El atropello a la Democracia o “la nueva Ley de Tasas Judiciales”.

Desde hace meses, por parte del Ministro de Justicia de turno, Alberto Ruiz Gallardón (nos ahorraremos el Don para mejores ocasiones), se viene poniendo de manifiesto la “necesidad” de modificar el sistema de tasas para el acceso a la Administración de Justicia, sirviéndole como excusa burda y falaz “la mejor financiación de la Justicia gratuita.”

Desde G. Varela Abogados nos posicionamos absolutamente en contra de lo que consideramos el asesinato, con premeditación, de la tutela judicial efectiva, consagrada como Derecho Fundamental en el artículo 24.2 de la Constitución Española de 1978.

Hoy, 21 de noviembre de 2012, se perpetra en el BOE la aniquilación de las clases medias, por medio de la publicación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, aprobada en las Cortes Generales con el único voto favorable del Partido Popular.

Hasta ahora, cuando un ciudadano quería litigar, EJERCIENDO SUS DERECHOS, se veía en la obligación de hacer frente a los honorarios de los profesionales en los que ponía su confianza para la defensa de sus intereses, ya fueran éstos abogado, procurador, perito o cualquier otro que fuera llamado al procedimiento judicial.

Desde mañana, 22 de noviembre de 2012, el Estado ejercerá su “derecho de pernada” de manera total y absolutamente abusiva ya que, el tendero de barrio al que un cliente le debe dinero o, tú, lector, que quieras recurrir una sanción de tráfico de carácter leve  estaréis pagando más al Estado por el simple hecho de recurrir o presentar una demanda, que la cuantía que posteriormente se recupere.

Utilizando el argot de la calle, Gallardón y su jefe Rajoy, están “matando una mosca a cañonazos”. Imaginen, queridos lectores, por un momento, que a un ciudadano que paga sus impuestos le exige la Seguridad Social quinientos euros por un análisis de sangre. Así podrán entender la nueva situación creada.

Resulta imprescindible, en este momento, hacer notar a nuestros lectores que el nacimiento, elaboración y aprobación de la nefasta Ley se ha hecho sin contar con la opinión de los técnicos en Derecho más reconocidos en España, como pueden ser los distintos Colegios de Abogados, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General del Poder Judicial, las Asociaciones de Jueces y Fiscales y tantos otros que día a día traspasamos las puertas de los Juzgados para que nuestros clientes y usuarios vean reconocidos sus derechos.

Es probable que dentro de seis o siete años, si a algún Juez “buen samaritano” le da por presentar una cuestión de constitucionalidad sobre la Ley, el Tribunal Constitucional decida poner fin al atropello a la Democracia que hoy se perpetra. Quizás para millones de españoles sea tarde.

Espero equivocarme, pero en la práctica vaticino el cierre de pequeños Despachos, la gran mayoría en España, sin grandes y podereosos clientes,  ya que aquéllos se verán obligados a asumir parte de las tasas que desde el Gobierno se nos imponen.

Y que no nos engañen, queridos lectores con la falsa bonomía de la necesidad de una mejor financiación de la Justicia gratuita. Siguen existiendo coches oficiales, siguen existiendo prebendas para la casta, sigue existiendo impunidad para el criminal sistema financiero que nos asfixia, incluso a los que no ejercimos el derecho a adquirir una vivienda…

En todo caso, y haciendo uso de nuestra vocación como abogados, seguiremos, hasta que nos dejen, al servicio del ciudadano.

Desde G. Varela Abogados, con Despacho en Madrid y servicio en toda España, nos ponemos a su disposición para atender cualquier consulta relacionada con la temática de la entrada o cualquier otra duda de naturaleza jurídica. Asimismo, les animamos a contactar con nosotros si precisan de asistencia o desean que intervengamos en la defensa de sus intereses.

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José Miguel Serrano Gutiérrez

Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid nº 77.796

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