al tratarse de un delito de los considerados de naturaleza PRIVADA. Para conocer la distinta naturaleza de los delitos, animamos a nuestros lectores a acudir a la entrada del blog “¿y si quiero quitar la denuncia?

Artículo 216.- En los delitos de calumnia o injuria se considera que la reparación del daño comprende también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del condenado por tales delitos, en el tiempo y forma que el Juez o Tribunal consideren más adecuado a tal fin, oídas las dos partes.

Es OBLIGATORIO igualmente, antes de formular querella, haber presentado la preceptiva PAPELETA DE CONCILIACIÓN, para celebración de acto de conciliación, en el que el conciliado, requerido para ello, puede reconocer la falsedad de sus manifestaciones, aunque la experiencia en G. Varela Abogados nos indica que ello rara vez ocurre.

Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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injurias y calumnias

Garantías y derechos en la COMPRAVENTA

G. Varela Abogados acude nuevamente a su cita semanal con la radio.

     En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DERECHOS Y GARANTÍAS EN LA COMPRAVENTA.

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RADIO

Los artículos 1445 y siguientes del Código Civil regulan la naturaleza jurídica, obligaciones, derechos y garantías de comprador y vendedor, así como los efectos de una compraventa.

La compraventa encuentra acomodo legal con un regulación MUY PROFUSA, con casi cien artículos del Código Civil, que prevén multitud de situaciones.

Sin embargo, la aparición de nuevas formas de compraventa (a distancia, por internet, a grandes corporaciones, etc), ha supuesto la promulgación de nuevas Leyes que buscan la defensa de los derechos e intereses de consumidores y usuarios, frente a la posición de fuerza que puedan ejercer los establecimientos dedicados a la compraventa de bienes y servicios.

 El artículo 1461 del Código Civil establece la OBLIGACIÓN PRINCIPAL DEL VENDEDOR: Entregar la cosa vendida.

 Asimismo, se establece como obligación “accesoria” el SANEAMIENTO DE LA COSA OBJETO DE LA VENTA.

¿y qué comporta la palabra “saneamiento”?

 1.- DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS FRENTE A VENDEDOR PROFESIONAL

“Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.”

 La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios articula, de manera muy pormenorizada, cuáles son las garantías y derechos de las que un comprador particular dispone frente a un vendedor profesional.

La primera de ellas es EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN PRECISA DEL BIEN O SERVICIO QUE SE VA A ADQUIRIR. Tanto el precio, como al naturaleza del objeto a comprar, así como las distintas utilidades del mismo, de forma que al consumidor le sea comprensible.

Una vez adquirido, TRAS EL PAGO y existiendo la posibilidad de que el producto no se encuentre en perfectas condiciones o sufra un deterioro inusual en relación con el fin al que está destinado, los artículos 123 y siguientes determinan el RÉGIMEN DE GARANTÍAS:

Si el objeto adquirido es NUEVO: El vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega.

Si el objeto adquirido es de SEGUNDA MANO: el vendedor y el consumidor y usuario podrán pactar un plazo menor, que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

¿y qué puede hacer el consumidor frente al vendedor profesional en el caso de que el objeto adquirido esté defectuoso o sufra ese deterioro inusual?

Tiene el derecho de solicitar la reparación, la sustitución, la rebaja del precio o la resolución del contrato de compraventa, atendiendo en todo caso a criterios de posibilidad y de proporcionalidad, en relación al precio del producto, al uso para el que haya servido, a la diligencia de cuidado que haya puesto el comprador, etc.

Tienen prioridad la reparación y la sustitución, quedando la rebaja del precio y la resolución del contrato como segunda opción, si aquéllas no hubieran sido posibles.

Dato importante: LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL BIEN DEBEN SER GRATUITAS PARA EL CONSUMIDOR.

¿y qué ocurre si me he comprado un bien, y aunque esté en perfectas condiciones, una vez que llego a casa o me llega a casa por transporte, me doy cuenta de que no le voy a dar el uso que esperaba o que he comprado de manera compulsiva?

“Papa Estado le pone remedio”.

La propia Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en su artículo 68 y siguientes, viene al rescate del comprador compulsivo y establece el DERECHO DE DESISTIMIENTO, según el cual, este comprador arrepentido, tiene la facultad de, en el plazo mínimo de siete días hábiles (pueden ser prorrogables por el comercio), devolver el producto, por supuesto en perfectas condiciones, y que le sea restituido el dinero.

Desafortunadamente, desde G. Varela Abogados somos conscientes del abuso de este derecho por parte de algunos consumidores, actitud que resulta, sin lugar a dudas, digna de reproche social.

 2.- “GARANTÍAS” ENTRE PARTICULARES: CÓDIGO CIVIL.

Comentábamos anteriormente que el Código Civil determina que la obligación principal del vendedor es entregar la cosa vendida y que existe, como hemos visto, una obligación “accesoria” de saneamiento.

En el caso de consumidores y vendedores profesionales (comercios), es la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios la encargada de regular el régimen jurídico de esa obligación de saneamiento.

 Para el caso de particulares, el artículo 1474 del Código Civil establece que “el vendedor responderá al comprador de los vicios o defectos ocultos que la cosa tuviere.

Artículo 1484.- El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.

Artículo 1485 .- El vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, aunque los ignorase.

Artículo 1486.- En los casos de los dos artículos anteriores, el comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos.

PLAZO DE SEIS MESES PARA LA RECLAMACIÓN FEHACIENTE.

 Es preciso ACREDITAR (carga de la prueba), que el vicio o defecto es  PREEXISTENTE A LA FECHA DE LA COMPRAVENTA.

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garantias y derechos de un comprador

“Botellón”: Sanciones y recursos (intervención radiofónica)

G. Varela Abogados acude nuevamente a su cita semanal con la radio.

     En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con el “BOTELLÓN”, INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS

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RADIO

¿por qué me multan si no estaba bebiendo alcohol en la calle?” “Mis amigos estaban bebiendo, pero yo no.” “Las botellas las tiró el grupo que había en el parque antes que nosotros.”

Frases escuchadas en el Despacho en muchas ocasiones y casos ganados.

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El Abogado y el Turno de Oficio

¿qué es un abogado de oficio? ¿tendré que pagar a mi abogado de oficio? ¿tengo garantizada mi defensa en caso de detención?

Todas estas preguntas y muchas más se resuelven en esta entrada del blog.

En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con EL ABOGADO Y EL TURNO DE OFICIO

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RADIO

Desde G. Varela Abogados tratamos de que el derecho de defensa de cualquier detenido o imputado pueda llevarse a cabo, con independencia de su situación económica o social.

Por ello, nos enorgullecemos de formar parte de los abogados adscritos al Turno de Oficio en la Comunidad de Madrid.

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turno de oficio

Delitos contra la Administración Pública: Prevaricación, cohecho, desobediencia…

    Después de una semana de descanso, G. Varela Abogados vuelve a la radio.

  En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PREVARICACIÓN, COHECHO, DESOBEDIENCIA, ABANDONO DE DESTINO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS y muchos otros.

PARA ESCUCHAR LA INTERVENCIÓN, PULSAD AQUÍRADIO

Quizá este tipo de delitos, tal y como afirmamos en la intervención radiofónica, encuentran en el Código Penal un profuso desarrollo, el cual va más allá de su aplicación práctica, ya que, por la experiencia que atesoramos en el Despacho, la mayor parte de los condenados terminan siendo los particulares (en el caso del cohecho o la desobediencia).

Por ello, desde G. Varela Abogados, apostamos por una aplicación efectiva de las normas vigentes, más allá de un “superdesarrollo” que a la postre quede yermo.

  Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho o a través de los siguientes medios:

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Delitos contra la seguridad vial (intervención radiofónica)

Una nueva semana, G. Varela Abogados tiene acceso a los medios.

     En esta ocasión nuestros lectores podrán escuchar la intervención en el programa “Acompañados” de Radio Libertad, del Director Jurídico de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano, respondiendo a preguntas relacionadas, en esta ocasión, con los DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.

PARA ESCUCHAR LA INTERVENCIÓN (11 minutos 50 segundos), PULSAD AQUÍ

Para facilitar la comprensión de la intervención radiofónica, exponemos los artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la seguridad del tráfico.

Artículo 379.

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Artículo 380.

1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior.

Artículo 381.

1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior.

2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior.

rtículo 382.

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

Artículo 383.

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Artículo 384.

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

Artículo 385.

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:

  1. Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.
  2. No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.

Artículo 385 bis.

El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128.

Artículo 385 ter.

En los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho.

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delitos seguridad vial

Nuevas tecnologías y delincuencia (intervención radiofónica)

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DELITO ANONIMATO