El tratamiento penitenciario: LOS GRADOS

G. Varela Abogados

“he sido condenado a dos años de prisión y quiero saber cuánto tiempo cumpliré mi condena dentro del Centro Penitenciario”; “me ha llamado mi marido para decirme que le han clasificado en tercer grado penitenciario, ¿qué significa eso?”

Una semana más, G. Varela Abogados visita los estudios de Libertad FM, con la intención de hacer comprensibles las miles de normas aplicables a nuestra vida diaria. Porque todos somos Derecho.

A mediados del mes de septiembre, el Director del Despacho de Madrid de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano Gutiérrez, acudió al programa radiofónico “El Mañanero”, para hablar con periodistas y locutores de “EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO“.

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El artículo 25.2 de la Constitución Española, englobado en el importante capítulo de los Derechos Fundamentales, con sus apenas cuatro frases, supone la piedra filosofal de la legislación penitenciaria en España. El sistema de Derechos y garantías del que nos dotamos todos los españoles en el año 1978 garantiza la consecución de los distintos fines de las penas de prisión, entre las que destacan la reeducación y la reinserción.

Así, dispone que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, y no podrán consistir en trabajos forzados.

El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma, gozará de los Derechos Fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el Fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria.

En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.”

Como vemos, es la REEDUCACIÓN y RESOCIALIZACIÓN DEL PRESO la función principal que ha de perseguir el cumplimiento de una pena de prisión, más allá del elemento retributivo o de castigo, si bien éste también ha de estar presente.

Para ello, cada preso ha de verse sometido, durante el cumplimiento de la pena a un seguimiento individualizado en lo relativo a su evolución personal. Esto es lo que se conoce como TRATAMIENTO PENITENCIARIO.

Para ello, y en orden a que el tratamiento penitenciario sea efectivo,  el preso será CLASIFICADO en primer, segundo o tercer grado, en función de la naturaleza del delito cometido, así como con sus circunstancias personales, familiares y sociales. Nos enfrentamos pues a la CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA.

Sin embargo, la Ley Penitenciaria y el Reglamento Pentienciario disponen que la clasificación no debe ser definitiva e inamovible a lo largo del cumplimiento de la condena, quedando la modificación de grado al albor del comportamiento del reo y su evolución en el interior del Centro Penitenciario.

Tal y como prevén la Ley General Pentienciaria y el Reglamento Penitenciario, normas de aplicación a los efectos de regular la vida en el interior de una prisión, los distintos grados penitenciarios son los siguientes:

PRIMER GRADO o RÉGIMEN CERRADO: Se asigna este régimen penitenciario únicamente en los casos de peligrosidad extrema o de inadaptación grave y manifiesta al régimen ordinario.

Existen dos modalidades dentro de este régimen de vida:

  • Centros o módulos de régimen cerrado: para penados que muestren una manifiesta inadaptación a los regímenes comunes.
  • Departamentos especiales: para internos protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, en las que se evidencie una peligrosidad extrema.

SEGUNDO GRADO o RÉGIMEN ORDINARIO: Son clasificados en segundo grado los penados en quienes concurren unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia en el interior del Centro Penitenciario, pero que a criterio de la Junta de Tratamiento Penitenciario no se encuentran capacitados para desarrollar su vida en libertad o semilibertad.

TERCER GRADO: El tercer grado se aplica a los internos, por sus circunstancias personales y penitenciarias, así como por la naturelaza del delito cometido, se encuentren capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.

La clasificación en tercer grado penitenciario supone la posiblidad de que el reo se incorpore, poco a poco a la vida en libertad, pudiendo abandonar el centro penitenciario de lunes a viernes, desde la mañana hasta última hora de la tarde, pudiendo así optar, por ejemplo, a desarrollar un puesto de trabajo.

Ello supone que el reo únicamente deberá permanecer en el Centro Penitenciario, mientras esté clasificado en tercer grado, por las noches y durante los fines de semana.

Desde el año 2003, es requisito indispensable, para acceder a la clasificación de tercer grado penitenciario, haber satisfecho las responsabilidades civiles nacidas del delito, esto es, haber abonado las indemnizaciones a las que el reo haya sido condenado con motivo de la comisión del ilícito penal.

La Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario permiten la CLASIFICACIÓN INICIAL EN TERCER GRADO PENITENCIARIO, siempre que las condiciones personales, familiares y sociales del condenado, así como la naturaleza del delito cometido, aconsejen la vida en semilibertad.

Resulta imprescindible poner en conocimiento de nuestros lectores que el grado en el que un interno es clasificado de inicio, debe ser revisado por la Junta de Tratamiento de cada prisión, como máximo cada 6 meses, y en el caso del primer grado, cada 3 meses.

– Por último, nos encontramos con la LIBERTAD CONDICIONAL.

La clasificación penitenciaria en libertad condicional supone que el reo cumplirá su condena en régimen de libertad, siempre y cuando no delinca durante el tiempo que dure la condena. Resultan requisitos de imprescindible cumplimiento para la obtención de la libertad condicional:

  • Encontrarse en tercer grado penitenciario
  • Haber extinguido las tres cuartas partes de la condena (o las dos terceras partes, si además se cumplen los requisitos del art. 91.2).
  • Haber observado buena conducta
  • Pronóstico individualizado y favorable de reinserción social

Animamos, una vez más, a nuestros lectores a escuchar la intervención radiofónica completa, en la que, con un lenguaje sencillo y cercano, todos aprenderemos cuáles son los fines de una condena y qué es el tratamiento penitenciario.

 Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los abogados especialistas en esta materia, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:

correo electrónico info@gvarelaabogados.com

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José Miguel Serrano Gutiérrez

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La Incapacitación en los Juzgados de Madrid

G. Varela Abogados

“mi madre está enferma de alzheimer y no sabemos qué hacer los hermanos para evitar que la engañen”; “tengo un hijo con una discapacidad psíquica profunda que acaba de heredar una vivienda de una tía mía, ¿podemos venderla?”

Como cada semana, G. Varela Abogados vuelve a la radio, en la pretensión de hacer llegar el mundo del Derecho a todos los ciudadanos.

En esta ocasión, el Director del Despacho de Madrid de G. Varela Abogados, José Miguel Serrano Gutiérrez, acude al programa radiofónico “El Mañanero”, de Libertad FM para explicar “LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL“. ¿qué es? ¿cómo se consigue? ¿cuáles son sus consecuencias?

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RADIOPara conocer qué es un incapaz y cómo obtener una incapacitación judicial, hemos de conocer la diferencia entre CAPACIDAD JURÍDICA y CAPACIDAD DE OBRAR.

La capacidad jurídica es aquella cualidad de ser sujeto titular de derechos y obligaciones, que se reza respecto de cualquier ser humano nacido del seno materno y con más de veinticuatro horas de vida.

Es decir, cualquier persona, por el mero hecho de haber nacido y haber sobrevidido más de veinticuatro horas desde el nacimiento tiene capacidad jurídica.

Por su parte, la capacidad de obrar es la posiblidad que nos conceden las leyes para poder celebrar negocios jurídicos.

Si bien todos los seres humanos, por el mero hecho de la existencia anteriormente comentada, disponemos de capacidad jurídica, no ocurre lo mismo con la capacidad de obrar.

Únicamente tiene capacidad de obrar toda persona mayor de edad no incapacitada judicialmente.

La incapacitación es el proceso judicial por el que el Ministerio Fiscal o cualquier persona con interés directo y legítimo puede solicitar que por parte de un Juzgado se prive a una persona de su capacidad de obrar, como consecuencia del padecimiento de dolencias de naturaleza física, psicológica o psíquica que supongan la imposibilidad de regir sus bienes y su persona sin la asistencia de otros.

Los letrados de G. Varela Abogados, con Despacho en Madrid, podrán asesorarle si usted tiene algún familiar que deba ser declarado incapaz o pródigo y su patrimonio protegido. Porque el bienestar de sus seres queridos es su tranquilidad.

Tal y como nos indican las normas jurídicas de aplicación, la declaración de incapacitación puede ser total o parcial, en función del grado de afectación del incapaz.

Cuando la incapacitación es total, resulta necesario el nombramiento de un tutor para que administre y vele sobre la persona y el patrimonio del declarado incapaz, debiendo rendir cuentas ante el Juzgado al menos una vez al año mientras viva el tutelado.

En el supuesto de que el grado de afectación de la dolencia no sea extremo y exista la posibilidad de declarar la incapacidad como parcial, esto es, cuando el declarado incapaz pueda gobernarse por sí mismo, excepto para determinados negocios jurídicos, el Juzgado nombrará un curador, el cual deberá cuidar en igual medida para que en los actos de disposición patrimonial del incapaz se respeten y se observen todos los imperativos legales.

¿y cómo puede llegar una persona a ser declarada incapaz? Cobra especial importancia, en estos casos, el informe realizado por el equipo psicosocial y el médico forense adscritos al Juzgado. Estos profesionales, que adquieren el carácter de peritos en los procedimientos judiciales de incapacitación, se han de valer principalmente de toda la documentación médica y técnica aportada al procedimiento por el demandante, así como a través de la entrevista directa con el presunto incapaz.

No obstante, dicho informe no vincula al cien por cien al Juez, quien tomará declaración a demandante, testigos y presunto incapaz, a los efectos de valorar la pertinencia y / o necesidad de la declaración judicial de incapacidad y nombramiento de tutor o curador.

Animamos a nuestros lectores a escuchar la intervención radiofónica completa, en la que, con un lenguaje sencillo y cercano, todos aprenderemos qué es la incapacitación judicial y por qué se aplica.

 Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los abogados especialistas en esta materia, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:

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